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La violencia contra niñas y adolescentes en Perú es un problema estructural del Estado, según la OEA

Una delegación de expertas enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Perú a solicitud del Poder Judicial peruano ha afirmado que la violencia contra las niñas y adolescentes en el país, específicamente los abusos sexuales en la provincia amazónica de Condorcanqui, constituye un problema estructural y persistente del Estado peruano.

La vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) de la OEA, Mónica Maureira, ha dicho, al término de la visita, que aquella violencia contra las menores no se circunscribe al ámbito educativo, sino que se extiende a los entornos familiar y comunitario.

"Las respuestas existentes no garantizan, de manera efectiva, que las niñas sean reconocidas, escuchadas y protegidas como sujetas de derechos", ha expresado.

Dificultades en una actuación oportuna

Maureira ha añadido que los vacíos de protección, la tolerancia social frente a la violencia y la fragmentación institucional dificultan una actuación oportuna, conforme con su interés superior, su autonomía y su derecho a vivir libres de violencia.

La visita del MESECVI responde a una crisis que las líderes indígenas awajun y wampis de Condorcanqui han denunciado sobre la existencia de cientos de casos de abusos sexuales y transmisión de enfermedades a menores y adolescentes, por parte de profesores en residencias estudiantiles y otras personas de su entorno más cercano.

La delegación de expertas de la OEA ha señalado que la alta cifra de abusos sexuales se presenta en un contexto de profunda tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, que bordea el 90 % en Condorcanqui.

Un país con un "contexto de tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas"

Las denuncias documentadas de más de una década demuestra además que no se trata de un problema reciente, sino de "un contexto de tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, sostenido en el tiempo y agravado por la pobreza, la exclusión social y el abandono del Estado", ha afirmado Maureira.

En tal sentido, la delegación ha presentado unas recomendaciones preliminares, antes del informe final que entregará en octubre, que consideran, en primer lugar, complementar y armonizar el despliegue territorial del Ministerio Público y Policía Nacional con personal estable y presupuesto operativo, transporte e infraestructura.

Asimismo, implementar y fortalecer los equipos multidisciplinarios de justicia, salud, protección infantil y atención forense con capacidad para llegar periódicamente a las comunidades y descentralizar los servicios hacia las localidades aledañas a los ríos Cenepa y Santiago.

Atención inmediata e integral a víctimas de violencia sexual

También plantea garantizar la atención inmediata e integral a las víctimas de la violencia sexual, incluido el kit de emergencia, anticoncepción de emergencia, profilaxis frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, tratamiento antiretroviral cuando corresponda, atención psicológica y alternativas culturales y de acogida.

Igualmente, Maureira ha mencionado que preocupa igualmente la información proporcionada sobre suicidios de adolescentes y su posible vinculación a situaciones de violencia, abuso, embarazo infantil, aislamiento, estigma y ruptura de vínculos familiares.

Las recomendaciones también plantean garantizar la presencia permanente de intérpretes awajun y wampis mujeres, acreditadas, durante toda la ruta de atención, así como "impedir el contacto, la presión y las represalias por parte de personas denunciadas", y asegurar la continuidad educativa de víctimas con respecto del debido proceso.