Suscríbete a nuestra newsletter "Sin permiso"

El Defensor del Pueblo pide reforzar la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a reforzar la protección de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género, un grupo particularmente vulnerable que enfrenta barreras adicionales para acceder a los derechos y recursos disponibles para la protección contra el maltrato, y para ello ha pedido adaptar las políticas y los servicios a su realidad mediante una perspectiva interseccional y el reconocimiento de la violencia económica.

En el informe de 2024, que recoge más de 34.400 quejas y ha sido presentado este 25 de marzo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francisca Armengol, Gabilondo subraya que las mujeres mayores enfrentan obstáculos significativos que dificultan su denuncia y el acceso a la justicia.

Estas dificultades, a las que el Defensor dedica un capítulo, se deben a factores como la dependencia económica de sus agresores y el aislamiento social, que las colocan en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

"No son capaces de denunciar a sus agresores y tienen muchas dificultades para salir del entorno violento. Quienes en este contexto consiguen pedir ayuda se enfrentan a servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad, porque tienden a partir del presupuesto de una víctima más joven, que sufre una agresión en un momento puntual y que es capaz de afrontar por sí misma una nueva vida y alcanzar su independencia económica", reza el informe.

Mujeres mayores, la violencia de género "desconocida"

Denuncia que "la situación de estas mujeres no suele ser bien conocida" y reclama una mayor visibilidad de su problemática en el ámbito social y político.

En España hay 2.401 casos activos de mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género, según los últimos datos del sistema VioGén del Ministerio del Interior, a fecha de 28 de febrero de 2025. Este dato representa un porcentaje significativo dentro del total de 100.899 casos activos en toda España.

Desde el comienzo del análisis de riesgo en 2007, el sistema VioGén ha evaluado a 50.772 mujeres en esta franja de edad para determinar la protección necesaria.

A pesar de los avances logrados en la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas (2022-2025), que incorpora medidas para las mujeres mayores víctimas de violencia de género, muchas siguen sin acceder a los mecanismos de protección debido a la falta de adaptación de los recursos sociales y jurídicos a sus circunstancias.

Obstáculos para acreditar la condición de víctimas de violencia machista

El informe también destaca las dificultades para acreditar su condición de víctimas de violencia machista, un proceso burocrático que no siempre tiene en cuenta sus limitaciones físicas, emocionales y tecnológicas, o el hecho de que muchas de ellas han sido víctimas de violencia a lo largo de décadas, pero no han podido denunciar hasta que sus agresores han fallecido o se han independizado sus hijos e hijas.

"Los servicios sociales aplican el modelo común de acreditación que está pensado para otro tipo de víctima, laboral y tecnológicamente más capacitada, más activa, y que padece una violencia actual, en el momento en el que se revela su situación", explica Gabilondo, quien también señala problemas con el acceso a las ayudas económicas previstas en la ley, como la Renta Activa de Inserción (RAI) o las pensiones de viudedad.

Aplicar la intersecccionalidad y reconocer la violencia económica

En este sentido el informe afirma que "la perspectiva interseccional de las violencias sufridas por las mujeres mayores debe estar presente en la ley y en las políticas públicas".

Gabilondo ha enfatizado que solo reconociendo las dificultades únicas que enfrentan estas mujeres se podrá garantizar su acceso a los recursos necesarios para superar la violencia y recuperar una vida plena y libre de maltrato.

Asimismo, el informe subraya la importancia de reconocer y abordar la violencia económica, una de las formas más invisibles de violencia machista, que priva a estas mujeres de acceso a los recursos económicos y se utiliza como herramienta de control por parte de los agresores. Esta modalidad de violencia, reconocida en el Convenio de Estambul, afecta particularmente a las mujeres mayores, quienes son despojadas de su autonomía económica al limitarse su acceso al dinero, a la propiedad común o a los bienes compartidos.

En este sentido, durante el ejercicio 2024, Gabilondo ha recomendado al Ministerio de Justicia que incluya los delitos de violencia económica dentro de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para ofrecerles una protección más efectiva.

En febrero de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que amplía el concepto de violencia económica y la incluye como delito en el Código Penal, con conductas como el alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Contra los "arrancamientos" policiales de menores

En su informe anual, el Defensor del Pueblo también aborda una de las situaciones más preocupantes para las madres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas: los "arrancamientos" policiales de menores. Este término se refiere a la intervención de la fuerza pública para hacer cumplir el régimen de visitas en los casos de progenitores separados o divorciados, cuando uno de los progenitores incumple las visitas, y generalmente, cuando existe violencia de género o antecedentes de maltrato.

En muchos casos, estos "arrancamientos" se producen bajo un marco legal que no siempre toma en cuenta el contexto de violencia machista, lo que convierte estas intervenciones en una nueva forma de violencia institucional. Las madres que intentan proteger a sus hijos del maltrato se enfrentan a la incomprensión de un sistema que no reconoce sus formas de protección.

Gabilondo ha solicitado que se detengan estos procedimientos agresivos, que son perjudiciales tanto para los menores como para el progenitor con el que se encuentren, y ha pedido que se adopten medidas menos invasivas, como la imposición de multas coercitivas o procedimientos por desobediencia.

Una valoración de riesgo rigurosa

Para evitar esta situación, ha recomendado al Ministerio de Justicia modificar el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los procesos de modificación de la custodia de los menores. La idea es que, cuando se modifique la custodia y el progenitor denunciado por violencia de género quiera obtener la guarda de los hijos, se realice una valoración de riesgo rigurosa antes de tomar una decisión.

El texto también hace un llamamiento a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en áreas como la vivienda, la justicia, la Seguridad Social y el asilo, y señala la falta de recursos en salud mental para adolescentes y jóvenes, así como el apoyo insuficiente a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social.