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Portada del informe "La verdad negada" sobre los impactos del desplazamiento forzado en mujeres en Cartagena, Colombia, de la ONG Movimiento por la Paz.

«La verdad negada», impactos del desplazamiento forzado en las mujeres en Colombia

Laura de Grado Alonso | Madrid - 21 diciembre, 2022

Estigma social, ruptura de los vínculos familiares y comunitarios, despojo de tierras, precariedad económica, nuevas victimizaciones como la violencia sexual, dolor por las pérdidas humanas y sentimientos de injusticia e impotencia, fueron algunos de los impactos y afrontamientos que sufrieron las mujeres víctimas de desplazamiento forzado por ocasión del conflicto armado en la ciudad de Cartagena (Colombia).

Así lo pone de manifiesto el informe «La verdad negada: Impactos del desplazamiento forzado en Cartagena sobre cuerpos de mujeres”, realizado en el marco del proyecto Cartagena Avanzando hacia la Paz, de la ONG española Movimiento por la Paz -MPDL-, la Fundación Movimiento por la Paz y la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, que financia el Ayuntamiento de Barcelona. 

«Se habla muy poco sobre el desplazamiento forzado y es un hecho victimizante atroz que desestabiliza a las mujeres y a toda la sociedad colombiana», asegura a Efeminista Lucy Sosa Ardila, lideresa social de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena que ha participado en la investigación documentando casos.

Casi 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia

La investigación fue motivada por la alta incidencia de este hecho victimizante en el departamento de Bolívar, el segundo del país con más casos de desplazamiento forzado entre 1985 y 2019, con 631.276 víctimas.

En ese periodo en todo el territorio nacional se reportaron un total de 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Lo que se suma a las 450.664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre esos años.

Por ello, Movimiento por la Paz -MPDL- se propuso adelantar una investigación cualitativa, con enfoque étnico y de género, con una treintena de mujeres que versara sobre las impactos individuales, familiares, económicos y sociales del desplazamiento forzado con el objetivo de construir una serie de recomendaciones dirigidas a la institucionalidad.

Impactos económicos

Entre las afectaciones económicas que sufrieron las mujeres con el desplazamiento forzado, el informe señala la pérdida de bienes materiales o el despojo de tierras, pero también la precaridad económica que tuvieron que enfrentar al llegar a la ciudad que forzó a muchas de ellas a «condiciones de indignidad y carencia» y a tener que mendigar para comer.

Una situación que fue especialmente victimizante dado que la mayoría de la población desplazada era campesina y al huir tuvo que dejar sus bienes materiales en el territorio, reza el informe.

«Tuvimos que desplazarnos de nuestras veredas o municipios y dejar lo que cultivamos porque muchas éramos mujeres campesinas, hijas de padres campesinos; entonces nos tocó dejar el territorio, la siembra y los animales y venirnos a la ciudad sin nada», explica Eulalia Escalante, representante legal de la Asociación Levantémonos Mujeres.

El desplazamiento desencadena otras violencias sobre las mujeres

Escalante añade que, si bien huir les permitió proteger la vida, el desplazamiento sobrevino muchas nuevas victimizaciones y violencias como, «el secuestro o las amenazas» y, especialmente, «la violencia sexual».

«El desplazamiento llevó a empobrecer y a revictimizar a las mujeres cuando llegamos a estas grandes ciudades que desconocemos y en las que pasamos a tener unos roles diferentes», añade Lucy Sosa, en su caso, desplazada del Sur de Bolívar a Cartagena, pasó de ser una mujer campesina a tener que trabajar como empleada doméstica, sin garantías ni seguridad social.

A ello se suman impactos individuales como el dolor por las pérdidas humanas, vinculares, materiales, económicas y simbólicas o la sensación de injusticia, frustración e impotencia.

Desintegración y ruptura de la familia

Sosa relata también cómo el desplazamiento afectó a la desintegración de su familia, conformada por nueve hermanos, que tuvieron que huir a diferentes ciudades del territorio nacional.

«Nunca más hemos tenido la oportunidad de estar juntos, de estar en familia, no hemos vuelto a compartir una Navidad», recuerda Sosa emocionada al reconocer que la separación de su familia ha sido lo que más le ha golpeado en el marco del conflicto.

De acuerdo a la investigación, el conflicto armado ha dejado innumerables impactos en el escenario familiar en ámbitos como la comunicación, el trastocamiento de roles y funciones debido a la pérdida de uno o más integrantes, la ruptura de los lazos, el menoscabo de la identidad familiar.

Estigmatización y silencio

Además, la estigmatización asociada al desplazamiento forzado ha estado presente en cada una de sus etapas: durante el momento de la partida, el tránsito, en el destino y en el retorno.

«Maltrataban mucho a las personas y nos estigmatizan por el hecho de ser víctimas o desplazadas por la violencia, asumían que si estabas ahí era porque eras guerrillera o amante de guerrilleros», explica Sosa.

Para pasar desapercibidas y evitar la sospecha, muchas mujeres fueron forzadas a mantenerse en silencio, a evitar hablar de lo sucedido o a fingir que habían sido otras las circunstancias que motivaron el desplazamiento.

Para Ángela Pérez, de la Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas del departamento de Sucre, la importancia de esta investigación es precisamente esa, romper le silencio y «dar a conocer todo lo sucedido con las mujeres víctimas y las falencias enfrentadas en el recorrido con las instituciones».

«Nosotras las mujeres fuimos las más violentadas, fuimos las que perdimos a nuestros hijos y a nuestros esposos en la guerra que hubo en Colombia y las que sufrimos la violencia sexual de los actores armados», añade Pérez, víctima de tres hechos victimizantes en el marco del conflicto armado (violencia sexual, desplazamiento forzado y secuestro).

Sin embargo, hasta el momento, de las 130 medidas de género del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP firmado en 2016, solamente se han implementado el 43 %, según el cuarto informe de seguimiento realizado por la organización Ruta Pacífica de las Mujeres.

Recomendaciones a las instituciones

Tras su publicación el pasado 28 de noviembre, el Movimiento por la Paz ha entregado el informe «La verdad negada» a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al Ministerio Público, a la Unidad para las Victimas y al gobierno regional y nacional para que den cumplimiento a las recomendaciones para alcanzar una reparación integral, justicia, verdad y garantías de no repetición.

Entre ellas destacan: visibilizar los efectos del desplazamiento, garantizar el acceso a proyectos productivos y ocupacionales que viabilicen sus iniciativas económicas, reparación integral dirigida a las mujeres y sus familias, procesos educativos y pedagógicos que confronten la estigmatización del desplazamiento, una política de reubicación en la ciudad y/o poner en marcha los programas de retorno y restitución de tierras.

Asimismo, dado que muchas de las mujeres participantes de la investigación son lideresas y defensoras de derechos humanos, reclaman una política integral de protección que garantice el ejercicio de sus liderazgos políticos y comunitarios en las zonas de mayor conflictividad social y el fortalecimiento a los colectivos en los que se agrupan.