La violencia contra las mujeres se exacerba y normaliza en contextos de alta criminalidad

El auge de grupos criminales que se registra en países de América Latina y el Caribe tiene graves consecuencias para las mujeres, pues la violencia machista se exacerba, se normaliza y pasa desapercibida en contextos de alta criminalidad, según ha alertado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un reciente informe, la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, analiza el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes que viven en los países del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), donde amplias zonas de sus territorios están afectados por la presencia de pandillas criminales, o "maras", lo que pone en extrema vulnerabilidad a las mujeres y a personas LGBTIQ+.

"Las adolescentes y las mujeres jóvenes se ven especialmente expuestas a diversas formas de violencia sexual, explotación, tratos crueles, humillantes y degradantes, y homicidios por parte de integrantes de grupos criminales que utilizan su situación de poder para ejercer violencia contra ellas. Así, a las altas cifras de violencia de género que ya enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en estos países, se suma la ejercida particularmente por las pandillas y otros actores del crimen organizado", detalla la Comisión en el documento.

Sin embargo, al momento de analizar el fenómeno y la repercusión del alza de delitos en sus comunidades, los Gobiernos no han estudiado en profundidad el vínculo entre el actuar del crimen organizado y la violencia de género contra las mujeres, lo que provoca que las medidas que toman para enfrentar el problema carezcan de perspectiva de género.

La violencia contra las mujeres y la alta criminalidad

La Comisión afirma que en situaciones de violencia social y altos índices de criminalidad, el riesgo de las mujeres, niñas y adolescentes a sufrir violencia de género incrementa, pues "todas las formas de violencia contra las mujeres y los actores que las perpetúan se suman y se agravan, como una expresión adicional de las relaciones patriarcales históricamente construidas".

El organismo también destaca que la violencia basada en género contra las mujeres que se ejerce en y resultado de contextos de criminalidad organizada "pasa desapercibida, es normalizada y recibe menos atención" que otras formas de violencia social por parte del Estado y las instituciones; ello a pesar de sus preocupantes dimensiones, incidencia e impacto en el ejercicio de otros derechos".

"Al haberse normalizado la violencia de género contra las mujeres en estos contextos, la impunidad en la que esta violencia permanece es también característica de la situación de vulnerabilidad en la que las mujeres, niñas y adolescentes se encuentran", alerta.

En los países del norte de Centroamérica, la tolerancia y normalización se registra mayoritariamente en zonas rurales. En Guatemala, por ejemplo, en zonas rurales como San Marcos y Huehuetenango, centros de producción de opio y marihuana, así como ruta de tráfico de drogas y de contrabando, las niñas sin padres y las mujeres sin pareja masculina son especialmente vulnerables, lo que evidencia la idea patriarcal de que las mujeres pertenecen y deben de estar salvaguardadas como objetos por parte de una figura masculina, señala la CIDH.

La situación en El Salvador, Honduras y Guatemala

Según datos del Observatorio Infosegura recogidos en el informe, en Honduras las muertes violentas de mujeres han disminuido más lentamente que las de los hombres entre el 2013 y 2020. Y aunque la mayoría de los homicidios, tanto de hombres como de mujeres, se cometen con arma de fuego, en los casos de las mujeres prevalece el arma blanca, el arma contundente y el estrangulamiento.

"Además, la CIDH destaca que estos crímenes se realizan con particular ensañamiento contra las mujeres e indican un patrón de violencia extrema contra ellas que incluye secuestros, desapariciones, torturas en las llamadas 'casas locas', mutilaciones, desmembramientos, aplastamientos del rostro, quemaduras en el cuerpo y demás crímenes de odio", afirma la organización.

La Comisión ha advertido también que, a pesar de la tipificación del asesinato violento de mujeres bajo la figura de femicidio, persiste una situación de impunidad dado que en más del 90% de los casos los asesinatos de mujeres continúan sin esclarecerse.

El Salvador, por su parte, continúa registrando el mayor número de asesinatos de mujeres en la región. La CIDH también advierte que en este país "las muertes violentas de mujeres muestran signos de especial odio y ensañamiento, como en los casos de asfixias, ahorcamientos y agresiones con machete".

En Guatemala, la CIDH observa que la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en el país, especialmente la violencia sexual. Según datos del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en el 2020 se registraron 54.907 denuncias de violencia contra las mujeres, y 12.308 denuncias por delitos sexuales; en el 2021, las cifras aumentaron a 60.999 y 15.553 respectivamente.

"Con relación a ello, la CIDH ha observado que Guatemala presenta una de las tasas más elevadas de fecundidad en adolescentes en Centroamérica. Datos recabados por la sociedad civil indican que en el 2021 se registraron 2.124 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, y 97.478 en adolescentes entre 15 y 19 años", señala la Comisión.

Las dinámicas de la violencia

En las pandillas está normalizada "la hípermasculinidad de sus miembros hombres y su dominio sobre las mujeres". A ellas, por su condición de género, se las considera inferiores a los hombres.

Por esta razón, los varones tienen que "controlar y someter a las mujeres por medio de diversas formas de violencia", dice la CIDH. A los miembros de las pandillas se los amenaza y/o violenta si muestran debilidad al no poder "controlar a sus mujeres", incluyendo si una mujer desafía sus instrucciones o se niega a aceptar el lugar que se les "asigna".

En cuanto a la vinculación de las mujeres, niñas y adolescentes con grupos criminales, la Comisión ha observado que muchas son reclutadas de manera forzosa por estos grupos a través de presiones, amenazas y acosos, mientras que otras se ven involucradas luego de ser víctimas de trata o secuestros. También ha observado que, por diversas razones que vician su voluntad, en muchos casos su ingreso a grupos criminales sería aparentemente voluntario.

"Se observa que las niñas son utilizadas por las organizaciones criminales debido a que, por un lado, a su edad son inimputables y, por otro lado, podrían pasar más desapercibidas ante las autoridades debido a su edad y su género", menciona el informe.

En territorios dominados por pandillas, el riesgo de sufrir violencia sexual de camino a la escuela hace que muchas familias tomen la decisión de alejarlas de sus estudios como medida de protección.

Las mujeres también han sido víctimas de violencia por parte de uno o varios miembros de una pandilla, e inclusive de varias pandillas, se ven forzadas a convivir con sus victimarios y son frecuentemente revictimizadas.

Asimismo, aquellas involucradas con las pandillas se enfrentan a múltiples formas de violencia, tales como: violencia psicológica, incluyendo acoso y amenazas; violencia doméstica e intrafamiliar; violencia sexual, incluyendo violaciones grupales, esclavitud sexual y prostitución forzada; uniones, noviazgos o matrimonios forzados; control de sus procesos reproductivos, como embarazos o abortos forzados; trata de personas; desapariciones y homicidios basados en su género.

Medidas para frenar la violencia

La CIDH advierte con preocupación la falta de información confiable y actualizada que analice en profundidad la relación entre el fenómeno del crimen organizado y el de la violencia y discriminación de género contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Por lo que recomienda, entre otras cosas, recolectar datos, crear bases estadísticas e informes que profundicen en la comprensión del fenómeno de la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes y su relación con el contexto general de violencia social e inseguridad.

La Comisión cree que es fundamental transversalizar la perspectiva de género, con enfoque interseccional e intercultural, en estudios y análisis sobre seguridad ciudadana.

Además, llama a los tres países a fortalecer los programas y sistemas de atención para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia de género; adoptar medidas oportunas, prácticas y efectivas para protegerlas de la violencia y garantizar instancias de justicia especializadas, investigaciones con enfoque de género y tomar las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género discriminatorios en los procesos de administración de justicia.