Víctimas violaciones

Miembros de la Plataforma de la Violencia contra la Mujer en Córdoba se concentran contra la sentencia de la Manada de Pozoblanco. EFE /Rafa Alcaide

Expertas piden reformas para que víctimas de violaciones no revivan su sufrimiento en el juicio

EFE | Madrid - 23 agosto, 2022

La fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, demandan reformas legales para que las víctimas de violaciones no tengan que declarar en el juicio oral y evitar así que revivan su sufrimiento tras su colaboración en la investigación.

Ambas han hecho este llamamiento, en declaraciones a Efe, tras conocerse dos recientes sentencias en las que los violadores han quedado en libertad tras llegar a un acuerdo con sus víctimas: el caso de dos policías locales de Estepona (Málaga) y el del encargado de una finca agrícola en Mula (Murcia).

Los jueces suspendieron las condenas a prisión con la condición de que no volviesen a delinquir y que participasen en un programa de reeducación sexual.

Evitar la «revictimización»

En el primero de los casos, fuentes del entorno de la víctima explicaron que en el espíritu del pacto estaba evitar la «revictimización» de la joven y que fuera sometida a un juicio mediático paralelo, como ocurrió en el caso de La Manada.

Teresa Peramato ha rechazado analizar las sentencias concretas al no conocer a fondo las circunstancias de los dos casos, pero tiene claras las reformas necesarias para mejorar la protección de las víctimas.

En declaraciones a Efe, ha reclamado en primer lugar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para que en los delitos sexuales el testimonio de la víctima durante la instrucción del caso se convierta de forma imperativa en prueba preconstituida, de modo que no tengan que volver a declarar en el juicio oral.

Su segunda reivindicación está ya recogida en la ley orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, que se encuentra a la espera de recibir la luz verde definitiva del Congreso tras aprobarse una enmienda mínima en el Senado, que está previsto que se realice este jueves 25 de agosto.

Esa ley determina que en el plazo de un año se deberán aprobar las reformas legales necesarias para que los juzgados de violencia sobre la mujer se ocupen también de la violencia sexual, con formación específica para los fiscales y jueces que trabajan en ellos.

Reforma estructural

Las víctimas de la violencia sexual son sobre todo mujeres, pero de sus casos se ocupan ahora los juzgados ordinarios. «Tendremos entonces datos, podremos ver en qué casos se llega a acuerdo, dictar instrucciones fiscales para unificar criterios…», ha destacado la fiscal de sala.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha llamado por su parte a «entender y respetar» la decisión de una víctima «que no quiere volver a pasar por el calvario» sufrido a lo largo de un procedimiento judicial muy lento y ha pedido no juzgarla, sino centrarse en pensar qué cambios son necesarios para que estos delitos no queden impunes.

«No podemos decirle a una persona que mantenga la herida abierta cuatro años», ha indicado esta jurista, que reitera la necesidad de una «reforma estructural» en el procedimiento judicial que, dice,lleva años esperando el movimiento feminista.

Porque en casos como los citados concurren un «conjunto de circunstancias que mandan un mensaje muy potente de impunidad» a la sociedad, que puede llegar a pensar que este tipo de delitos «sale muy barato».

Esto, ha explicado Soleto, no solo hace daño a la víctima, sino también al conjunto de la sociedad y por eso considera que los tribunales deberían ser «rigurosos en la aplicación de las penas» a los acusados por delitos contra la libertad sexual.

En este sentido, ha destacado que una cosa es el acuerdo al que pueden llegar las víctimas con los acusados para poner fin al proceso y evitar una mayor revictimización, y otra la decisión de los tribunales de conmutar las condenas, especialmente en casos como estos, en los que existió un abuso de autoridad «evidente», sobre todo en el caso de los policías.