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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anuncia reformas para incluir la violencia vicaria en el Código Penal

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que se va a reformar el Código Penal para incluir la violencia vicaria, lo que se definirá en la legislación española para proteger a las víctimas de todas las conductas violentas que abarca, más allá de la más extrema, que es el asesinato.

En su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, Redondo presentó la "hoja de ruta" de su departamento para combatir las violencias machistas,  para dar una respuesta de manera particular a la violencia vicaria, la digital y la económica.

"Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal y en la ley orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Las víctimas de violencia vicaria son víctimas de violencia de género y así deben ser reconocidas en la ley. (...) Debemos atender las diversas formas de violencia, no solo la más extrema", ha aseverado.

La definición de a violencia vicaria se ampliará a más familiares

La ministra ha precisado que la definición de este tipo de violencia de género no se limitará solo a hijos e hijas, sino que será amplia y abarcará también a aquellos familiares "que puedan ser violentados como intento de dominación a la pareja".

Esta amplitud también se quiere trasladar a los comportamientos violentos, para que se castiguen como manifestaciones de la violencia vicaria: como no dar una alimentación adecuada, descuidar la atención médica o farmacológica, o que no se lleve a los menores al colegio "en tiempo y forma".

Redondo ha apuntado también que esta violencia provoca un daño moral y psicológico a las mujeres "de una magnitud insoportable". "Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores. Ninguna infancia debería convertirse en escudo o moneda de cambio en un conflicto marcado por la violencia", ha dicho.

También ha señalado que se va a trabajar en un sistema que permita detectar los casos de violencia en los procedimientos civiles de familia, y que se van a poner en marcha protocolos para los puntos de encuentro familiar y la no aplicación del falso 'síndrome de alienación parental'.

Una reforma centrada también en la violencia económica y digital

Otra de las líneas de actuación tendrá que ver con la violencia económica que, según Redondo, "se manifiesta desde la privación de los recursos básicos, al control absoluto del dinero y el patrimonio, la exclusión del mercado laboral o el impago de las pensiones alimenticias". Una violencia que "tiene efectos devastadores" para las víctimas y sus hijos e hijas, pues los condena a una "vulnerabilidad prolongada".

La ministra ha querido dejar claro que se tipificará este tipo de violencia y se impulsará el refuerzo de la vigilancia judicial del impago de pensiones y el establecimiento de mecanismos ágiles de embargo en caso de impagos.

En cuanto a la violencia digital, Redondo ha señalado que las medidas del Pacto de Estado se incorporarán en el proyecto de ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en la Cámara Baja. Medidas que se referirán al acoso sexual en redes, la distribución no consentida de imágenes, la suplantación de identidad o el control.

La ministra ha expuesto a los grupos su intención de trasladar las medidas del Pacto a las leyes y que esto se haga con el máximo consenso, adelantando también, en este sentido, su disposición a negociar con los grupos parlamentarios la fórmula elegida para aprobarlas, ya sea mediante proyectos o proposiciones de ley.

Redondo asegura que hay que trabajar con "urgencia", "consenso" y también con "seguridad jurídica", y se ha comprometido a no incorporar medidas del Pacto a las leyes por la vía de "enmiendas incongruentes" en textos que nada tengan que ver con la violencia de género.