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Donación de óvulos: ¿reproducción asistida o explotación reproductiva?

La ovodonación es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer recibe óvulos donados por otra para intentar lograr un embarazo.

El proceso implica dos procedimientos distintos. Por un lado, la mujer donante debe someterse a un tratamiento hormonal para estimular los ovarios y provocar la maduración simultánea de varios ovocitos, que posteriormente se extraen mediante una punción ovárica bajo sedación. Y por otro, la paciente receptora se somete a un tratamiento hormonal para preparar el útero para la implantación del embrión. Los óvulos donados se fecundan en el laboratorio y, posteriormente, el embrión resultante se transfiere al útero de la receptora.

La médica Carme Valls explica a Efeminista que, en la práctica clínica, es una técnica habitual dentro de la reproducción asistida y suele prescribirse cuando los óvulos propios no permiten lograr un embarazo viable o cuando la reserva ovárica de la paciente es insuficiente.

Pero advierte de que el procedimiento no puede banalizarse ni presentarse como un paso equivalente a la donación de semen, una comparación frecuente que, a su juicio, resulta profundamente engañosa.

"Un donante varón se masturba, da el semen y se va a casa", resume, y subraya que en el caso de las mujeres es necesaria una estimulación hormonal previa y una intervención invasiva para extraer los óvulos.

Ese tratamiento, explica, no está libre de riesgos. En los consentimientos informados suelen figurar posibles complicaciones como la hiperestimulación ovárica, los sangrados, las infecciones o los problemas derivados de la punción, pero Valls considera que la discusión pública sigue siendo insuficiente y que el gran vacío se sitúa en el seguimiento y en la información que se ofrece a las donantes.

El director médico de Next Fertility en España y Portugal, José María Rubio, asegura que se trata de una técnica "estrictamente regulada" por la ley y supervisada mediante el sistema SIRHA del Ministerio de Sanidad, que garantiza la trazabilidad de los gametos y el cumplimiento de los límites legales de donación.

En una entrevista con Efeminista, Rubio defiende que en sus clínicas las donantes se someten a controles médicos y psicológicos "muy exhaustivos" y sostiene que la medicina reproductiva ha evolucionado hacia procesos hormonales "más suaves" y personalizados para reducir riesgos como el síndrome de hiperestimulación ovárica.

¿Altruismo o negocio?

Fue precisamente durante las inyecciones hormonales, las visitas médicas y la extracción bajo sedación, cuando María empezó a cuestionarse qué significaba realmente donar óvulos. "Yo me acuerdo de la cara de mis compañeras de piso cuando aparecía con las jeringuillas y les pedía ayuda para pincharme", rememora.

La extracción, practicada bajo sedación, fue rápida y apenas conserva recuerdos del procedimiento, pero sí del momento posterior que, para ella, fue revelador.

"Cuando me desperté estaba completamente grogui y me dieron un sobre con el dinero; ahí me cambió toda la perspectiva", afirma y denuncia que "no está bien" que te den un sobre con un cheque cuando todavía estás en la camilla, vulnerable y sin poder moverte. "Ahí sentí que había vendido una parte de mi cuerpo", añade.

La legislación española establece que la donación de gametos debe ser voluntaria, anónima y no lucrativa, y que la compensación económica solo puede cubrir las molestias físicas, los desplazamientos y los perjuicios derivados del proceso. Sin embargo, en la práctica, la llamada "compensación resarcitoria" se sitúa entre los 800 y los 1.200 euros, según la información pública de distintas clínicas privadas, una pago que reabre el debate sobre si el término altruismo describe realmente esta práctica.

Al ser preguntada por Efeminista sobre esta cuestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, admite que el sistema actual se ha alejado del modelo clásico de donación altruista que opera en otros ámbitos sanitarios, como el de órganos o sangre.

"No garantiza ese carácter altruista", asevera García.

"Claramente hay una mercantilización y un aprovechamiento de las condiciones sociales de las mujeres y de esa necesidad o esa aspiración reproductiva. Todo esto crea unas expectativas y genera un mercado que es altamente preocupante", añade la médica anestesióloga y política.

Una ley de 2006 muy dispar a Europa

La titular de Sanidad considera que España necesita revisar una normativa que permanece prácticamente intacta desde 2006 y que, a juicio del Ministerio, ya no responde del todo a los dilemas éticos, sociales y sanitarios que plantea actualmente la reproducción asistida.

"Es verdad que necesitamos reformar la ley del año 2006 y que ya hay en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados", explica García. Y señala que el objetivo es "asegurar que estas prácticas mercantilistas no sean las que imperen en la norma", además de reforzar las garantías y condiciones en las que las mujeres pueden donar y recibir óvulos.

