Suscríbete a nuestra newsletter "Sin permiso"

#YoSíTeCreo: Diez años de La Manada, el caso que transformó la respuesta a la violencia sexual en España

La violación múltiple perpetrada por cinco hombres que se hacían llamar "La Manada" contra una joven de 18 años, el 7 de julio de 2016 durante los sanfermines de Pamplona, supuso un punto de inflexión en España en la forma de nombrar, juzgar y combatir la violencia sexual.

El caso puso en cuestión la respuesta judicial a las agresiones sexuales y desencadenó una movilización feminista sin precedentes que dio lugar a una modificación del Código Penal y a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "solo sí es sí".

La nueva ley, que eliminó la distinción entre abuso y agresión e incluía una repuesta global -y no solo penal- a las supervivientes con varios ejes: prevención, atención, sanción, especialización y reparación, fue celebrada como una conquista feminista, pero un fallo en su redacción acabó provocando la revisión y rebaja de condena de cientos de agresores sexuales -incluida la de tres de los violadores de La Manada- y una grave crisis política.

Las rebajas de las penas opacaron, según varias expertas, los avances de la norma en protección de víctimas, prevención y especialización de operadores policiales y jurídicos.

El caso de La Manada impulsó en España la cuarta ola del feminismo, que ya venía marcada por la movilización en redes sociales, el #MeToo, el 8M, la denuncia de la violencia sexual y otro caso que había dejado una huella muy profunda en Pamplona y tuvo una gran reacción feminista en torno a la violencia machista y sexual en fiestas.

Ocho años antes, durante los Sanfermines de 2008, Pamplona vivió el intento de violación y asesinato de Nagore Laffage. La joven, de 20 años, fue asesinada por José Diego Yllanes, condenado después por homicidio y cuya pena se vio rebajada por ir bebido. Aquel crimen, y el incansable trabajo de su madre, Asun Casasola, dieron lugar a años de movilización, de protocolos contra las agresiones sexistas y de campañas de "no es no", que se convirtieron en un símbolo de la exigencia de justicia con perspectiva de género y de la denuncia de una cultura de la violación que normalizaba el acoso, la intimidación y la violencia contra las mujeres en contextos festivos.

Los hechos

En la madrugada del 7 de julio de 2016 cuando cinco jóvenes sevillanos, que se hacían llamar La Manada, introdujeron a una joven de 18 años en el portal de un edificio del centro de Pamplona, donde, en un espacio pequeño y sin ninguna posibilidad de escape, la acorralaron, violaron y grabaron parte de lo ocurrido con sus teléfonos.

La víctima denunció los hechos y los agresores, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Alfonso Jesús Cabezuelo (militar), Ángel Boza y Jesús Escudero, de entre 24 y 27 años, fueron localizados horas más tarde, cuatro de ellos en la plaza de toros y el quinto en un coche aparcado en la ciudad. Dos días después, el 9 de julio, el juez decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

Desde el primer momento, Pamplona activó una respuesta institucional y social de rechazo: el Ayuntamiento mostró su "más absoluto rechazo", expresó su apoyo a la víctima, convocó a la ciudadanía a una concentración silenciosa organizada por el movimiento feminista y, posteriormente, se personó en la causa.

Verano de 2016, un antes y un después

El caso hizo visible un problema tan generalizado como invisibilizado: las numerosas violaciones y agresiones sexuales que se cometen en fiestas populares y festivales multitudinarios. También propagó por toda España una ola de solidaridad con las víctimas y consolidó una contundente respuesta pública a las agresiones sexuales. Pamplona, ​​que ya defendía unas fiestas con "tolerancia cero", reforzó su papel como referencia en prevención, denuncia y acompañamiento. Su reacción fue aplaudida por colectivos feministas por su trabajo para visibilizar estas violencias y por su implicación en la acción colectiva.

Tras numerosas protestas y actos públicos, un año y cuatro meses después de la agresión, el 13 de noviembre de 2017, comenzó el juicio, a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima.

La Fiscalía defendió que se trataba de un delito continuado de agresión sexual, además de delitos contra la intimidad y robo con intimidación, mientras las defensas insistían en que las relaciones fueran consentidas.

Durante la vista oral tuvo lugar una intensa respuesta feminista a decisiones como la incorporación de un informe de detectives sobre la vida posterior de la joven agredida. Asociaciones como Lunes Lilas y Andrea denunciaron ante el Palacio de Justicia de Pamplona que el proceso no podía convertirse en un juicio a la denunciante y hablaron de un sistema judicial machista que cuestionaba la versión de la víctima y su conducta tras la agresión.

