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'Parroquias Seguras': la polémica decisión de convertir a las parroquias en puntos contra la violencia machista

El Arzobispado de Zaragoza ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, una red de espacios seguros contra la violencia de género en las parroquias, una decisión cuestionada por especialistas en violencia machista, que dudan de que estos sean lugares adecuados para las víctimas.

Desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) inciden en los peligros que pueden suponer para las víctimas los consejos de los párrocos, grupo que "presenta un sesgo" capaz de comprometer la autonomía y seguridad de las mujeres.

Además, desde la sección territorial de Aragón de Juezas y Jueces para la Democracia recuerdan las medidas contrarias a la protección de las víctimas por violencia de género realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años como la eliminación de los puntos violeta o los recortes presupuestarios a la Casa de la Mujer.

La alcaldesa Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar la iniciativa Parroquias seguras, que comenzará en cinco iglesias de la ciudad con el objetivo de extenderse al mayor número posible.

Una solución "anticonstitucional" y "sin gritos"

Tanto OSTA como Juezas y Jueces para la Democracia indicen en que, no sólo se trata de una medida peligroso sino también, anticonstitucional, dado que choca con el Artículo 16 del texto por comprometer la laicidad del Estado al delegar funciones públicas de protección en instituciones religiosas.

Para Chueca, se trata de una iniciativa "maravillosa para poner freno a este problema social", ya que muchas veces las víctimas sufren la violencia machista en silencio, no saben cómo abordarla y qué pasos dar, sienten inseguridad, desconfianza y miedo y este, ha remarcado, es uno de los proyectos que más va a ayudarlas "sin pancartas, sin gritos, desde la confianza, desde la cercanía y desde el apoyo desinteresado de la Iglesia en colaboración con el ayuntamiento".

El compromiso de la Archidiócesis

Por medio de este convenio, la Archidiócesis se compromete a prestar acogida a las mujeres que acudan a la parroquia en una situación de violencia y ofrecerles un espacio de seguridad, derivándolas a la Casa de la Mujer, además de impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización.

Las parroquias se suman así a la red de espacios seguros, que comenzó con los establecimientos de ocio nocturno, bares y discotecas, y continuó con las comisiones de fiestas de los barrios, peñas, los centros deportivos municipales y los taxis de la ciudad.

Escribano ha explicado que por el momento son cinco las iglesias adheridas, cuyos párrocos o voluntarios recibirán formación específica por parte de las profesionales del Servicio de Igualdad para una primera atención a las víctimas.

Abandono progresivo de las políticas públicas para la protección de la mujer

La decisión de la alcaldesa de Zaragoza ha sido recibida con cierto recelo por parte de la ciudadanía. Juezas y Jueces para la Democracia, recuerdan que este mismo Ayuntamiento eliminó los Puntos Violeta de la capital aragonesa y ha realizado recortes presupuestarios en la Casa de la Mujer en 2025.

A través de un comunicado, la asociación judicial ha expresado su preocupación ante este "abandono de las políticas públicas especializadas en materia de violencia contra la mujer" y califica a la iniciativa Parroquias Seguras como un "grave episodio".

"Esta secuencia revela una estrategia sostenida de desmantelamiento de lo público en un ámbito donde el Estado tiene obligaciones positivas irrenunciables, y no una mera acumulación de decisiones puntuales", recalca Juezas y Jueces para la Democracia en este mismo comunicado.

Un convenio incompatible con la jurisdicción

La OSTA también ha cuestionado la compatibilidad jurídica de este convenio entre el ayuntamiento y el Arzobispado de Zaragoza en una nota de prensa.

El sindicato recuerda que desde el Tribunal Constitucional se exige una "estricta neutralidad en los poderes públicos", que deben encargarse de mantener al margen los criterios religiosos en la prestación de servicios.

Juezas y Jueces para la Democracia aluden al artículo 16.3 de la Constitución —referente a la aconfesionalidad del Estado— y a la La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Juristas explican que el sistema de atención a las víctimas se articula sobre estas dos leyes y pilares que garantizan una especialización profesional y una perspectiva de género e institucionalidad pública.

Esta obligación se presenta con mayor rigidez en el caso de la violencia de género, la cual debe ser vista "como una situación de desigualdad estructural" y alejarse de cualquier dinámica de reconciliación, "aunque sea indirecta", y así lo recuerdan desde OSTA.

En este sentido, el enfoque religioso puede resultar perjudicial para las víctimas, dado que se mueve dentro de un marco que, tal y como señala OSTA, concibe al matrimonio "como un vínculo indisoluble", lo que según el sindicato, resulta incompatible con la protección efectiva de las víctimas.

Los riegos de intervención en espacios religiosos

"Las estructuras religiosas presentan un sesgo que puede comprometer la autonomía de las mujer, y por tanto, no resultan idóneas para la prestación de este tipo de servicios", sentencia OSTA en el comunicado.

Pese a la formación en materia de igualdad prevista para los párrocos encargados de la custodia de estos nuevos puntos violeta, desde el sindicato inciden en los peligros que envuelven al discurso católico, vinculados sobre todo con la idea del perdón.

En línea con esto, desde Juezas y Jueces para la Democracia afirman que "sustituir recursos públicos especializados por espacios sin formación homologada ni perspectiva de género acreditada tiene consecuencias directas sobre la seguridad y la vida de las mujeres".

Desde OSPA tienen claro que, al ceder al sacerdote el papel de atención a las víctimas, "pueden generarse situaciones de mediación encubierta, presión moral hacia el perdón o minimización del riesgo, lo que resulta jurídicamente incompatible".

Juezas y jueces para la Democracia son directos:

"La vida de las mujeres no admite políticas de sustitución ni experimentos institucionales".