Foto de archivo de 1983. Manifestación a favor del aborto en Barcelona, convocada por colectivos feministas, partidos políticos y centrales sindicales. EFE/svb.
Suscríbete a nuestra newsletter "Sin permiso"
Cuarenta años de la despenalización del aborto en España: de la clandestinidad a un derecho aún con barreras
Objeción de conciencia, desigualdad territorial, privatización de la prestación o persistencia del estigma social son algunos de los obstáculos que, cuarenta años después de la despenalización del aborto en España, siguen condicionando el acceso de miles de mujeres a un derecho reconocido por la ley, pero no plenamente garantizado.
Este 2025 se cumplen cuatro décadas desde que España dejó de considerar el aborto un delito. El 5 de julio de 1985, con la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, se abrió por primera vez una grieta en el muro del Código Penal e interrumpir un embarazo dejó de ser punible en tres supuestos concretos, violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y malformaciones graves en el feto.
Supuso una conquista parcial, pero decisiva para un país que sumido durante cuarenta años en la dictadura franquista, donde tanto el aborto como los anticonceptivos eran ilegales, perseguidos y estigmatizados.
Desde entonces, la historia del aborto en España ha sido la de una carrera de fondo, atravesada por avances legislativos, intentos de retroceso frustrados, movilizaciones multitudinarias y persistentes obstáculos en el acceso real a este derecho.
De la clandestinidad a la despenalización
Durante el franquismo, el aborto se practicaba en la clandestinidad y bajo riesgo de cárcel. El estigma social y la moral católica oficial lo convertían en una cuestión prohibida. En 1976, todavía en la Transición, el llamado "caso de las once de Basauri", diez mujeres y un hombre procesados en Bilbao por abortar o ayudar a abortar, agitó conciencias y movilizó a los primeros colectivos feministas.
La aprobación de la ley de 1985, bajo el gobierno del PSOE de Felipe González, marcó un antes y un después, aunque con limitaciones evidentes, la mujer debía ajustarse a alguno de los tres supuestos y, en muchos casos, acreditar su situación ante tribunales médicos.
Foto de archivo de 1958. Miles de personas se manifestaron por el centro de Barcelona, a favor del aborto libre y gratuito.. EFE/ J.Martín
2010, la ley de plazos y el reconocimiento de la autonomía
Hubo que esperar 25 años para dar un salto cualitativo. En 2010, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por primera vez, se reconocía la capacidad de la mujer para decidir libremente hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de justificar causas.
La ley también reguló la educación sexual en las aulas y el acceso a los anticonceptivos, lo que permitió situar el aborto en el terreno de la salud pública y no de la moral o la justicia penal.
El intento más serio de dar marcha atrás llegó en 2013, cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), impulsó una contrarreforma que pretendía volver al esquema de supuestos de 1985. La reacción social fue contundente, miles de mujeres y hombres se movilizaron en febrero de 2014 en las calles bajo la consigna del "Tren de la Libertad". La presión ciudadana y política obligó al Gobierno a retirar la propuesta y Gallardón dimitió poco después.
Ese episodio dejó claro que los derechos conquistados podían revertirse, pero también que existía un tejido social dispuesto a defenderlo.
2023, blindaje legal y nuevos derechos
La reforma aprobada en 2023 por el gobierno de coalición liderado por PSOE y Unidas Podemos reforzó y amplió el marco de derechos. Entre sus principales novedades destacaron la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las capitales de provincia, la eliminación de la obligación de consentimiento materno o paterno para jóvenes de 16 y 17 años, la supresión de los tres días de reflexión obligatorios y la creación de un registro de objetores de conciencia para evitar que la falta de personal comprometa la prestación del servicio .
Además, se consolidó un enfoque de salud integral, incorporando medidas como el reconocimiento del derecho a la salud menstrual y la gratuidad de productos de higiene en determinados espacios.
Foto de archivo de una manifestación por el derecho al aborto en 2023 en Valladolid. EFE/Nacho Gallego
100.000 abortos al año, la mayoría en clínicas privadas
Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en 2023 se practicaron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo en España.