El 26 de abril de 2018, seis meses después el inicio del proceso judicial, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó sentencia: nueve años de prisión para cada uno de los cinco agresores por abuso sexual con prevalimiento, no por agresión sexual.

La sentencia, el detonante

La sentencia fue el detonante de protestas multitudinarias en Pamplona, que rápidamente se extendieron a otras ciudades, bajo lemas como "No es abuso, es violación", "Yo sí te creo", "Solo sí es sí", "Hermana, aquí está tu manada" y "No estás sola". En sus multitudinarias protestas, el movimiento feminista no solo cuestionaba la sentencia, sino que también rechazaba la calificación penal vigente en aquel momento cuestionando de raíz un marco jurídico y cultural que, a su juicio, seguía exigiendo a las víctimas signos de violencia o resistencia para reconocer la violación.

La asociación Mujeres Juristas lamentó que esa interpretación reforzara un imaginario en el que la víctima debía elegir entre confrontar o ceder "como mal menor", ​​y advirtió de que desdibujaba la construcción del consentimiento.

El voto particular que desató la indignación

Además, la polémica sobre la sentencia se agravó por el voto particular de uno de los magistrados, partidario de la absolución.

El magistrado Ricardo Javier González discrepó de la condena por abuso sexual y defendió la absolución de los cinco acusados. A su juicio, no quedaba probado que la joven actuara bajo violencia, intimidación o ausencia de consentimiento, y llegó a decir que, en los vídeos grabados por los acusados, él veía un clima de "jolgorio y regocijo", cuestionando la versión de la víctima y en contra de la sentencia mayoritaria, que sí condenó a los acusados por abuso sexual, aunque no por agresión sexual al no apreciar violencia o intimidación.

Y es que antes de la ley del "solo sí es sí", el Código Penal español diferenciaba entre abuso y agresión sexual en función de la existencia de violencia o intimidación. Los actos sexuales sin consentimiento, pero en los que no se apreciaban esos elementos, se calificaban como abuso sexual, con penas menores.

En cambio, cuando mediaba violencia o intimidación, se consideraban agresión sexual y, si había penetración, violación. La reforma eliminó esa distinción y unificó todas las conductas sexuales no consentidas bajo el delito de agresión sexual.

La reforma penal

Un mes más tarde de la decisión de la Audiencia de Navarra, el 28 de mayo de 2018, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra recurrieron la sentencia al considerar que sí había existido violencia e intimidación por el número de agresores, su fuerza y ​​la situación en la que quedó atrapada la víctima.

Siete meses después, el 5 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena de 9 años de prisión, con dos votos discrepantes que defendían calificar los hechos como agresión sexual.

Después, la causa se elevó al Tribunal Supremo mediante los recursos de casación interpuestos por todas las partes personadas.

Así, la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares en nombre del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona sostuvieron en sus recursos que lo ocurrido no debía calificarse como abuso sexual, sino como agresión sexual, y exigían una condena más grave. En este sentido, la Fiscalía pidió que la pena pasara de 9 a 18 años de prisión para cada uno de los acusados.

Por el contrario, las defensas de los cinco condenados pidieron su absolución e insistieron en que las relaciones fueron consentidas.

El descontento social tras la decisión de la Audiencia de Navarra, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, impulsó un debate sobre el Código Penal y, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó revisar los delitos sexuales de la ley para lo que se creó una comisión de expertos en el Ministerio de Justicia y distintas iniciativas para modificar la norma sobre delitos sexuales.

En paralelo a esa revisión, el 21 de junio de 2019, se conoció la decisión del Tribunal Supremo, que elevó las penas condenatorias de los agresores de nueve a quince años y sentenció que los cinco cometieron un delito continuo de violación. El alto tribunal corrigió así la interpretación anterior al apreciar un "auténtico escenario intimidatorio" en el que la víctima no consintió y dio la razón a una parte sustancial de las reclamaciones feministas y de las acusaciones, lo que supuso un punto de inflexión en la forma en que hasta ese momento se habían juzgado las violencias sexuales.

Esta nueva sentencia supuso una victoria jurídica para la víctima, la Fiscalía y las acusaciones populares. En su recurso, la Fiscalía había sostenido que no era "admisible" exigir a las víctimas "actitudes heroicas" para apreciar la intimidación. Ese argumento se convirtió en una de las claves del cambio de enfoque: la ausencia de resistencia no podía seguir interpretándose como consentimiento.

