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La crisis de la vivienda impide a familias monomarentales salir de los programas sociales

Las dificultades para acceder a una vivienda asequible y las barreras de entrada al parque público impiden que algunas familias monomarentales en situación de vulnerabilidad puedan abandonar los programas de vivienda social, incluso cuando logran mejorar su situación laboral, según desvela el informe 'La feminización de la pobreza: La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial', elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, en colaboración con Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social.

La investigación parte de las entrevistas realizadas a 48 mujeres en situación de vulnerabilidad en Barcelona y su área metropolitana e identifica la falta de políticas públicas que garanticen una transición desde los programas de inclusión residencial hacia una vivienda asequible y estable.

Entre los casos recogidos figura el de una familia con ingresos estables y un contrato indefinido que lleva más de un año sin poder abandonar el programa debido a las dificultades para acceder al mercado del alquiler y a la "discriminación por origen".

La directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, Raluca Budian, ha explicado a EFE que la monomarentalidad es un fenómeno "que queda cada vez más excluido y que va en aumento".

"Es un sinhogarismo oculto muy difícil de identificar", ha subrayado la experta, quien define a las mujeres analizadas como personas con "una fortaleza y una resiliencia increíbles" ante las dificultades que viven pese a ser percibidas como "víctimas pasivas".

Barreras para acceder a la vivienda pública

El informe señala que los ingresos mínimos exigidos para acceder a determinadas viviendas de protección oficial pueden dejar fuera a hogares con un único ingreso y menores a cargo.

Para corregir esta situación, propone ajustar la renta efectiva mediante ayudas que permitan acceder con ingresos más bajos sin imponer un esfuerzo económico inasumible.

También recomienda ampliar el parque de vivienda asequible, establecer vías preferentes de acceso a la oferta pública desde los programas del tercer sector y garantizar una financiación estable para el acompañamiento social, incluso después de la salida de estos recursos cuando sea necesario.

La violencia machista, un enemigo común

La violencia machista aparece en una "parte significativa" de los testimonios, una realidad ante la que los investigadores destacan que romper con una pareja agresora "puede suponer perder la vivienda y afrontar el alquiler y los cuidados con un único ingreso".

Algunas mujeres describen la ocupación como la única alternativa para no quedarse en la calle con sus hijos.

El estudio alerta de que este esfuerzo tiene un coste psicológico y reclama reforzar el apoyo especializado, reconocer expresamente la monomarentalidad en los planes y baremos de vivienda y mejorar la coordinación con los servicios de atención a la violencia machista.

Dificultades para conciliar y mantener ingresos

La necesidad de compatibilizar el empleo con los cuidados limita las oportunidades laborales de estas mujeres, mientras que la falta de un segundo ingreso dificulta asumir el coste de la vivienda.

A ello se suman las interrupciones en la protección económica cuando una incorporación al mercado laboral no prospera.

Según las profesionales entrevistadas, si una madre acepta un empleo que finalmente no se consolida, la reactivación de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede demorarse hasta cinco meses.

El informe propone corregir este vacío para evitar que las familias se queden sin ingresos esenciales y vean comprometidos el pago de la vivienda y la cobertura de sus necesidades básicas.