“Lo vamos a alcanzar”, la lucha feminista en República Dominicana por el derecho al aborto

Cuando a mediados de febrero el Senado de República Dominicana aprobó el proyecto de ley de un nuevo código penal que no incluía las tres causales de aborto (vida y salud de la mujer, violación o inviabilidad del feto), las organizaciones feministas que han luchado por años por la despenalización vieron cómo otra vez un gobierno fallaba a las mujeres.

“Esto es un nuevo ‘otra vez’. Este Gobierno nos prometió durante la campaña aprobar las tres causales; y, sin embargo, vuelve otra vez a decir que no puede pedir a sus legisladores que apoyen las causales porque ese es un tema de sus convicciones. Sólo argumentan eso para el tema de las mujeres, para todo lo otro sí se puede cambiar la línea”, asegura a Efeminista Syra Tavera, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Feminista (Cipaf) de República Dominicana.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recogidos por Human Right Watch, República Dominicana tiene la tasa de fertilidad adolescente más alta de todos los países de América Latina y el Caribe, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) registra que en el país fallecen en promedio 123 niñas y adolescentes que son madres por cada 100 mil nacimientos.

Además, es uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total de la interrupción del embarazo junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

Sin embargo, Tavera está convencida de que este nuevo revés político es “simplemente un retraso”, porque “los avances están ahí y los derechos los vamos a alcanzar más tarde o temprano”.

La lucha en República Dominicana por el aborto

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la despenalización del aborto por medio de causales, por lo que tras la decisión del Senado Tavera ve como algo “impresionante” que los políticos sigan “jugando con las mujeres”.

Por eso cree que es un “momento de reflexión para el movimiento feminista dominicano”, para analizar cómo “convertir el apoyo, porque el apoyo de la mayoría de la población lo tenemos, en costo político real, no solo a este gobierno si no para todos los partidos políticos”.

Según una última encuesta realizada en el país, el 79% de las personas consultadas está de acuerdo con la interrupción del embarazo en al menos una de las tres causales: cuando la vida o la salud de una mujer están en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto o cuando no es posible para el bebé sobrevivir fuera del vientre. Y el 70 % está de acuerdo con que se modifique la legislación vigente para incluir estas excepciones.

En República Dominicana, dice la representante de Cipaf, no hay “ningún sistema donde tú puedes decir: ‘Bueno voy a dar a luz y lo voy a entregar'”. “No hay ningún sistema de apoyo para una mujer violada, entonces también tenemos que obligarla a parir si ella no quiere y a vivir con el fruto de ese, a veces, incesto. Yo creo que es tan injusto”, lamenta.

Tampoco existe, agrega, educación sexual integral. “Ni nos permiten educarnos para prevenir y decidir ni nos permiten tampoco decidir sobre nuestros cuerpos cuando peligra la vida o la dignidad de las mujeres”.

La penalización del aborto

El actual Código Penal prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos y también para quienes las hayan ayudado de forma indirecta, y de hasta 20 años para los profesionales de la medicina que los practiquen.

“Las leyes que penalizan el aborto infunden un temor generalizado y propician que la práctica del aborto sea clandestina, lo que obliga a mujeres y niñas a recurrir a medidas inseguras para poner fin a embarazos no deseados”, asegura Human Rights Watch sobre la situación en el país caribeño.

“El año pasado se produjeron, en cifras del Estado, alrededor de 20 muertes por temas relacionados con el aborto”, cuenta Tavera. Sin embargo, dice, ya no tienen acceso a esa base de datos. “Hemos tratado de que nos expliquen por qué, pero no lo dicen ni nos da la información de nada para poder investigar”.

Entre las víctimas de un sistema que penaliza el aborto está Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita. Ella tenía 16 años cuando le diagnosticaron una leucemia y al mismo tiempo la informaron de que tenía un embarazo de siete semanas. Aunque necesitaba quimioterapia para luchar por su vida, no se la iniciaron a tiempo porque los médicos priorizaron el embarazo. Después de mes y medio internada en un hospital de Santo Domingo, murió en agosto de 2012 por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado.

Ahora su madre busca justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El caso de Esperancita va a venir a dar en una orden concreta a la República Dominicana para que esto no se repita. República Dominicana tiene obligaciones internacionales y tendrá que cumplirlas”, asegura a Efeminista Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link Worldwide.

Alianza de los gobiernos con grupos antiderechos

Aguiluz asegura que la decisión del Senado respecto al Código Penal y el aborto es “una bofetada para las niñas, mujeres, personas con capacidad de gestar” de República Dominicana.

Y cree que este cambio de decisión en el Gobierno es parte de una corriente que existe en ciertos países de la región que responde a “la influencia y las alianzas con sectores conservadores fundamentalistas”.

“Cuando llegan al poder, y como gobernar no es fácil, empiezan a hacer alianzas con otros grupos y en este caso hay una realidad y es que los grupos de tendencia fundamentalista vinculados a la Iglesia están cada vez más presentes en la vida política nacional de nuestros países. Entonces es esta alianza la que luego les hace cambiar de opinión y, como en el caso de República Dominicana, dejar una bandera con la que el mismo presidente dijo que estaba de acuerdo y que es un caso tan básico como salvar la vida de las mujeres”, dice la especialista.

Una situación que también sucede, dice, en otros países como El Salvador y que es una reacción a la tendencia de despenalización o legalización que se instauró con los avances en México, Argentina y Colombia.

Marcia Aguiluz asegura que estos grupos “no solamente son antiderechos”. “En mi opinión son grupos antidemocráticos que están dispuestos a ceder la democracia misma con tal de mantener el status quo”.

“Son grupos que se venden muy fácilmente, no importa la parte económica, no importa si a ellos les ofrecen que van a seguir penalizando y condenando muerte a las mujeres, si les ofrecen que van a seguir discriminando a las personas de orientación sexual e identidad de género no normativa, ellos dan sus votos por cualquier cosa porque no tienen un respeto por la democracia, no tienen un respeto por los derechos humanos”, agrega.

A pesar de este panorama, la abogada de Women’s Link afirma que las activistas de República están resistiendo “y tratando de hacer lo posible para sensibilizar a los actores políticos”. “Creo que también estamos mirando hacia adelante, pues aún en contextos muy adversos se ha logrado avanzar. Tenemos la expectativa de que en algún momento en República Dominicana se entienda la importancia de respetar este derecho”, zanja.