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Mujeres se manifestaron en los exteriores del Congreso previo a la aprobación de la ley del aborto en 2020. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/ Archivo

La falta de información limita el acceso al aborto en Argentina, denuncia AI

Cristina Bazán | Guayaquil - 30 diciembre, 2021

La falta de información sobre el acceso al aborto legal se ha convertido en una barrera para las mujeres y personas gestantes durante el primer año de la implementación de la ley, aprobada por el Congreso y Senado de Argentina en diciembre de 2020, ha denunciado Amnistía Internacional (AI).

«Lograr la efectiva implementación de la ley exige que se desarrollen políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales de la salud, garantizar el acceso al misoprostol (…) y garantizar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las mujeres y personas gestantes, entre otras cuestiones», señala la organización en un reciente informe.

Sin embargo, agrega, a un año de la aprobación de la ley N° 27.610, los desafíos que enfrentan las mujeres y personas gestantes para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo comienzan por conocer cómo y dónde hacerlo: no se ejerce un derecho que no se conoce.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue promulgada por el presidente argentino, Alberto Fernández, el 14 de enero de 2021, tras su aprobación en el Senado el 30 de diciembre de 2020. Desde esa fecha, está permitido abortar hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.

La falta de información limita el acceso al aborto

Según AI, durante este año ni el Estado nacional ni los estados provinciales han realizado campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto. Solo en algunas ciudades o provincias se han realizado «acciones aisladas de difusión».

«Pese a la enorme trascendencia sobre la conquista del derecho al aborto como ley nacional, aún existen muchos rincones del país donde las mujeres desconocen a qué hay derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, su gratuidad, quiénes están obligados a garantizarlo y dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso», recoge el documento.

Según cifras del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, el Estado argentino ha garantizado 32.785 interrupciones del embarazo en el sistema público de salud.

Sin embargo, dentro de la investigación publicada por la organización, la psicóloga Alejandra Rassaroli explica que la información «circula por las experiencias» que cada una de las mujeres que acceden a un aborto va teniendo. «Es un boca a boca», mas no una información difundida de manera oficial.

En la provincia de Catamarca, por ejemplo, una organización de la sociedad civil que acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo ha reportado que, de un total de 133 mujeres y personas gestantes, el 46,8% manifestó no saber que podía solicitar un aborto voluntario en el sistema de salud.

«La desinformación sostiene el estigma en torno al aborto, con efectos inhibitorios y/o disuasorios que alejan a las personas del sistema sanitario. Además, pone en riesgo la salud y la vida de las personas y tiene un impacto discriminatorio respecto de las personas en situación de vulnerabilidad», afirma AI.

Las consecuencias de los obstáculos

Debido a la falta de información oficial, las mujeres y personas con capacidad de gestar que han querido acceder a un aborto en Argentina han tenido que visitar distintos centros de salud y hablar con un sinnúmero de personas hasta dar con los datos adecuados.

“Estuve buscando por todos lados alguna ayuda y me dan mil vueltas […], yo sinceramente hace dos semanas vengo con las vueltas de todo el mundo. Ya estoy re desesperada, tengo 9 semanas y nadie me dice nada, no sé dónde llamar ya”, dijo a un equipo de AI una de las mujeres que buscaba interrumpir su embarazo.

Pero, además, la desinformación las hace víctimas de situaciones que vulneran sus derechos. «En la cartelería del Hospital Regional de Río Grande, en Tierra del Fuego, se difunde información sobre un 0800 no oficial presentándose como una línea “para acompañar embarazos inesperados”. Según información brindada por profesionales de la salud del establecimiento, esta línea es atendida por personas que buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar, se detalla en la investigación.

También hay reportes sobre las dificultades para comunicarse con la línea real 0800, que brinda atención personalizada para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de producción de datos y estadísticas oficiales, desagregadas por jurisdicción, que permitan hacer un diagnóstico integral de los desafíos en la implementación de la ley en todo el país. Esto, según la organización ayudaría a garantizar una mayor eficacia en el diseño e implementación de planes de acción y políticas de acceso a la salud sexual y reproductiva.

En ese sentido, la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, también ha pedido un «efectivo cumplimiento» de la ley y su implementación en todo el país.