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El aborto legal y seguro aún no es una realidad para todas las mujeres en Colombia

Cuatro años después de la sentencia histórica que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas en Colombia, el acceso legal y seguro a este servicio aún no es una realidad para todas las mujeres y las niñas en el país, especialmente para las que viven en territorios atravesados por el conflicto armado y la migración.

Un informe del Centro de Derechos Reproductivos realizado junto a organizaciones de los departamentos de Cauca, Nariño y Santander detalla que en esas zonas persisten las barreras estructurales que restringen el acceso efectivo al aborto.

Entre los obstáculos identificados están la negación del servicio, obstáculos administrativos, objeción de conciencia indebida, limitaciones a la movilidad y el control territorial ejercido por actores armados en el territorio, y la persistencia de maternidades forzadas en niñas.

En otras partes del país, en cambio, aunque la mayoría de mujeres accede al aborto de manera autónoma, los casos que requieren acompañamiento legal siguen estando asociados a la desinformación, la dilación en la prestación del servicio, la remisión injustificada y la ausencia de rutas claras de atención.

El movimiento Causa Justa, compuesto por una centena de organizaciones y que interpuso la demanda sobre la que resolvió la Corte Constitucional para despenalizar el aborto, señala que estas barreras afectan de manera diferenciada a quienes acceden más tarde al servicio y a mujeres indígenas.

La despenalización del aborto en Colombia

A pesar de las barreras que mujeres y niñas enfrentan en diversos territorios del Colombia, datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que forman parte de Causa Justa, dan cuenta de que más mujeres han conseguido gestionar de manera autónoma el acceso al aborto, debido principalmente a la disponibilidad de información veraz, segura y oportuna que se logró tras su despenalización.

Los casos atendidos (2.532) por la organización después de la sentencia permiten sostener que las mujeres en su diversidad pueden acceder al aborto libre y seguro "tan pronto como es posible y tan tarde como es necesario", pues solo el 4 % de los casos atendidos lo hace después de la semana 24, generalmente tras enfrentar múltiples barreras.

Esta tendencia de acceso temprano al servicio también se refleja en las cifras reportadas por la organización Oriéntame, que señala que la mayoría de las atenciones de interrupción voluntaria del embarazo continúan realizándose antes de la semana 22.6 de gestación.

Además, Causa Justa afirma que la decisión de la Corte "no derivó en un aumento desproporcionado del uso del servicio, como se planteó en algunos sectores durante el debate previo al fallo, sino que el comportamiento de la demanda se ha mantenido estable en el tiempo".

Amenazas al aborto legal y seguro

No obstante, durante estos cuatro años las organizaciones han tenido que mantenerse vigilantes ante intentos de provocar retrocesos sobre esta decisión, que también creó un precedente en toda América Latina.

Por ejemplo, recientemente el Concejo de Bogotá aprobó un proyecto que pretendía imponer requisitos adicionales para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que evidencia que "incluso después del reconocimiento del derecho, pueden surgir medidas que limitan su acceso".

"Para el movimiento, estos escenarios refuerzan la necesidad de sostener la veeduría ciudadana y el debate público, especialmente en contextos electorales en los que los derechos suelen ser usados como moneda de cambio para generar réditos políticos", señala Causa Justa.

Este 21 de febrero, al conmemorarse cuatro años de la sentencia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó el proyecto, lo que será celebrado por las organizaciones en una concentración frente a la Corte Constitucional.