trabajadoras del hogar internas

En la imagen, una empleada de limpieza barriendo el portal de un edificio. EFE/ Miguel Barreto

Las trabajadoras del hogar internas: «confinadas» y sin derechos

Laura de Grado Alonso | Madrid - 29 septiembre, 2020

Trabajan sin horario y están disponibles a cualquier hora del día durante todo el año. Ahora, el miedo a que contraigan el coronavirus ha hecho que muchas de ellas no puedan disfrutar de su tiempo libre fuera de la casa en la que trabajan como internas. La mayoría no tienen contrato, ni por tanto, derechos laborales sobre el papel. Es la realidad de las miles de empleadas de hogar y cuidados que trabajan internas en España.

El coronavirus ha provocado que algunas de ellas hayan sido despedidas quedando desamparadas sin un lugar donde vivir, otras continúan confinadas en las casas en las que trabajan como si el estado de alarma se hubiese alargado para ellas tres meses más.

Por eso las internas -empleadas que conviven con la familia para la que trabajan- son ahora la prioridad de las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, un colectivo que se encuentra en una situación de extrema precariedad e invisibilidad debido a la crisis sanitaria.

Las trabajadoras de hogar internas «siguen confinadas»

«El confinamiento ha venido a poner una losa mayor sobre estas trabajadoras, que si ya les costaba pelearse sus dos horas de descanso o un día libre, ahora es la excusa perfecta para tenerlas en casa sin salir», explica a Efeminista Liz Quintana, integrante del colectivo «Trabajadoras No domesticadas».

En esta asociación conocen de primera mano cómo la situación se ha tornado insostenible para muchas de las internas, que llaman desesperadas «diciendo que no pueden más, que están al borde del colapso físico, mental«, cuenta Liz, porque, advierte, «siguen confinadas»

Liz es procuradora y, desde los años 90, milita y colabora como asesora en materia legal con colectivos de trabajadoras del hogar y cuidados. Lo hace por convicción, porque lo considera un tema «clave y central que hay que abordar desde los feminismos», pero también porque le toca personalmente. Su madre fue trabajadora de hogar y cuidados gran parte de su vida y ella ha crecido presenciando la falta de derechos laborales.

Trabajan sin contratos regulares

En España hay 394.171 personas afiliadas al sistema especial de empleados del hogar. No obstante, según la última encuesta de población activa (EPA), al cierre de 2019 había 580.500 personas que aseguraban que estaban ocupadas en actividades del hogar como personal doméstico. Además, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el 95 % son mujeres.

Estos datos evidencian la cantidad de personas que trabajan en economía sumergida, la mayoría «mujeres pobres, migradas o racializadas«, puntualiza Silvia Rugamas, otra integrante de «Trabajadoras No domesticadas». Para Silvia, que también es trabajadora del hogar, ahí está una de las claves de esta economía sumergida y del desamparo en el que quedan las trabajadoras del hogar internas: la actual ley de extranjería.

«La Ley de Extranjería es la que hace que nos sometamos a esta economía sumergida y que las trabajadoras de hogar y cuidado atravesemos por todas esas vulnerabilidades y que se incremente la precariedad», critica Rugamas.

Al no tener papeles, no pueden acceder a un contrato de trabajo y para muchas la única opción de trabajo son trabajos irregulares, como el de interna, que las permite tener un techo mientras ganan dinero para sostener la vida de sus familias en los países de origen.

«Son sostén de la vida aquí, porque trabajan cuidando, pero también allí, proveyendo de ingresos a su familia», coinciden ambas militantes.

Sin derecho a paro

Si las condiciones ya eran «sangrantes y escalofriantes», en palabra de la propia Rugamas, con la COVID-19 y con el estado de alarma declarado en España, muchas perdieron sus empleos, y sus opciones habitacionales en el caso de las internas, y quedaron sin derecho a paro.

El régimen especial de empleadas del hogar no abarca algunos derechos básicos que sí están incluidos en el régimen general, como el derecho a cobrar el paro.

Por eso, a finales de marzo, tras protestas y movilizaciones del sector, que había sido excluido de las primeras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo,  éste tomo nota y dio luz verde a un subsidio de desempleo temporal al que solo tuvieron acceso las empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social.

Esta decisión generó malestar entre los colectivos de trabajadoras del hogar porque, como aclara Quintana, «los requisitos dejaban fuera a todas las trabajadoras en economía sumergida, que en el sector suponen más de un tercio«. 

Excluidas del subsidio de desempleo por la COVID-19

Pero, además, dejó fuera a muchas otras que sí cumplían los requisitos.

«A muchas mujeres aún cumpliendo los requisitos no les ha sido posible solicitarlo porque, primero, tenía que hacerse vía telemática y muchas compañeras no tenían los medios para poder hacer estos trámites, y luego, el impreso era absolutamente farragoso con un lenguaje complicado», critica Quintana.

Además, asevera, de las ayudas concedidas «el 50 % de los expedientes siguen sin resolverse». 

A principios de septiembre, el Ministerio de Trabajo aseguró que había reconocido y ordenado el pago de 17.200 subsidios extraordinarios de desempleo a empleadas del hogar, de un total de 32.000 solicitudes recibidas.

«Crisis de cuidados»

«En estos momentos nos encontramos con un panorama en el que los despidos se siguen produciendo, hay dificultades para encontrar un nuevo empleo y en los trabajos que se están encontrado, los empleadores están renegociando a la baja y con condiciones peores de las que ya existían antes de marzo», subraya Liz. 

Y es que, para ella, la pandemia ha evidenciado la «crisis de cuidados» que ya existía antes en España y que denuncian desde hace años.

Por este motivo, no quieren «una nueva normalidad» que siga olvidándose de los cuidados, sino que aspiran que la sociedad pueda organizarse colectivamente «para asumir los cuidados de una manera mas equitativa y mas justa».

Los cuidados: responsabilidad de las instituciones

Esta situación ideal pasa por ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que España firmó en 2011 y que aun no ha ratificado. Esto supondría el reconocimiento del valor económico y social de este trabajo y el establecimiento de unos estándares mínimos para la protección de los derechos laborales y sociales a las personas que lo desempeñan.

«Vendría a tener que asumir ciertos derechos que hoy por hoy no existen, por ejemplo, el derecho al paro», explica Liz Quintana, para quien este paso debe de ir acompañado de una mayor conciencia social de lo que implica este trabajo.

En España el trabajo doméstico y de cuidados supone el 15 % del PIB,  según los cálculos hechos públicos durante la Conferencia Mundial de Estadísticos del Trabajo (2015), a petición de la OIT.

«Los cuidados nos atraviesan a todas las personas, porque o los vamos a necesitar o nos vamos a ver en la tesitura de tener que darlos, y creemos que es un derecho colectivo pero también una responsabilidad colectiva. Entonces ahí las instituciones tienen que asumir la parte que les toca y los hombres también tienen que asumir la parte que les toca», concluye Liz Quintana.