Nuevo Gobierno, nueva ley

Meses después de la decisión del Supremo, y ya con el Gobierno de coalición constituido en enero de 2020, el impulso político de la reforma pasó al Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, quien, en febrero, anunció una ley integral de libertad sexual cuyo anteproyecto fue aprobado en marzo por Consejo de Ministros, en medio de negociaciones y tensiones con el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Juan Carlos Campo.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 6 de julio de 2021 y el Congreso la aprobó definitivamente el 25 de agosto de 2022.

El consentimiento en el centro

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí" supuso un cambio de paradigma legislativo: eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, situó el consentimiento en el centro y demostró que todo acto sexual sin consentimiento es agresión, algo que para el movimiento feminista supuso la traducción legislativa de la exigencia surgida en calles tras la sentencia de la Manada.

La ley se apoya en varios pilares: prevención, atención, sanción, especialización y reparación de las supervivientes, con la idea de ofrecer una respuesta más completa y no solo penal.

La entonces fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, defendió la regulación del consentimiento expreso por su "efecto pedagógico" y porque obligaba a los operadores jurídicos a asegurarse de que existe consentimiento para ese acto sexual concreto.

También rebatió la objeción del CGPJ sobre una supuesta inversión de la carga de la prueba y afirmó que seguiría correspondiendo a la Fiscalía y a las acusaciones demostrar que no existía consentimiento.

Nuevas realidades y agravantes

La nueva norma cambió la forma de abordar los delitos sexuales en España al situar el consentimiento en el centro. El cambio fundamental fue la eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual: todo acto sexual sin consentimiento pasa a ser considerado agresión. Además, la víctima ya no tiene que acreditar que hubo violencia, intimidación o resistencia, porque la clave jurídica pasa a ser si hubo una manifestación libre y clara de la voluntad.

Entre sus principales avances, la norma amplía la protección más allá de la pareja o expareja y entiende la violencia sexual como una forma de violencia machista. También incorpora nuevas realidades y agravantes, como la sumisión química, y conductas típicas como el acoso callejero.

En lo que respecta a las víctimas, uno de los aspectos más relevantes es que busca evitar su revictimización y facilitar una atención integral. Para ello, se incorporan recursos como los centros de crisis 24 horas con asistencia psicológica, jurídica y social, así como el reconocimiento de derechos de atención y protección para mujeres, niñas y niños.

Finalmente, la Ley de garantía integral de la libertad sexual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de septiembre de 2022 y, un mes más tarde, el 7 de octubre, entró en vigor.

Los efectos no previstos de la norma

Pese al avance que supuso, la ley acabó teniendo efectos indeseados no previstos de enorme impacto: la reducción de algunas horquillas penales, con la rebaja de algunas penas mínimas, abrió la puerta a cientos de revisiones y rebajas de condena que, en muchos casos dieron lugar a excarcelaciones de agresores sexuales, una situación que desencadenó la peor crisis del Gobierno de coalición.

El fallo tuvo su origen en una mala técnica legislativa en la reforma penal: la ley unificó los antiguos delitos de abuso sexual y agresión sexual en una sola categoría -agresión sexual- y, al rehacer las horquillas de penas, algunos mínimos bajaron. Por ejemplo, la violación quedó castigada con 4 a 12 años, cuando antes algunos supuestos de agresión sexual con penetración partían de mínimos más altos. Al existir penas nuevas más favorables, los tribunales tuvieron que aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más beneficiosa para el reo, previsto en el artículo 2.2 del Código Penal.

La ley salió del Gobierno como una norma conjunta impulsada por varios ministerios -Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Derechos Sociales-; pasó por los informes y tramitaciones necesarios -anteproyecto, memoria de impacto normativo, proyecto aprobado por el Consejo de Ministros-; recibió los informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado; pasó por comisión y pleno en el Congreso; fue al Senado; volvió al Congreso para la aprobación definitiva de las enmiendas del Senado; se publicó en el BOE el 7 de septiembre de 2022 y entró en vigor el 7 de octubre de ese año.

Seis meses después de su entrada en vigor, en abril de 2023, el PSOE acabó pactando con el PP una reforma urgente, con el rechazo de Unidas Podemos, para corregir los llamados "efectos indeseados". Esa reforma entró en vigor el 29 de abril de 2023, pero no tuvo efecto retroactivo ya que, según el derecho penal, solo pueden aplicarse hacia atrás las normas que benefician al reo.

Al endurecer de nuevo algunas penas, la modificación no podía aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigor ni servir para revertir rebajas ya acordadas, por el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, por lo que los hechos anteriores siguieron juzgándose conforme a la ley vigente en el momento en que se cometieron, salvo que la nueva norma resultara más favorable para el acusado.

Según datos del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la aplicación de la nueva ley supuso al menos 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones.