La proposición de ley plantea, entre otras cuestiones, revisar la regulación sobre crioconservación de ovocitos y equiparar los derechos de las mujeres sobre sus óvulos congelados a los que ya existen en el caso del semen, ampliando su capacidad de decisión sobre el destino y conservación de ese material biológico.

Parte de ese debate está también atravesado por el nuevo Reglamento europeo SoHO (Sustancias de Origen Humano), aprobado en 2024, que endurece las exigencias de trazabilidad, supervisión y protección de donantes y receptoras en toda la Unión Europea.

El nuevo marco comunitario parte además de un principio explícito: que el cuerpo humano y sus partes "no deben convertirse en objeto de lucro". El reglamento europeo también pone el foco en reforzar la vigilancia sobre los riesgos asociados a la extracción de óvulos y exige sistemas más homogéneos de control entre países, mientras que la legislación española actual deja gran parte de esos protocolos en manos de los propios centros y comunidades autónomas.

"Yo creo que tenemos que adecuarnos a la legislación europea. No todos los países tienen la misma legislación. Tenemos que revisar esa ley del año 2006 de reproducción asistida e introducir todos aquellos elementos que garanticen la transparencia donde haya que garantizarla y el anonimato donde haya que garantizarlo", sostiene la ministra.

El después: dolor, quistes y ausencia de seguimiento

Tras la extracción, María comenzó a sufrir alteraciones menstruales y dolores cada vez más intensos. "Llegó un momento en que no podía levantarme de la cama, no podía ir a trabajar ni estudiar", recuerda.

Meses después, una revisión médica le detectaron múltiples quistes foliculares en ambos ovarios y tuvo que someterse de nuevo a tratamiento hormonal. Cuando acudió a la clínica en la que le extrajeron los óvulos buscando explicaciones, asegura que le dijeron que ya había pasado demasiado tiempo desde la donación y que sus problemas no podían relacionarse necesariamente con el proceso porque ella había referido reglas irregulares previamente.

"Para nada se facilita la información", sostiene María.

Una crítica que comparte la médica Carme Valls, quien advierte de que el sistema español carece de estudios y protocolos de seguimiento de las donantes a medio y largo plazo.

"Una vez han donado, nadie les pregunta qué consecuencias han tenido al año, a los dos años o a los diez años", critica, y reclama estudios epidemiológicos sólidos que permitan evaluar el impacto del procedimiento en la salud de las donantes más allá del corto plazo.

Desde Next Fertility, José María Rubio asegura que el seguimiento clínico tras la punción para garantizar la recuperación de las donantes "se mantiene de forma activa hasta confirmar su recuperación biológica completa tras el siguiente ciclo menstrual", tal y como prevé la ley.

Pero la crítica de Carme Valls va más allá de la ovodonación y la extiende a la manera en que la medicina ha estudiado históricamente el cuerpo femenino. "Persiste una gran ignorancia de la ciencia hacia la mujer", sostiene, en referencia a la escasa atención que, a su juicio, siguen recibiendo cuestiones relacionadas con el ciclo menstrual, la salud hormonal o la fertilidad femenina.

El perfil de las donantes: jóvenes y precarias

Aunque en España no existen datos públicos detallados sobre el perfil socioeconómico de las donantes, especialistas y testimonios coinciden en un patrón recurrente: mujeres jóvenes -la ley permite donar entre los 18 y los 35 años-, en su mayoría estudiantes, que encuentran en la donación una forma rápida de obtener ingresos en contextos de precariedad.

"Nos falta mucha información sobre el perfil de las donantes, pero lo que se observa es que muchas lo hacen por dinero", explica la socióloga Laia Forné, coeditora de El precio de la reproducción y codirectora del Área de Economía y Bienes Comunes del Instituto de Investigación Urbana IDRA.

"Son mujeres que tienen agencia y toman decisiones", sostiene, pero matiza que esa capacidad de elección no puede desligarse de las condiciones materiales en las que se produce, atravesadas por desigualdades de clase, edad y precariedad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, coincide en que ese es uno de los problemas que subyacen: "Los problemas reproductivos no se solucionan solamente en una clínica" y sostiene que detrás del auge de la ovodonación existe un contexto social marcado por la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y el retraso forzado de la maternidad.

"Se está aprovechando el mercado de la precariedad de las mujeres para poder ser donantes", advierte. Y compara esa dinámica con otras formas de explotación reproductiva: "Lo hemos visto también con los vientres de alquiler, que es el aprovechamiento de la precariedad de las mujeres para hacer un mercado y un negocio".

En España, la edad media en la que las mujeres tienen hijos ya supera los 32 años y el número de madres de más de 40 no deja de crecer, según datos del INE y el CSIC.

