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La crisis de vivienda deja más expuestas a mujeres mayores, migrantes y familias monomarentales

Mientras el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más el acceso y la permanencia en un hogar, la crisis golpea con especial dureza a quienes cuentan con menos recursos para amortiguarla, desde mujeres mayores que viven solas y sin una red familiar hasta familias monomarentales que sostienen alquiler y cuidados con un único sueldo, pasando por personas migrantes y trabajadoras de los cuidados que, en las situaciones más precarias, se ven obligadas a pagar precios desorbitados por una habitación o incluso por una cama donde dormir.

"La vivienda ya es un derecho constitucional y es un derecho humano, nosotras estamos defendiendo que se cumpla ese derecho", sostiene en una entrevista con EFE Rufina Parra, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que estos días participa en la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar medidas urgentes ante la crisis habitacional.

"Una vivienda no podrá ser garantizada como un derecho y como una necesidad básica mientras sigamos en un sistema capitalista que permita que sea una mercancía y que se haga negocio con ella", sostiene por su parte Darío, portavoz del Sindicato de vivienda de Carabanchel.

Aunque no existe un único perfil entre quienes tienen dificultades para conservar una vivienda, la portavoz de Inquilinas reconoce que sí se repiten factores que reducen el margen para afrontar una subida del alquiler, la pérdida de ingresos o un desahucio, como la precariedad laboral, la falta de ahorros, las bajas pensiones, las responsabilidades de cuidados o la ausencia de una red familiar.

Parra explica que al sindicato llegan desde personas que han trabajado toda su vida y se quedan en desempleo hasta pensionistas que viven solas, familias monomarentales, migrantes con empleos precarios y mujeres que han dedicado décadas al trabajo doméstico y de cuidados sin cotizar o con trayectorias laborales muy intermitentes.

"Si eres una mujer monoparental tienes que subsistir con tu propio sueldo, cuidar de tus hijas e hijos y cubrir alquileres excesivos", señala Parra sobre la especial vulnerabilidad de algunas familias.

Según el Observatorio de Feminización de la Pobreza de EAPN, una de cada dos mujeres que vive en un hogar monomarental está en riesgo de pobreza o exclusión social y la proporción alcanza el 55,5 % entre las mujeres de nacionalidad extracomunitaria. La brecha se prolonga además hasta la vejez, la pensión contributiva media de las mujeres se sitúa en 1.086 euros, frente a los 1.576 euros de los hombres, según el Instituto de las Mujeres.

Vista del ambiente este lunes en la acampada en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda. EFE/Laura de Grado

24.540 desahucios en 2025

El contexto tampoco ayuda. El precio de compra de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual solo en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un incremento que alcanza el 91 % en la última década, frente al aumento del 29,3 % de los salarios brutos medios y una inflación acumulada del 30,8 %, según el INE. Descontado el efecto de la inflación, la vivienda se ha encarecido aproximadamente un 46 %, mientras que los salarios han perdido un 1,2 % de poder adquisitivo.

Y mientras, en el segundo trimestre de este año, los juzgados practicaron 24.540 lanzamientos en 2025. El 71,7 % estuvo relacionado con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

A esa cifra escapan quienes abandonan una vivienda antes de que llegue el lanzamiento porque no pueden asumir una subida, acumulan deuda, termina su contrato o recurren a familiares, amistades o a una habitación compartida.

El propio Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reconoce una protección específica para víctimas de violencia de género y sexual, víctimas de trata y explotación, familias monoparentales y monomarentales, personas desahuciadas y personas sin hogar, e incorpora entre sus objetivos la perspectiva de género.

Sin embargo, esa protección específica no siempre se mantiene en la práctica. Ejemplo de ello es Valladolid, donde el nuevo protocolo de acceso a vivienda municipal sustituyó la categoría de "violencia de género" por la de "violencia doméstica", una decisión que el Consejo Municipal de las Mujeres pide revertir para recuperar su reconocimiento y prioridad específica.

Una acampada para que no haya más Maricármenes

La crisis de vivienda ha vuelto estos días al centro del debate político después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa del madrileño barrio de Retiro y cuyo caso ha desencadenado una movilización social que terminó el pasado fin de semana con cientos de personas acampadas en la Puerta del Sol y con réplicas en muchas ciudades españolas.

Entre tiendas, toldos improvisados, asambleas y espacios compartidos, la protesta se mantiene a la espera del Consejo de Ministros de este martes, en el que está previsto que el Gobierno presente un real decreto en materia de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas reclama que el Ejecutivo incorpore al decreto las medidas que el movimiento ha agrupado bajo el nombre de "decreto Maricarmen", entre ellas la renovación automática de los contratos de alquiler, la congelación de las rentas, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y una mayor regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

"No queremos que haya más Maricármenes en Madrid ni en España", señala Parra, para quien los contratos indefinidos y la congelación de precios constituyen una "línea roja".