Rebaja de la pena a uno de los violadores de La Manada

El caso más mediático tuvo lugar en septiembre de 2023 cuando, en aplicación de la nueva ley, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajó de quince a catorce años la pena a Ángel Boza, uno de los miembros de La Manada, una decisión que contó con el voto discrepante de una magistrada, que defendía tomar en consideración la gravedad de los hechos, la igual que había planteado la Audiencia de Navarra pero, en junio de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la rebaja de la pena.

La rebaja a Ángel Boza reavivó el enfrentamiento político. El PP cargó contra el Gobierno que admitió "efectos indeseados" mientras defendía el núcleo de la ley. Irene Montero atribuyó el "error garrafal" al Ministerio de Justicia y, en diciembre de 2023, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió disculpas a las víctimas por esos efectos, aunque defendió que ya estaban corregidos y reclamó poner el foco en que seguía siendo "una buena ley".

Posteriormente, en febrero de 2025, la Audiencia de Navarra rebajó de quince a catorce años las penas de José Ángel Prenda y Jesús Escudero, y el TSJN confirmó esa rebaja en abril de 2025.

Las rebajas de las pena opacaron, según varias expertas, los avances de la norma en protección de víctimas, prevención y especialización de operadores policiales y jurídicos.

Los cinco condenados diez años después

Al analizar los móviles de los detenidos durante la investigación del caso de La Manada, la Policía encontró vídeos grabados en mayo de 2016 en los que aparecía una joven inconsciente en un coche en Córdoba siendo agredida por varios miembros de La Manada. Se localizó a la víctima, vecina de Pozoblanco, y se abrió una segunda causa contra cuatro miembros del grupo: todos salvo Ángel Boza. Un caso que aumentó sus penas de cárcel.

Diez años después de la violación grupal de Pamplona, según ha publicado El País, los cinco violadores siguen cumpliendo condena en prisión.

Cabezuelo cumple una condena total de 21 años y un mes: 15 por la violación de Pamplona, tres años y tres meses por el delito contra la intimidad vinculado a las imágenes de aquella agresión y dos años y diez meses por Pozoblanco. Guerrero tiene la pena más alta, 23 años y un mes, por esos mismos delitos y el robo del móvil. Ninguno de los dos vio reducida su condena.

Ángel Boza es quien tiene la condena más baja: 14 años por la violación de Pamplona, ya que no fue condenado por Pozoblanco ni por las imágenes de los Sanfermines. Prenda suma 18 años y seis meses: 14 por Pamplona y cuatro años y seis meses por Pozoblanco, donde recibió más pena por difundir los vídeos. Escudero cumple 16 años y diez meses: 14 por Pamplona y dos años y diez meses por Pozoblanco.

Una década y otra mirada sobre la violencia sexual

Diez años después de aquella madrugada de Sanfermines, el caso sigue siendo una referencia para entender la violencia sexual en España. Ha conformado la manera en la que gran parte de la sociedad, sobre todo las mujeres, ponen nombre a las violencias sexuales que sufren, y ha modificado la manera de nombrarlas, narrarlas, juzgarlas y combatirlas.

La fuerza del movimiento social puso de manifiesto que una justicia feminista exige leyes bien hechas, recursos y una transformación cultural profunda para acabar con la cultura de la violación tan arraigada en la sociedad.

Cronología

7 de julio de 2016

Una joven de 18 años denuncia haber sido violada en grupo en un portal del centro de Pamplona durante los sanfermines. Pocas horas después, cinco hombres son detenidos por la agresión; cuatro son localizados en la plaza de toros viendo el encierro y el quinto en un coche aparcado en la ciudad.

7 de julio de 2016

El Ayuntamiento de Pamplona expresa su rechazo a la agresión, muestra su apoyo a la víctima y convoca a la ciudadanía a una concentración silenciosa organizada por el movimiento feminista.

9 de julio de 2016

El juez decreta el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los cinco detenidos.

10 de julio de 2016

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha el procedimiento para personarse como acusación popular en la causa.

9 de agosto de 2016

El juez procesa a los cinco encausados ​​por agresión sexual y robo con violencia o intimidación y les impone una fianza de 500.000 euros.

13 de noviembre de 2017

Comienza en Pamplona el juicio por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Los acusados ​​se declaran inocentes y las defensas sostienen que las relaciones fueron consentidas.

20 de noviembre de 2017

El juicio se reanuda con la presentación de pruebas periciales. La Fiscalía mantiene la acusación por delito continuo de agresión sexual, además de delitos contra la intimidad y robo.

