EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
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El Defensor del Pueblo alerta de las dificultades para acreditar a víctimas de violencia machista
El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha presentado el informe anual correspondiente a 2023, donde alerta de que existen problemas significativos para acreditar la condición de víctima de violencia machista, lo que repercute directamente en su capacidad para acceder a derechos y a las ayudas pertinentes.
Según el informe, presentado este 22 de marzo y que recoge 35.603 quejas ciudadanas, un 13,2% más que el año anterior, los dos principales problemas que se señalan son la disparidad en la legislación española para abordar la violencia de género y la diversificación de los sistemas autonómicos de acreditación.
En palabras del Defensor del Pueblo, existen "cuatro regímenes de asistencia y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, con cuatro desarrollos legislativos distintos". A saber, la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Lo que conlleva a distintos derechos, plazos y criterios administrativos, y dificulta el acceso a la ayuda y la atención pública para las víctimas.
Además, el funcionario hace hincapié en la falta de claridad y homogeneidad en los sistemas de acreditación de la condición de víctima.
"Desde el punto de vista de la ciudadanía no se ha explicado suficientemente que, dependiendo del tipo de violencia que se padezca, se produce un distinto tratamiento por parte del Estado", reza el texto.
Procesos burocráticos revictimizantes
Esto provoca que las víctimas se enfrenten a dificultades adicionales en su búsqueda de ayuda, con procesos burocráticos que muchas veces las revictimizan y, algunos casos, hasta les impide acceder a la acreditación como víctima de violencia de género.
"Se les obliga a pasar una y otra vez por las entrevistas y los procesos administrativos que requieren este tipo de certificaciones", reza el informe.
El proceso para solicitar ayuda "se convierte en una carrera de obstáculos, con distintas instancias administrativas interviniendo a la vez o sucesivamente, y las víctimas entienden que no las escuchan, no las creen o no las atienden".
Sin un sistema de acreditación común para las violencias
La situación de violencia de género que justifica el reconocimiento de los derechos correspondientes se puede acreditar de varias maneras. Desde una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género hasta una orden de protección, un informe del ministerio fiscal o un informe de los servicios sociales, especializados o de acogida.
Sin embargo, la regulación común de este proceso está limitada a la Ley Orgánica 1/2004, lo que afecta únicamente a las víctimas relacionadas afectivamente con el agresor.
Las víctimas de violencia sexual adultas sin relación sentimental con el agresor, las víctimas de delitos violentos y los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual están amparadas por diferentes leyes, lo que impide que haya un sistema de acreditación común. En lugar de ello, cada comunidad autónoma, ayuntamiento o departamento de la Administración General del Estado puede aplicar el sistema de acreditación que considere más adecuado para gestionar la ayuda o el servicio público al que se accede.
Especialización en violencia de género
Gabilondo destaca la necesidad de una mayor especialización en violencia de género entre los profesionales del sistema judicial y de servicios sociales, y advierte de que "los tratamientos diferenciados por el tipo de víctima también afectan a los juzgados, equipos psicosociales y falta de formación de abogados, jueces y fiscales".
Esta falta de especialización contribuye a la dificultad en la gestión y coordinación de los recursos disponibles para las mujeres víctimas. Por ejemplo, según el texto, el acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ve dificultado para las víctimas de violencia de género debido a requisitos específicos de certificación.
El informe también resalta la importancia de proteger a los menores expuestos a violencia vicaria y la necesidad de no utilizarlos como herramientas en procesos legales. "Hay que dejar a los niños en paz, no utilizarlos como mercanía", subraya.
Recomendaciones
En el informe se realizan una serie de recomendaciones específicas para mejorar los sistemas de acreditación y agilizar el acceso a la ayuda para las víctimas. Entre estas, la necesidad de homogeneizar los criterios de acreditación en todos los niveles administrativos, desde las comunidades autónomas hasta los municipios, con el fin de garantizar una aplicación coherente y equitativa de los procedimientos.
Permitir la aceptación de informes de acreditación emitidos por entidades privadas reconocidas, lo que aliviaría la carga sobre los servicios públicos y facilitaría el acceso a la ayuda para aquellas víctimas que están siendo atendidas por servicios privados acreditados.
O reconocer la validez de cualquier documento oficial de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para proceder al cambio de apellidos en el registro civil, lo que proporcionaría un respaldo legal más sólido para las víctimas en su proceso de recuperación y empoderamiento.
En general, las quejas ciudadanas de 2023 afectaban principalmente a la administración de la justicia (el 12 %), la Seguridad Social (alrededor de mil quejas sobre esta materia), interior, asilo, educación y sanidad. Y en especial a la saturación de los servicios de atención a la ciudadanía de las administraciones públicas.
