Victoria Rosell aborto

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, durante la entrevista concedida a Efe. EFE/Ángel Díaz

Victoria Rosell: El derecho al aborto no puede ceder ante el de objetar

Marta Ostiz y Berta Pinillos | Madrid - 28 septiembre, 2021

El derecho al aborto «no puede ceder» ante el derecho de los profesionales sanitarios a objetar, subraya la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien destaca la importancia de alcanzar un equilibrio entre ambos derechos.

«Lo que no puede pasar es que un derecho humano, que siempre tiende a ser el de las mujeres, tenga que ceder ante otro. Hay que establecer el equilibrio, legislado, entre esos dos derechos en conflicto» y apunta que el derecho al aborto «no puede ceder» ante el derecho de los profesionales sanitarios a objetar.

Registro para objetores

Para conjugar ambos derechos, Rosell defiende, en una entrevista con Efe, la creación de un registro «anticipado y por escrito» de todos los profesionales sanitarios que renuncian a practicar abortos, similar al que contempla la ley de eutanasia.

Con él, opina la delegada del Gobierno, los médicos contarán con la seguridad jurídica que, a su juicio, demandan, y permitirá una mejor organización de los servicios de salud.

«Si no hay un listado del sector sanitario objetor es difícil organizar, con lo que con este registro ganamos todas: las mujeres, el sector sanitario y las administraciones públicas que tienen que organizar el sector», apunta.

La actual ley del aborto recoge «el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas«.

Además, la norma, aprobada en 2010, señala que «si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional».

Sin embargo, según el Ministerio de Igualdad, el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo fue derivado de la sanidad pública a la privada.

«Es muy grave que tengamos unos derechos en el BOE escritos sobre la ley y que esa ley sea papel mojado», opina Rosell que estima que no es un problema de conciencia de todos los médicos que la están ejerciendo sino «un efecto contagio que en el sector sanitario achacan a cierta coacción ambiental o laboral».

Ley «Solo sí es sí»

El borrador de la reforma del aborto estará listo previsiblemente en diciembre, pero antes comenzará la tramitación parlamentaria de una de las normas estrella de Igualdad: la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del «solo sí es sí».

La norma busca cambiar la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regular el consentimiento expreso, acabar con la distinción entre abuso y violación y perseguir a la industria proxeneta.

Para PP y Vox es un texto ideológico y así lo exponen en sus enmiendas a la totalidad que el pleno del Congreso debatirá previsiblemente a principios de octubre.

«Llamar ideología al feminismo y al derecho constitucional a la igualdad sitúa al PP fuera del terreno de juego, en el marco de Vox, dando la espalda a los derechos de las mujeres», sentencia Rosell que también critica el informe que elaboró sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley.

El CCPJ, «órgano político»

El CGPJ rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual, una decisión que para Rosell no representa el posicionamiento de la judicatura, sino de su órgano de gobierno, «que está demostrando que es un órgano político».

«Confiábamos en que estuviera a la altura de los textos de Derechos Humanos internacionales que rigen en España y es evidente que la sociedad evoluciona mucho más que el CGPJ y que habrá que recuperar el prestigio de esta institución«, asegura la delegada, que es magistrada de carrera.

Multar a consumidores de prostitución

El departamento de Irene Montero trabaja también en un borrador de una futura ley integral contra la trata, en el que todavía «hay un camino por andar».

Rosell subraya que el objetivo es «desincentivar» la demanda, pero reconoce que el debate está abierto en torno a si multar o no a los consumidores de la prostitución.

Sin demanda, recalca, sería muy difícil sostener las cifras tan altas de explotación sexual que hay en España.

«El mayor éxito» de esta ley sería que no se ciñera solo a la explotación sexual, sino que fuera una mirada integral contra la trata que abarque también el matrimonio forzado, la maternidad subrogada, las adopciones infantiles irregulares, la mendicidad o el tráfico de órganos, entre otros.

Pacto de estado contra la violencia machista

En la entrevista, la delegada hace balance del Pacto de Estado contra la Violencia de género y considera que es «un poco engañoso» analizarlo solo desde el punto de vista de las medidas cumplidas y no desde el dinero invertido en ellas.

«Estamos empeñadas en perpetuar el compromiso económico del Pacto de Estado y que tiene que ser necesariamente por la vía de la modificación de ley 1/2004 -la ley integral contra la violencia machista-«

Además, Rosell aboga por darle una «estructura normativa un poco más vinculante» y apoyarlo con los presupuestos generales del Estado.

De esta forma, la delegada mantiene que la consolidación del Pacto no pasa por añadir más medidas sino blindarlas en la ley para que «en el caso de que gobierne la derecha no sea papel mojado«.