22 de noviembre de 2017

Una concentración ante el Palacio de Justicia denuncia que el proceso no puede convertirse en un juicio hacia la víctima. Colectivos feministas critican la admisión de pruebas sobre su vida posterior.

26 de abril de 2018

La Audiencia de Navarra condena a los cinco acusados ​​a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento, no por agresión sexual. La sentencia provoca una oleada de indignación y protestas feministas en Pamplona que se extienden por toda España.

26 de abril de 2018

La asociación Mujeres Juristas advierte de que la sentencia refuerza un imaginario en el que la víctima de una violación debe elegir entre confrontar o ceder "como mal menor", y alerta del grave precedente que supone para la libertad sexual de las mujeres.

Abril de 2018

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encarga revisar los delitos sexuales en el Código Penal.

28 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Pamplona presenta un recurso de apelación y defiende que los hechos deben calificarse como agresión sexual por la existencia de violencia e intimidación.

5 de diciembre de 2018

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la condena de nueve años por abuso sexual.

3 de enero de 2019

Un tribunal mantiene la libertad provisional de los cinco condenados mientras se resuelven los recursos pendientes, decisión que vuelve a provocar indignación social.

20 de junio de 2019

En la víspera de la sentencia del Supremo, se recuerda el argumento central de la Fiscalía: no es admisible exigir a las víctimas "actitudes heroicas" para apreciar intimidación.

21 de junio de 2019

El Tribunal Supremo eleva las condenas a quince años de prisión para cada uno de los cinco miembros de La Manada y determina que cometieron un delito continuo de violación.

5 de febrero de 2020

La ministra de Igualdad, Irene Montero, anuncia una ley integral de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que tocará el Código Penal.

3 de marzo de 2020

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, tras negociaciones entre Igualdad y Justicia.

11 de junio de 2021

La fiscal Teresa Peramato defiende la regulación del consentimiento expreso en la futura ley del "solo sí es sí", reivindica su "efecto pedagógico" y rechaza que se invierta la carga de la prueba.

6 de julio de 2021

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentado como respuesta legislativa al clamor social surgido tras el caso.

25 de agosto de 2022

El Congreso aprueba definitivamente la legislación, que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y sitúa el consentimiento en el centro.

7 de septiembre de 2022

El BOE publica la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

7 de octubre de 2022

Entra en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

16 de noviembre de 2022

La Audiencia de Navarra recibe una primera petición de rebaja de condena relacionada con la nueva ley. En ese momento se apunta que no parecía aplicable al caso de La Manada, aunque existían opiniones jurídicas distintas.

21 de noviembre de 2022

La defensa de Ángel Boza solicita formalmente la revisión de su condena en aplicación de la ley del "solo sí es sí".

6 de febrero de 2023

La Audiencia de Navarra rechaza inicialmente rebajar la pena a Ángel Boza y sostiene que los quince años siguen siendo proporcionadas también con la nueva regulación.

20 de abril de 2023

El Congreso aprueba la reforma impulsada por el PSOE, con apoyo del PP y rechazo de Unidas Podemos, para corregir los efectos de las rebajas de pena derivadas de la aplicación de la ley del "solo sí es sí".

29 de abril de 2023

Entra en vigor la reforma de la ley, aunque no tiene carácter retroactivo y no puede impedir revisión de condena ya posible.

5 de julio de 2023

El CGPJ informa de al menos 1.155 rebajas de condena y 117 excarcelaciones en aplicación de la ley hasta el 1 de julio de 2023.

12 de septiembre de 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja de quince a catorce años la pena a Ángel Boza. La resolución incluye un voto discrepante de una magistrada que apela a la gravedad de los hechos. Teresa Hermida, abogada de la víctima, anuncia un recurso.

13 de septiembre de 2023

El Ayuntamiento de Pamplona anuncia que recurrirá la rebaja. La alcaldesa Cristina Ibarrola lamenta la decisión y admite que la ley ampara lo que está sucediendo.

4 de junio de 2024

El Tribunal Supremo confirma la rebaja de quince a catorce años de prisión para Ángel Boza Manada.

27 de febrero de 2025

La Audiencia de Navarra rebaja de 15 a 14 años las penas de José Ángel Prenda y Jesús Escudero.

25 de abril de 2025

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó esas dos rebajas, por lo que ya eran tres de los cinco condenados los beneficiados por la ley del "solo sí es sí": Boza, Prenda y Escudero.

23 de junio de 2025

Se concedió el primer permiso penitenciario de cuatro días a Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar de La Manada, preso en Topas, tras haber cumplido una cuarta parte de la condena y contar con informes favorables.