Ley trans urgencia

Foto de arcivo de la ministra española de Igualdad, Irene Montero. EFE/ Luis Millan

«La proliferación de LGTBIfobia» lleva la ley trans por la vía de urgencia

EFE | Alcorcón (Madrid) - 12 septiembre, 2022

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha justificado la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley trans y de la reforma de la ley del aborto, al entender que «la proliferación de discursos de odio, delitos de odio” y “LGTBIfobia” hacen que sea “el momento más necesario” para poner en marcha las dos normas.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley trans y de la reforma de la ley del aborto, las dos últimas iniciativas enviadas a la Cámara por el Ministerio de Igualdad.

En declaraciones a los medios en una visita al municipio de Alcorcón (Madrid), Montero ha reafirmado que el Ejecutivo nacional es un gobierno “feminista” que sabe que “no hay democracia y no hay igualdad si más de la mitad de la población no tenemos nuestros derechos garantizados” y ha afirmado que se trabajará con “urgencia y determinación” para “blindar los derechos de las mujeres”.

Según Montero, “en tiempos de crisis”, los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI+ “son los primeros que se ponen en cuestión”, por lo que el Gobierno nacional debe atender la “necesidad” de estar “del lado de las mujeres” y las personas del colectivo.

El proyecto de ley, que ya anunció La Moncloa que se aprobaría tras el verano, contempla el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma.

Cambio de sexo registral desde los 12 años

En concreto, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna. Así, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio de sexo en el Registro.

«Les reconoce el derecho a ser quien son sin que medien testigos», según Montero.

El Consejo General del Poder Judicial en su informe pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.

«Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad lo llevamos en segunda vuelta, la ley trans llega al Congreso antes del verano como nos habíamos comprometido», en palabras de la ministra, que también ha incidido en que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan.

La ley que sitúa a España como una «referencia internacional» en defensa de las personas LGTBI, prevé un plazo máximo de cuatro meses para el proceso administrativo de cambio de sexo registral, prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Además, permite que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

Derechos de las personas trans migrantes

Entre las mejoras introducidas con respecto al anteproyecto, destacan que las personas extranjeras que acrediten que no pueden realizar el cambio registral de sexo, y en su caso de nombre, en su país de origen, podrán solicitar la rectificación en los documentos que se les expidan en España.

En el caso de los menores intersexuales -que presentan al nacer características físicas de ambos sexos- se prohíben las cirugías de modificación genital hasta los 12 años.

Promueve, además, medidas sensibilización y formación especialmente indicada a prevenir la violencia LGTBI-fóbica, también de conocimiento y respeto a la diversidad.

El proyecto incluye un régimen de infracciones y sanciones por actos de discriminación a las personas LGTBI, con multas que van desde los 200 euros por insultos o pintadas, por ejemplo, a un máximo de 150.000 euros, por prohibir el acceso a un bar o a una piscina o no alquilar una vivienda a una persona del colectivo, ha señalado Montero.