Perú CIDH

Una joven peruana durante la manifestación por el 8M en Lima, en 2018. EFE / Juan Ponce Valenzuela

Perú ante la CIDH por no atender a una víctima de violación grupal

Cristina Bazán | Guayaquil - 15 julio, 2020

Perú enfrenta su primer litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no dar atención integral de salud a una joven que fue víctima de una violación grupal.

El caso se remonta a febrero de 2014, cuando María, de 18 años, fue acorralada y agredida sexualmente por cuatro hombres después de salir del colegio. En el sistema público de salud se negaron a atenderla sin una denuncia y, después de que sus padres realizaron la diligencia, tampoco le suministraron el anticonceptivo oral de emergencia.

Tiempo después, solo uno de los agresores fue detenido y enjuiciado.

«María fue víctima no solo de violencia sexual sino de todo el entramado de violencia institucional y de género que no le permitió acceder a la anticoncepción de emergencia en condiciones de igualdad. Su caso quedó en la impunidad», explica a Efeminista Carmen Martínez, gerente regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), uno de los organismos que decidió llevar el caso de María a la CIDH.

«A partir de que se agotaron los recursos judiciales internos, en 2016 presentamos una demanda ante la Comisión Interamericana por todos estos hechos y ellos decidieron admitir el caso para su estudio», comenta Martínez.

El drama de María

Para poder violar a María, sus agresores le suministraron una sustancia líquida que la dejó inconsciente y, tras la agresión, la dejaron abandonada en un parque. Martínez cuenta que la joven recibió ayuda para localizar a sus padres y cuando ellos la llevaron al hospital, le negaron la atención médica hasta que presentase la denuncia.

La madre de María volvió al centro médico después de pasar por dos comisarías. Sin embargo, la atención que le brindaron allí no habría sido la adecuada. «María estaba muy deprimida. Todos le preguntaron en distintas ocasiones, durante su estancia en el hospital, sobre lo que le pasó y cómo le pasó. Hubo muchos espacios de revictimización», detalla la representante del CDR.

A María le dieron el alta, pero no el acompañamiento psicológico que necesitaba por ser víctima de violencia sexual ni tampoco información suficiente sobre la anticoncepción oral de emergencia.

«Cuando en los estándares médicos y en los ministerios de Salud de muchos de nuestros países, esto forma parte del kit de atención de urgencia de víctimas de violencia sexual, tomando en cuenta que se debe proporcionar antes de las 72 horas tras una relación no consentida y no protegida», afirma Martínez.

«No le indican qué va en la receta ni para qué sirve. Tampoco recibe ningún tipo de seguimiento», agrega.

La familia de María no tenía dinero para comprar en el sistema privado de salud los medicamentos que le habían recetado, por lo que se demoraron varios días en conseguirlos.

La vía judicial

La joven llegó a reconocer que uno de sus agresores era un compañero de su colegio y solo él fue arrestado. «Se le dio una condena simbólica y en el expediente no se evidencia ninguna diligencia ni de la Policía ni de la Fiscalía que tuviese por finalidad verdaderamente localizar y procesar a los demás involucrados en la agresión sexual», relata la gerente regional del CDR.

Con los pocos recursos que tenían, los familiares de María insistieron, sin éxito, en el sistema penal peruano para que el caso no quede en la impunidad.

Al caso de María le antecede una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, expedida en 2009, donde se ordena al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día después. Pese a esta prohibición, la sentencia permitió su venta en los establecimientos privados.

En 2019 el Primer Juzgado Constitucional de Lima resolvió dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó no distribuir la píldora del día después.

La admisión del caso por parte de la CIDH

Que la Comisión Interamericana admita el caso de María implica que ha decidido realizar un estudio a fondo de la situación por la que tuvo que pasar la joven en su país.

Carmen Martínez explica que antes de llegar a esta etapa las dos partes (el Estado y la defensa de María) ya hicieron sus aportaciones y descargos respectivos, por lo que, que la CIDH haya decidido estudiarlo en profundidad, quiere decir que el organismo internacional considera que «hay elementos suficientes para considerar que hubo efectivamente una violación de los derechos humanos de María».

El Centro de Derechos Reproductivos asegura que en el caso de María se violaron los derechos a la integridad, a la honra y la privacidad, a la autonomía, a la información, a estar libre de discriminación, a estar libre de violencia de género, etc.

En esta nueva fase ambas partes tienen cuatro meses para fortalecer los argumentos presentados con anticipación. «Tendremos que describir paso a paso cómo el Estado vulneró cada derecho y contrastarlo con cada hecho y el Estado también tendrá su oportunidad para hacerlo», señala.

Luego, la CIDH emitirá un informe con su decisión, que de ser favorable, recomendará a Perú que realice reparación integral para María. En esta instancia, el país también puede abrir un proceso de solución amistosa en el que, por medio del diálogo entre las partes, se puede consensuar unas reparaciones de tipo estructural.

«Aquí el Estado no solo se compromete a reparar individualmente a la víctima sino a que hayan medidas de no repetición, para que casos como esos no vuelvan a suceder», menciona Martínez. De no acatar las recomendaciones, la CIDH envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia es aplicable para todos los países miembros.

La situación de la mujer en Perú

Pese a que el caso de María es el primero en llegar a la Comisión, no es el único. La violencia sexual en Perú, al igual que en otros países de América Latina, se exacerbó durante el confinamiento. Según un informe reciente del Ministerio de la Mujer, la línea 100 recibió  67.712 llamadas por abuso sexual y violencia en cuarentena.

Durante el 2019, el ministerio registró 16.632 casos de delitos sexuales a nivel nacional. El 43,8 % corresponden al delito de violación sexual; el 37,3 %, a actos contra el pudor; el 6,3 %, a hostigamiento sexual y el 4,3 % son casos de acoso sexual en espacios públicos.

Entre enero y noviembre de ese mismo año, se atendieron 7.174 casos de violación sexual, de los cuales, 4.693 (65 %) corresponden a niñas, niños y adolescentes, 2.418 (34 %) a personas adultas y 63 (1 %) a personas adultas mayores.

Para reducir los índices de violencia sexual en el país, el Ministerio de la Mujer cuenta con el Protocolo de Actuación Conjunta entre los Centros Emergencia Mujer (CEM), que busca brindar atención y el acceso a la justicia a víctimas de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial.