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Cuando el maltratador es policía: miedo a denunciar la violencia machista

El 20 de agosto, el ex número dos de la Policía Nacional en Cataluña Juan Fortuny de Pedro mató con arma de fuego a su expareja Pilar, de 60 años, en su piso de Rubí (Barcelona), y a su actual mujer, Maria Àngels, en su domicilio de Castellbisbal, también en  Barcelona, donde luego se suicidó, en un caso que los Mossos d'Esquadra investigan como violencia machista.

Dos meses antes, el 18 de junio, Jorge R. D., agente jubilado de la Policía Local de la localidad madrileña de Soto del Real, de 53 años, disparó y decapitó a su mujer, Soledad, de 66 años y trabajadora de la Universidad Autónoma.

En ninguno de los tres casos (Pilar, Maria Àngels y Soledad) constaban denuncias previas por maltrato, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Los agresores eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado , es decir, de las instituciones encargadas de proteger a estas mujeres. Ese fue también el caso del agente de la Ertzaintza detenido en San Sebastián el pasado 18 de agosto, acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina y de amenazar a sus dos hijas.

Asesinadas por sus parejas o ex parejas policías

En 2023, otras cuatro mujeres murieron a manos de parejas o exparejas miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado. El  30 de agosto de ese año, Raquel Lorente, de 58 años y madre de una hija y un hijo, fue asesinada a tiros por su expareja, Bartolomé Berenguer, un policía nacional jubilado de 71 años de edad, quien después se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado.

Ilham Najah, de 38 años, fue asesinada en Antella (Valencia) el 9 de julio de 2023 por su pareja, Vicente F.Q., de 53 años, ex policía de Valencia. La apuñaló en el interior de la vivienda familiar delante de su hijo de 12 años y después se suicidó.

Víctor G. D., un guardia civil con una orden de alejamiento, mató a tiros a su expareja Ana Vanesa Serén Pena, de 44 años, el 3 de junio de 2023 en Oia (Pontevedra). Tras cometer el crimen, se suicidó.

Encarnación Muñoz, apodada Encarni, una vecina de Motril de 39 años y madre de dos hijas menores de edad, fue asesinada en la provincia de Granada el 6 de mayo de 2023 por su pareja, José Manuel Jiménez, agente de la Guardia Civil destinado en Málaga. También se suicidó.

Miedo y desconfianza

Estos asesinatos revelan un problema significativo en el sistema de protección y denuncia para las víctimas de violencia de género cuando el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad.

El miedo a denunciar se incrementa cuando el victimario es policía, guardia civil o militar, explica en una entrevista con Efeminista el secretario general de la Asociación Alma contra la Violencia de Género, Gregorio Gómez.

Este "miedo añadido" surge porque las víctimas deben recurrir a las mismas instituciones de las que forman parte sus agresores, lo que incrementa el temor y la desconfianza en el proceso de denuncia.

"Que el maltratador forme parte de esa institución que las tiene que proteger es un tema escabroso", confiesa.

En ocasiones las víctimas temen que "los compañeros de ese agresor no las tomen en serio e, incluso, protejan a su compañero", explica.

El temor aumenta cuando hay armas en casa

Gómez relata un caso que acompañaron desde la asociación, en el que una mujer denunció a su pareja, un policía nacional. A pesar de que el inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) le aseguró que el agresor pasaría la noche en el calabozo, un alto cargo decidió ponerle en libertad esa misma tarde sin notificárselo a la víctima.

El temor se agrava con la tenencia de armas en casa. El secretario general de Alma recuerda otro caso en el que el agresor, además de amenazar a su pareja, mantenía un arma en la mesilla de noche, creando una situación de constante intimidación.

"No hacía falta que la encañonara; el simple hecho de tener el arma allí ya era una amenaza constante", explica Gómez.

Reformar el sistema de valoración de riesgos de VioGén

Para abordar estos problemas, Gómez subraya la necesidad de reformar el sistema de valoración de riesgos VioGén, donde hay 92.134 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género.

De ellas, tres se encuentran en riesgo extremo, es decir, su vida está en grave peligro; 1.490 enfrentan un riesgo alto de nuevas agresiones; 13.906 están en un riesgo medio; 40.754 están expuestas a un riesgo bajo; y en 35.961 casos, los cuerpos policiales no detectan riesgo de futuras agresiones.

"El riesgo de una víctima de violencia de género siempre debe ser evaluado como extremo hasta que se demuestre lo contrario, para asegurar una protección real y efectiva", insiste.

Según Gómez, es crucial que "una psicóloga especializada realice la valoración de riesgo, ya que muchas veces las víctimas no son plenamente conscientes del peligro al que están expuestas".

"Si no se cambian estos procedimientos, continuaremos enfrentando estas tragedias", lamenta.

Recursos

El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. También el correo 016-online@igualdad.gob.es. En Whatsapp en el 600000016 y en el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.

Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia también puede llamar a: 112 Emergencias, 091 Policía Nacional y 062 Guardia Civil. Si no puede llamar, puede recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Al 112 con la app 112Accesible. Al 091 y 062 con SVIsual y con la app AlertCops. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación Anar: 900202010.