El Salvador, un país violento para las mujeres

"Sí es mi hija. Yo la conozco desde tiernita (bebé) y lamentablemente ella es". Esas fueron las primeras palabras de Rigoberto Granados, el padre de la joven futbolista salvadoreña Jimena Ramírez Granados, quien desapareció el pasado 24 de octubre y fue hallada sin vida el 16 de noviembre en una fosa clandestina dentro una finca.

Aunque las circunstancias de su muerte aún no están claras, el caso de Ramírez Granados no es aislado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha urgido hace unas semanas a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones locales de derechos humanos, ha sufrido un "considerable aumento".

Pero además, la CIDH ha asegurado que El Salvador "continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región" y ve con preocupación la "elevada prevalencia" de la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, y en particular, su afectación en niñas y adolescentes.

"Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el 2018 se registraron al menos 232 asesinatos de mujeres en todo el país", e información pública da cuenta que "durante 2020 se habrían registrado 130 feminicidios, ocurridos, en su mayoría, durante las medidas de cuarentena adoptadas ante la pandemia de la COVID-19", señala la Comisión en su último informe sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano.

Un país violento para las mujeres

Las cifras de feminicidios recogidas en lo que va del año refuerzan la preocupación de la Comisión. El Salvador cierra el tercer trimestre del 2021 con un aumento del 31,25 % en los casos, en comparación con el mismo lapso de 2020, según las cifras arrojadas por la Policía, Fiscalía y Medicina Legal consultadas por EFE.

De acuerdo con los datos, centralizados en el sitio seguridad.gob.sv, entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios, 15 más que en el mismo lapso del 2020, cuando se registraron 48.

Las actas de los diferentes meses indican que en enero se cometieron 12 feminicidios, 4 en febrero, 14 en marzo, 6 en abril y 10 en mayo. Mientras que en junio fueron 6, en julio 5, en agosto 2 y 4 en septiembre.

De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal recogidos por la CIDH, los principales perpetradores serían las parejas o personas conocidas de las víctimas. Además, la Comisión advierte que "las muertes violentas de mujeres muestran signos de especial odio y ensañamiento como en los casos de asfixias, ahorcamientos y agresiones con machete".

Protestas y denuncias contra el Estado

En julio pasado, un grupo de mujeres protestó y denunció el alza en la cifra de feminicidios, el abandono estatal y exigió una política pública de prevención de estos crímenes.

"Las mujeres nos encontramos en un abandono y en un quiebre del estado de derecho", porque lo "poco que teníamos ahora está totalmente fracturado y no hay ninguna evidencia que vaya a mejorar", dijo a Efe Keyla Cáceres, de la organización Colectiva Amorales.

El organismo también denunció que las autoridades no dan crédito a las denuncias de violencia contra las mujeres y no responden adecuadamente.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2017, las salvadoreñas muestran un muy bajo nivel de confianza en la administración de justicia. Solo 6 de cada 100 mujeres denuncian los actos de violencia contra ellas, cifras que bajan al 0% de denuncias en los casos de violencia contra mujeres afrodescendientes e indígenas.

Esta desconfianza, recoge la Comisión Interamericana en su informe, se alimenta por las "falencias" (falta de perspectiva de género en la Fiscalía, sin equipos técnicos ni personal capacitado, etc.) que tiene el Estado para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país.

"A pesar que existe el mandato estipulado por la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y convenios internacionales de derogar las leyes con contenido discriminatorio, persisten normas y prácticas inadecuadas y discriminatorias que favorecen la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, específicamente en las relaciones de pareja y violencia sexual", señala la CIDH.

La violencia sexual en El Salvador

Los casos de violencia sexual también registran un aumento. En 2018, 6.142 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, incluyendo 2,600 violaciones sexuales. Mientras que durante 2019, la Fiscalía registró 6.421 hechos de violencia sexual y otros 2.491 casos en el primer semestre de 2020.

La CIDH ha advertido que esta violencia afecta particularmente a niñas de entre 10 y 17 años, resultando en altas cifras de embarazo adolescente.

En el año 2018, según datos recogidos en el informe, el Observatorio de violencia del Ministerio de Educación reportó 87 hechos de violencia sexual contra alumnas y registró un total de 173 alumnas embarazadas. Por su parte, la Fiscalía contabilizó 70 y 25 hechos de violencia sexual contra niñas en escuelas o centros educativos para los años 2019 y primer semestre de 2020, respectivamente.

A su vez, el Ministerio de Salud reportó, para 2018, 710 adolescentes embarazadas, incluyendo 4 niñas de 10 años de edad. Durante 2019, se tuvo registro de 614 adolescentes embarazadas y otros 243 casos registrados durante el primer semestre de 2020.

"A pesar de la gravedad de la prevalencia de violencia sexual, la Comisión recibió información sobre la normalización de estos actos, de su invisibilización, de la falta de su abordaje eficaz para erradicarla decisivamente y de la altísima impunidad que la caracteriza", dice la CIDH.

Mujeres encarceladas por abortar

La criminalización del aborto en El Salvador es otra de las principales preocupaciones. "Si bien el Código Penal establece penas de hasta 12 años en lo relativo al delito de aborto, la Comisión ha conocido que al menos 74 mujeres que sufrieron complicaciones obstétricas recibieron una condena por homicidio agravado y sentencias hasta con 40 años de cárcel, con base en la sospecha de haberse inducido un aborto".

Al menos 16 mujeres que sufrieron partos extrahospitalarios y fueron acusadas de aborto se encuentran en prisión en El Salvador, uno de los países que prohíbe todas las formas del aborto, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

La ONG ha señalado que desde 2009 a la fecha unas 49 mujeres han salido en libertad después de enfrentar los mismos cargos.

Por su parte, la delegación de la CIDH pudo conocer de primera mano los testimonios de 13 mujeres que actualmente están encarceladas por condenas relacionadas con emergencias obstétricas, incluyendo el caso de una mujer sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio agravado tras sufrir un parto extrahospitalario cuando la línea de emergencia 911 no acudió a su llamado de urgencia.

"La Comisión ve con preocupación que, al buscar asistencia médica en casos de emergencias obstétricas, las mujeres corran el riesgo de ser reportadas por personal médico, algunos de los cuales actúan bajo el miedo por las consecuencias que puede causar esta legislación prohibitiva, y les impide proporcionar un servicio médico adecuado".

Asimismo, la CIDH advierte que las investigaciones en estos casos provocaron la detención provisional prolongada de mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes están en "cárceles inapropiadas".

Uno de esos casos es el de Manuela, una mujer de bajos recursos socio económicos que murió de cáncer en 2010 mientras pagaba una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras haber sufrido una emergencia obstétrica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está por emitir un fallo sobre este proceso que podría marcar un precedente en la región.