Según García, esa precariedad atraviesa tanto a las donantes como a las receptoras. "Afecta a las mujeres jóvenes donantes y también a las mujeres receptoras que no han podido acceder a la maternidad antes por el acceso a la vivienda, por sus condiciones económicas y sociales, y que se plantean la maternidad tarde y acaban recurriendo a óvulos donados", señala.

"Hay un diagnóstico social y de precariedad sobre el que se sustenta el aprovechamiento de estas empresas", insiste.

María encaja justo en ese perfil. Tenía 22 años, había perdido la beca y necesitaba dinero para seguir estudiando cuando decidió donar. "Mientras haya una compensación económica, no existe la sororidad y hay un sesgo de clase muy evidente", afirma convencida de que el discurso altruista funciona como cobertura emocional de una transacción en la que el sesgo de clase resulta evidente.

Publicidad en universidades públicas y farmacias

A su juicio, la publicidad está diseñada precisamente para captar a mujeres vulnerables, tanto por edad como por situación económica.

"En la universidad repartían flyers como si fueran entradas para una discoteca", recuerda, y denuncia que actualmente sigue viendo anuncios patrocinados en redes sociales dirigidos a chicas de entre 18 y 25 años, con una estética y un lenguaje cuidadosamente elegidos para disfrazarlo de sororidad.

Esa presencia, según ha podido constatar Efeminista, se ha extendido incluso a espacios como farmacias, donde la publicidad de las clínicas convive con productos sanitarios y medicamentos, métodos de captación que la titular de Sanidad reconoce que desconocía.

A esa lógica económica se suma, según la experiencia de María, el valor que adquieren determinados rasgos físicos dentro del mercado reproductivo. Y recuerda que, cuando una amiga suya recibió una compensación mayor por donar, ambas empezaron a sospechar de un posible "sesgo racial" en el proceso.

"La única diferencia era que ella es rubia, blanca y de ojos azules y yo soy latina", explica.

Desde Next Fertility rechazan que exista un sistema basado en preferencias estéticas o un mercado de "bebés a la carta" y su director médico defiende que la ley española establece que la asignación de donantes responde exclusivamente a criterios médicos y de similitud fenotípica e inmunológica.

"Buscamos la integración del futuro hijo en el seno familiar de la forma más natural posible. Es un proceso de emparejamiento técnico, no un catálogo de deseos estéticos", asegura.

En este sentido, la ministra aboga por "hacer una regulación lo suficientemente estricta y lo suficientemente flexible con la autonomía de las mujeres" que permita que "puedan decidir sobre sus cuerpos" sin estar condicionadas por su situación social y económica.

"Sabíamos que son las mujeres jóvenes quienes asumen ese riesgo a cambio de una mercantilización, de esa donación", dice Mónica García, quien reconoce que desde Sanidad no eran "conscientes" de cómo se capta a las donantes: "Claro, tú vas a una facultad, tú vas a a lugares donde hay más precariedad, gente que más lo necesita y es donde tienes el caldo de cultivo para aprovecharte de esa precariedad".

El negocio reproductivo

Para la socióloga Laia Forné, el crecimiento de la ovodonación no puede entenderse solo desde el plano médico y, sostiene que el auge de estas técnicas está íntimamente ligado a transformaciones sociales más profundas: el retraso de la maternidad, la precariedad económica y la consolidación de una potente industria privada alrededor de la reproducción asistida.

"España es un caso singular dentro de Europa", explica. La combinación de anonimato, compensación económica y una legislación más permisiva que la de otros países europeos ha convertido al país en uno de los grandes destinos internacionales para estos tratamientos.

Forné añade que este auge también está relacionado con una mayor apertura legal y social hacia modelos familiares diversos. "Desde el inicio, la legislación española permitió acceder a estas técnicas a distintos tipos de familia, incluidas mujeres sin pareja o parejas de mujeres, algo que en otros países europeos no fue posible hasta mucho después", explica.

"Se dice que España es el ‘hub’ europeo de los óvulos porque alrededor del 40 % de los tratamientos de donación que se realizan en Europa pasan por el Estado español", señala Forné. A su juicio, el modelo español se sostiene sobre una normativa pionera -la primera ley de reproducción asistida data de 1988- que, al mismo tiempo, mantiene algunos de los marcos más permisivos de Europa.

Mientras en muchos países europeos el anonimato de las donantes ha desaparecido o se ha limitado progresivamente, en España sigue siendo uno de los pilares del sistema. A ello se suma la compensación económica asociada a la donación de gametos, una práctica restringida o inexistente en otros Estados europeos, según Forné.