Parra carga también contra el papel de los fondos de inversión y habla de una lógica "extractivista" en el mercado de la vivienda. A su juicio, durante años las administraciones "les abrieron las puertas y les pusieron la alfombra roja" para operar sin límites.

Vista del ambiente este lunes en la acampada en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda. EFE/Laura de Grado

Paca Blanco, ante un desahucio a los 77 años

Entre quienes estos días apoyan la acampada de Sol está Paca Blanco, histórica activista madrileña de 77 años, que afronta una orden de desahucio para el próximo 30 de noviembre.

Blanco vive en una vivienda social que fue adjudicada a su hijo, quien la acogió posteriormente, pero explica que la administración la considera una "ocupante ignorada". Ya consiguió paralizar un primer lanzamiento previsto para febrero y ahora se enfrenta a un segundo intento.

"Estoy aquí para apoyar al Sindicato de Inquilinas y, de paso, para que me apoyen a mí", resume.

Blanco enmarca su situación en una crítica más amplia a la especulación y sostiene que la crisis de vivienda atraviesa generaciones distintas: mientras muchas personas mayores temen perder la casa en la que han vivido durante años, los jóvenes afrontan alquileres cada vez más difíciles de asumir.

"Esta explosión de indignación de los jóvenes ante la falta de un techo para vivir no es solo de los jóvenes, también es de los mayores", reivindica.

Paca Blanco, histórica activista madrileña de 77 años, durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado

La activista critica especialmente que, cuando echan a una persona mayor de su vivienda, la alternativa que se le ofrece pase con frecuencia por ingresar en una residencia. "Que nos den un techo donde vivir, que nos dejen en paz en nuestras casas, que nos dejen morirnos a gusto", reclama.

La propuesta resulta especialmente dolorosa en su caso, Blanco es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer y sufrió violencia por parte de religiosas, por lo que califica de "irónico y cruel" que ahora se le plantee como posible solución una residencia gestionada por monjas.

Aun así, ve en la movilización de Sol una oportunidad para unir generaciones. "Tenemos que estar orgullosos de que la gente joven diga hasta aquí y apoyarlos", sostiene.

"Una vivienda universal, gratuita y de calidad"

Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, su portavoz, Darío, coincide en que las medidas que se adopten ahora pueden aliviar situaciones urgentes, pero advierte de que no bastan si no se modifica la lógica capitalista que ha convertido la vivienda en un negocio.

El sindicato se ha sumado a la acampada de Sol junto a otras organizaciones que llevan años movilizándose por el derecho a la vivienda y considera las reivindicaciones planteadas estos días por el Sindicato de Inquilinas un "mínimo" desde el que avanzar hacia cambios más profundos.

Entre sus propuestas, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel reclama una reducción drástica de los alquileres, contratos indefinidos que eviten expulsiones cada cinco o siete años y la expropiación de viviendas vacías y turísticas para incorporarlas al parque residencial, con el horizonte de garantizar, en sus palabras, "una vivienda universal, gratuita y de calidad".

Las medidas, defiende Darío, deberían "mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora" sin hacerlo "a costa de los impuestos" o de los salarios, sino reduciendo los beneficios de quienes obtienen rentabilidad del mercado de la vivienda.

"Una vivienda no podrá ser garantizada como un derecho y como una necesidad básica mientras sigamos en un sistema capitalista que permita que sea una mercancía y que se haga negocio con ella", sostiene.

La concentración de vivienda en manos de sociedades privadas es elevada en España. Según un análisis de El País a partir de los últimos datos del Catastro, correspondientes a 2025 y sin incluir País Vasco y Navarra, 263.619 sociedades poseen 1.076.753 viviendas, alrededor del 4 % del parque residencial. Además, apenas el 5 % de esas empresas concentra 562.513 inmuebles, más de la mitad de todas las viviendas en manos de sociedades privadas.

Es precisamente hacia "grandes propietarios, rentistas y fondos de inversión" hacia quienes el sindicato dirige buena parte de sus críticas, al entender que existe un conflicto entre la función social de la vivienda y su utilización como fuente de rentabilidad.

"Nos van a tener enfrente", advierte Darío, que plantea el conflicto en términos de "lucha de clases": "Están sus intereses contra los nuestros y sabemos que solo podemos ganar si es a su costa".