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Consejo de Europa exige formación en violencia de género para jueces

El Consejo de Europa exige a España formación obligatoria en violencia de género para jueces de custodia, según el informe de Grevio que destaca la necesidad de proteger a las niñas y los niños y mejorar la respuesta judicial y de servicios ante la violencia doméstica y sexual.

En su evaluación de España sobre el cumplimiento de la Convención de Estambul de lucha contra la violencia de género, el grupo de especialistas del Consejo de Europa (Grevio) justifica en un informe el carácter obligatorio de esa formación por los efectos negativos que tienen para las niñas y niños presenciar actos de violencia sobre sus madres.

También por la importancia de que los jueces tengan en cuenta esos problemas al pronunciarse sobre los derechos de custodia o en las acciones de mediación.

El Grevio insiste en que esos dictámenes tienen que atender al carácter particular de la violencia de género y la desigualdad entre las partes cuando se produce, ya que no es una mera situación conflictiva entre los cónyuges.

Suspensión de custodia por violencia de género

Por eso se felicita de que se haya introducido en la legislación española el principio de la suspensión para el maltratador de los derechos de custodia y visita de las niñas y niños expuestos a violencia de género.

Los expertos también reclaman una formación sobre la violencia y sobre la forma de tratar las necesidades particulares de las mujeres de grupos vulnerables para todos los profesionales encargados de trabajar con los víctimas o con los autores de esas infracciones.

Eso incluye a los profesionales de la Justicia, las fuerzas policiales, los servicios sociales, la sanidad y la educación.

La formación debe ir acompañada de unos protocolos estándar para que puedan identificar a las víctimas, prestarles apoyo y derivarlas a otros servicios especializados.

El Consejo de Europa también acoge favorablemente la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual adoptada en 2022, conocida como ley del 'sólo sí es sí', que penaliza todo acto sexual que no se base en el libre consentimiento expreso.

Consejo de Europa critica las reducciones de penas

Pero considera "lamentable" que su entrada en vigor -con la fusión de los delitos de agresión sexual y abuso sexual y la ampliación de la gama de sanciones- "permitiera la reducción de varios cientos de sentencias" que se habían dictado contra autores de violencia sexual.

Más allá de este episodio, que originó una controvertida reforma exprés de la ley para endurecer las penas, el Grevio estima que su plena aplicación servirá para "reducir significativamente el nivel de impunidad de la violencia sexual al provocar un aumento de las denuncias y una mayor eficacia en la investigación y en la persecución".

Retrasos en protección a víctimas

El Grevio critica que en casos de peligro inmediato, con la legislación vigente en España, las medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia o a sus hijos pueden tardar hasta 72 horas hasta que se dicta una medida de protección, como una orden de alejamiento, y eso "es demasiado" según la Convención de Estambul.

Por eso pide que se puedan dictar "órdenes de alejamiento de emergencia" y que se analice por qué en algunas partes de España el porcentaje de denegación de las medidas de protección es más alto.

Atención a colectivos vulnerables

Los expertos del Consejo de Europa observan "con particular preocupación" que las mujeres migrantes, refugiadas o con discapacidades o las que viven en el mundo rural son más a menudo víctimas de violencia de género, por lo que piden a las autoridades más dispositivos de protección y ayuda para esos colectivos.

Igualmente se inquietan por el incremento de denuncias de violaciones en grupo en las que tanto víctimas como autores suelen ser muy jóvenes, y lo relacionan con el efecto de la pornografía violenta.

La Convención de Estambul, diseñada para prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, exige a los países que la han ratificado como España (hasta ahora 38) que adopten leyes, políticas y servicios para minimizar estas situaciones