El 93,9 % de los abortos se realizó a petición de la mujer en el primer trimestre de gestación. El perfil mayoritario corresponde a mujeres de entre 20 y 34 años, muchas de ellas sin empleo en el momento de la intervención y con una sobrerrepresentación de mujeres migrantes.
Pero el dato más revelador es que el 81,4 % de las intervenciones se llevó a cabo en centros privados, a pesar de que el aborto es una prestación incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, lo que supone una privatización estructural del servicio.
Esta es una de las barreras que ha identificado el informe 'El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo', realizado por la Federación de Mujeres Jóvenes con el apoyo del Instituto de las Mujeres.
Desigualdad territorial
Según el texto, el acceso al aborto sigue dependiendo, en gran medida, del lugar de residencia. En comunidades como Cataluña (41,8 % de cobertura pública), Navarra (35,1 %) o el País Vasco (28,7 %), una parte significativa de las intervenciones se realiza en hospitales públicos. Sin embargo, en Madrid (0,27 %), Murcia (0,6 %) o Castilla-La Mancha (0,9 %), la práctica totalidad se deriva a clínicas privadas.
En algunas provincias no existe ningún centro habilitado, lo que obliga a las mujeres a desplazarse decenas o cientos de kilómetros para poder ejercer su derecho al aborto.
Aunque la ley de 2023 establece un registro de profesionales objetores, su implementación es todavía desigual. Esto provoca que en determinados hospitales no se garantice la prestación y que la responsabilidad recaiga en convenios con clínicas privadas.
Estigma y barreras sociales
A ello se suman otras barreras como el estigma social e institucional, que provoca que muchas mujeres sigan sintiéndose juzgadas al solicitar la intervención, o la falta de información clara y homogénea sobre itinerarios y procedimientos.
Estos obstáculos golpean con especial fuerza a mujeres jóvenes sin apoyo familiar, migrantes, con discapacidades, en situación de vulnerabilidad económica o en situación administrativa irregular.
Para garantizar un acceso real, el estudio recomienda eliminar trabas administrativas como la exigencia de empadronamiento o tarjeta sanitaria, establecer mecanismos de accesibilidad universal y diseñar protocolos específicos que contemplen la diversidad de situaciones, incluyendo medidas de acompañamiento y apoyo psicosocial.
Además, considera "fundamental" incorporar protocolos para situaciones de alta vulnerabilidad, como mujeres en situación de prostitución o víctimas de violencias sexual.
Por otro lado, hace hincapié en lograr que la objeción de conciencia "no se convierta en un obstáculo para el acceso a un derecho". Así, el estudio recomienda la creación de registros oficiales de profesionales objetores, públicos y actualizados, que permitan organizar de forma adecuada los equipos no objetores.
Asimismo, pide garantizar que en cada provincia exista un número suficiente de profesionales dispuestos a realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), evitando que la objeción suponga en la práctica un veto al servicio.
El avance de la ultraderecha
El avance de movimientos ultraconservadores en Europa y América recuerda que ningún derecho está garantizado y menos los de las mujeres. El retroceso más evidente se observa en Estados Unidos, donde la anulación en 2022 de Roe vs. Wade (un fallo histórico de 1973 que establecía el derecho constitucional al aborto) ha derivado en prohibiciones y restricciones en más de treinta estados, con un impacto devastador sobre mujeres pobres, racializadas y migrantes.
En Argentina, tras la conquista histórica de la legalización en 2020, el gobierno de Javier Milei ha recortado políticas de igualdad y puesto trabas al acceso a la medicación abortiva, lo que expone de nuevo a miles de mujeres a abortos inseguros.
Y en Europa, países como Polonia o Italia muestran cómo la ultraderecha y la objeción de conciencia masiva erosionan el acceso al aborto seguro. Estos ejemplos muestran que los derechos sexuales y reproductivos están en el centro de la ofensiva reaccionaria, y su defensa exige compromiso y vigilancia constante.
