Indígenas Guatemala justicia

Lucía Xiloj, abogada de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (i) y Haydeé Valey, abogada de la ONG holandesa Impunity Watch (d), participan en una entrevista, en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

Condena por las violaciones a indígenas en Guatemala, el primer paso para alcanzar justicia

Emiliano Castro Sáenz | Ciudad de Guatemala - 8 febrero, 2022

La sentencia del pasado 24 de enero en contra de 5 paramilitares por violar sistemáticamente a 36 mujeres mayas achí, durante el conflicto armado interno (1960-1996) en Guatemala, es «un aliento para seguir con más fuerza» en busca de justicia, según dos de las jóvenes abogadas indígenas que llevaron el histórico caso en el país centroamericano.

Así lo afirma Haydeé Valey, abogada de la organización holandesa Impunity Watch, que junto a su colega, Lucía Xiloj, de la Asociación Bufete Jurídico Popular, fueron querellantes con el Ministerio Público (MP-Fiscalía) en el juicio contra los cinco paramilitares sentenciados.

Valey enfatiza, en una entrevista con Efe, que para las mujeres sobrevivientes de las agresiones sexuales «hay una gran carga emocional que se reaviva porque recientemente algunas dieron su declaración testimonial ante el tribunal».

Incluso una de ellas, Pedrina López de Paz, «logró reconocer de forma directa a dos de sus agresores» y «recordar, como dicen, es volver a vivir y eso es bastante doloroso», añade Valey.

El juicio en contra de los paramilitares inició el 5 de enero y concluyó el pasado 24 del mismo mes con una condena de 30 años de prisión para los 5 acusados, sindicados de violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el período más sangriento del conflicto armado interno.

El júbilo por la justicia tardó casi 40 años en llegar para la parte acusadora en contra de los sindicados, quienes al momento de cometer las violaciones eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno.

Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.

Para Valey y Xiloj, la condena de 30 años a cada responsable por los delitos de deberes contra la humanidad es también el comienzo de más investigaciones, además de una victoria de sentimientos encontrados, con la alegría por alcanzar una justicia esquiva y el trauma de los mismos testimonios.

El valor de la condena por las violaciones a indígenas

En opinión de Valey, la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo A guatemalteco de condenar a los paramilitares «es un aliento para seguir con más fuerza, con más decisión, para continuar esa lucha por la justicia porque sabemos que todavía hace falta que este caso se siga discutiendo no solo contra los autores intelectuales, sino porque también hay otras tres personas que están en libertad y que están vinculadas a este caso».

De igual forma, Xiloj considera que es solo el inicio del proceso judicial, pues «hay que seguir buscando justicia para el resto de las mujeres que posiblemente no identificaron a personas concretas porque no eran de la comunidad, eran militares que venían de otros departamentos, pero ahí hay otro tipo de responsabilidad que también tiene que ser deducida», dice a Efe.

Aparte, añade la abogada de la Asociación Bufete Jurídico Popular, también debe avanzar «el acompañamiento psicoemocional para algunas de las mujeres, porque también el tener un resultado positivo las afecta, por todo lo que han tenido que enfrentar en todo este proceso».

Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, de acuerdo con la Fiscalía.

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 personas asesinadas y 45.000 desaparecidos, más del 90 % de ellos a manos del Estado, según informes independientes de la Organización de Naciones Unidas.

El largo camino a la justicia en Guatemala

Valey valora aún más la sentencia condenatoria favorable debido al momento que atraviesa la justicia guatemalteca, una que ha dado ejemplos al mundo de poder enjuiciar por genocidio a exdictadores o encarcelar a expresidentes salientes en el pasado, pero que ahora vive horas bajas con señalamientos de cooptación por poderes ocultos.

«Es cierto que el sistema de justicia todavía pareciera estar cooptado, permeado de corrupción, incluso si hablamos de los índices de impunidad, los casos demoran años en que puedan ser resueltos y si hablamos de los casos de justicia transicional, el tiempo que lleva un caso resolverse es mucho más largo», menciona Valey.

La jurista es consciente que existen «juezas y jueces que siguen favoreciendo a militares y esto es lo que impide que estos casos puedan avanzar con la rapidez que se esperaría».

Por eso es aún más admirable el temple de las mujeres achí y eso lo reconoce la abogada Xiloj, quien ve en sus defendidas a sus propias abuelas y a su madre, «porque las señoras tienen entre 58 y 80 años, entonces bien pueden ser la mamá o la abuela de cualquier persona en Guatemala» y «se les debe creer cuando denuncian estas violencias».

Las mujeres, concluye, «generalmente estamos estigmatizadas, hay prejuicios cuando denunciamos las violencias que como mujeres vivimos (…) por ser mujer, por ser indígena, por ser joven indígena, por ser pobre. Y este caso es muy importante para reflejar que en cualquier circunstancia las mujeres tienen voz y derecho a que se les haga justicia y se les trate de manera digna en un proceso».