Portugal puso fin al anonimato de los donantes de semen y óvulos en 2018, mientras que Francia reformó su legislación en 2022 para permitir que las personas concebidas mediante donación puedan acceder, al alcanzar la mayoría de edad, a información identificativa y no identificativa de sus donantes. Otros países como Reino Unido, Suecia, Países Bajos o Alemania también han avanzado en esa dirección en las últimas décadas.

El crecimiento del sector también se refleja en las cifras. Según el último Registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), alrededor del 10 % de los recién nacidos en España proceden de técnicas de reproducción asistida.

Entrada de fondos de inversión internacionales

La expansión del negocio de la reproducción asistida ha venido acompañada de la entrada de fondos de inversión internacionales en clínicas privadas de fertilidad, un fenómeno que preocupa a Forné: "Estamos viendo como los mismos fondos de inversión que están comprando nuestras viviendas o que están especulando con nuestra alimentación, ahora están comprando estas clínicas", señala.

Uno de los casos más significativos es el de IVI-RMA Global, uno de los mayores grupos de reproducción asistida del mundo, cuya compra fue cerrada por el fondo estadounidense KKR en una operación valorada en torno a 3.000 millones de euros.

El caso de IVI no es aislado. Durante la última década, numerosos grupos de fertilidad europeos han sido adquiridos o participados por fondos de capital riesgo. Clínicas Eugin, una de las principales redes de reproducción asistida en España, fue adquirida en 2020 por el grupo alemán Fresenius Helios.

Desde las clínicas, sin embargo, defienden que la creciente demanda responde a un problema demográfico y social de fondo. Next Fertility asegura que, solo en 2024, el 60 % de sus tratamientos de fecundación in vitro y criopreservación se realizaron con óvulos donados. "Ha pasado de ser una técnica secundaria a convertirse en el pilar principal de la medicina reproductiva actual", señala Rubio.

A su juicio, la donación de gametos se ha convertido en una herramienta clave frente al descenso de la natalidad: "Entre el 3 y el 4 % de los niños que nacen hoy en España no estarían aquí sin la donación de gametos".

La compañía insiste en que el número de mujeres que necesitan recurrir a óvulos donados supera ampliamente al de donantes disponibles y lamenta las limitaciones legales para conseguir nuevas donantes. Según los datos expuestos por Next Fertility durante el último Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, más de 80.000 parejas en Europa necesitan cada año ovocitos donados para sus tratamientos de fertilidad. Solo en España, la cifra supera las 20.000 parejas.

La compañía sostiene que actualmente la demanda de ovocitos es alrededor de un 30 % superior al número de donaciones disponibles y estima que serían necesarias más de 5.000 nuevas donantes anuales para cubrir esa diferencia.

Anonimato, filiación y derecho a saber los orígenes

Sobre el anonimato de las donantes, la médica Carme Valls considera que el debate no puede centrarse únicamente en las donantes o las receptoras, sino también en los derechos de quienes nacen mediante estas técnicas. "El recién nacido tiene derecho a saber sus orígenes biológicos", asevera.

A su juicio, la cuestión trasciende el plano emocional o identitario y tiene implicaciones sanitarias. Valls advierte de que el acceso a la información genética puede resultar relevante para conocer antecedentes familiares, enfermedades hereditarias o posibles riesgos de salud que solo se descubren años después de la donación.

"Como ser humano tienes derecho a saberlo, igual que lo sabrías de tu padre y de tu madre biológicos", defiende.

Un debate mucho más amplio sobre maternidad

Forné insiste en que el debate no debería reducirse a posiciones enfrentadas, sino abrirse a una conversación colectiva sobre qué modelo reproductivo quiere la sociedad. 

"Haría falta más regulación y más control por parte del Estado, que se ponga límite al lucro, entendiendo que la reproducción es una cuestión que nos atañe a todas y no puede quedar únicamente en manos del mercado o al servicio del beneficio privado", afirma Forné.

A su juicio, el principal problema es que muchas de estas decisiones continúan desarrollándose en el ámbito privado e íntimo, sin un debate social amplio. "Si esto sale de la esfera privada y pasa a la esfera pública, tendremos más información, más capacidad de negociación y más agencia", defiende.

Para Carme Valls parte del aumento de las técnicas de reproducción asistida está relacionado con una falta histórica de atención a la salud reproductiva de las mujeres.

La médica asegura que muchos problemas de fertilidad podrían detectarse o tratarse antes mediante un seguimiento más amplio de factores hormonales, nutricionales y metabólicos, evitando así que algunas mujeres terminen recurriendo a procedimientos más complejos como la ovodonación.

Mientras tanto, María observa el debate desde la experiencia de quien atravesó el proceso con poco más de 20 años y hoy mantiene una mirada profundamente crítica sobre el sistema. "No compensa", concluye, "ni física ni psicológicamente".