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Imagen de archivo de una madre y su hija. EFE/EPA/BERTHA WANG

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Visitas a menores en casos de violencia machista: suspendidas o supervisadas

Marta Ostiz | Madrid - 21 marzo, 2024

El asesinato de dos niñas en Almería a manos de su padre se ha producido cuando éste disfrutaba de un régimen de visitas, a pesar de que tenía una orden de alejamiento por violencia de género, una medida que debería haber impedido que viera a las niñas o, de hacerlo, que fuera con supervisión constante.

Así lo señala la vocal de la Asociación Mujeres Juristas Themis, Cristina Ventura, en una entrevista con EFE, quien reconoce que debería haberse suspendido el régimen de visitas que tenía el padre de las menores y evitar así esta terrible tragedia.

En 2021, la ley de protección a la infancia estableció que un presunto maltratador con orden de alejamiento no puede ver a sus hijos; sin embargo, en este caso, el presunto asesino tenía un régimen de visitas reconocido judicialmente los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00 horas.

Para ello, la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar, aunque ella misma solicitó en varias ocasiones que la entrega se hiciera sin la intervención del mismo. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre.

Por petición de los responsables del Punto de Encuentro, con el visto bueno de la Fiscalía y tras reiteradas peticiones de la madre de las menores, el Juzgado acordó en un auto -de fecha 9 de noviembre de 2023- que ya no interviniera el Punto de Encuentro en las entregas acordadas.

Visitas siempre supervisadas

"Cuando no se suspende el régimen de visitas, lo que interesamos siempre es que éstas se hagan bajo supervisión en el punto de encuentro y que no solamente sirva para la entrega y recogida de los menores, sino que el maltratador no saque de allí a los menores", explica Ventura.

Sin embargo, reconoce que éstos centros están saturados, con pocos medios y, en casos como el de las niñas de Alboloduy, están lejos de las zonas rurales con lo que a las madres les supone un gran esfuerzo desplazarse hasta estos lugares para llevar a sus hijos.

En este punto coincide el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, que lamenta que muchas veces el sistema establece puntos de encuentro familiar en sitios "totalmente inasumibles" para las víctimas.

"No debería existir régimen de visitas, pero ya que se lo das, se debe hacer de manera que se lo facilites a la víctima, no que le genere una mayor vulnerabilidad", lamenta Lorente, que denuncia que la madre de las niñas debía desplazarse durante 40 minutos desde el pueblo hasta la capital, y esperar durante horas para luego recogerlas y volver a su casa.

Para este experto, se trata de una respuesta "más para satisfacer al sistema que para ayudar a las víctimas" y considera que se debería ofrecer una visión mucho más personalizada.

Lorente critica que en una situación de violencia tan grave como la que requiere una orden de alejamiento controlada a través de un dispositivo telemático, se permitiera anular el régimen de visitas en el punto de encuentro y se facilitara la interacción de víctima y maltratador.

"Se están creando las circunstancias para que en una situación tan grave que requiere distanciamiento y pulsera, se puedan producir conflictos y enfrentamientos que se traduzcan en más violencia", advierte Lorente, quien cree que es el propio sistema el que ha creado las circunstancias facilitadoras de la violencia.

Condicionar la seguridad de los menores

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, subraya que la responsabilidad de proteger a los niños y niñas es de la sociedad y del Estado y cree que es el momento de que tanto el legislador como el propio Poder Judicial se pregunten si es asumible que un mutuo acuerdo entre las partes condicione la seguridad de los menores.

"El tema es si el mutuo acuerdo debería estar descartado de los supuestos de violencia contra las mujeres", indica Soleto, que advierte de la presión que sufren las víctimas de violencia de género.

Desde el principio, el movimiento feminista ha defendido que un maltratador no es un buen padre y que no se protege adecuadamente a las madres si no se protege a los hijos e hijas.

"Parece que cada vez que intentamos una nueva reforma, el procedimiento judicial encuentra formas de no aplicar esa máxima de que los niños y niñas son víctimas directas de la violencia machista y tienen derecho a las mismas medidas de protección que sus madres", ha lamentado.