Nazima Nerabi, jueza afgana: Los talibanes niegan la existencia de las mujeres

Hasta hace poco más de un año, Nazima Nerabi ejercía como jueza la cárcel de Bagram (Afganistán), en el tribunal especial para delitos contra la seguridad interior y exterior y de terrorismo. Por sus manos pasaban semanalmente litigios relacionados con los talibanes pero nunca “imaginó”, asegura, que estos pudieran tomar Kabul. Algo que ocurrió el pasado 15 de agosto de 2021, día en el que comenzó la peor de las pesadillas para miles de mujeres y niñas.

Nazima, de 30 años y nacida en la capital afgana, se vio obligada a huir de su país por las “represalias” con las que fueron amenazadas miles de mujeres como ella.

“La situación social, cultural y política de mujeres y niñas es muy preocupante. Los talibanes están negando su existencia”, apunta Nerabi, durante su participación en un evento organizado en Madrid por la asociación hispano-francesa Mujeres Avenir con las juezas afganas exiliadas en España Gulalai Hotak, Friba Quraishi, Helena Hofiany y Safia Jan Mohammed, y presentado por la letrada del Tribunal Constitucional Carmen Delgado Echevarría, y donde han pedido al gobierno español asilo para las 150 juezas que siguen en Afganistán.

Nerabi recuerda que, desde hace más de un año, las afganas no pueden ir al colegio.

Ahora, Nerabi vive cerca de Bilbao junto a su marido y sus dos hijos pequeños. Ella fue la primera jueza (de las ocho que, según datos de Avenir, hay en España) en llegar desde Afganistán. Por el momento, comparte piso y ha obtenido el estatus de refugiada, lo que le otorga cierta estabilidad, pero la mayor parte de las magistradas exiliadas en España aún están en la primera fase del sistema estatal de acogida, una etapa temporal durante la cual viven en pisos gestionados por distintas ONGs y en la que dependen de las organizaciones para su supervivencia.

Las barreras de las refugiadas

Las que un día fueron magistradas en Afganistán siguen sin poder rehacer sus vidas. Entre las trabas que encuentran las mujeres refugiadas están las barreras idiomáticas, culturales y sociales, como el acceso a una vivienda, muy complicado sin un permiso de trabajo; la escolarización de sus hijos, -en el caso de Nerabi, cuenta, su hija pequeña va a la guardería porque “el gobierno vasco se hace cargo” del coste, si no, le resultaría imposible pagarla-, o su propio desarrollo laboral.

Cuando a Nerabi se le pregunta si cree que podrá ejercer como jueza en España, se ríe con amargura: “Espero, al menos, poder ser abogada”, responde, consciente de que las convalidaciones de los títulos entre ambos países no son sencillas.

También Helena Hofiany se muestra escéptica con la idea de volver a ejercer como jueza algún día. Licenciada en derecho y jueza en varias secciones de la Corte Suprema de Afganistán, a lo largo de su carrera dictó numerosas sentencias contra grupos terroristas.

Como sus compañeras, el 15 de agosto recibió un aviso que puso su vida en jaque: los talibanes acaban de tomar Kabul. No tuvo tiempo ni de pasar por casa.

Cuenta que llamó a su marido y a su hijo, cogió su ordenador y su carné de identidad y quemó y borró todos los documentos que pudieran implicarla en procesos relacionados con los talibanes. Desde allí huyó a Pakistán, donde la Asociación Internacional de Juezas le proporcionó un piso en el que vivir. Poco después, consiguió llegar a España.

Hofiany estaba embarazada de unas pocas semanas cuando los talibanes tomaron Kabul. Terminó dando a luz en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y ahora vive con su marido y sus dos hijos en un piso compartido en Madrid, ya con el estatus de refugiada.

Como Nerabi, también denuncia que “la presencia de la mujer en la sociedad afgana es hoy nula”, ya que se le valora “desde la sharía, la ley islámica” y reclama compromisos por parte “de los organismos internacionales” para ayudar a las mujeres de su país “a recuperar” su libertad.

Y es que, pese a que los islamistas se comprometieron a respetar los derechos de las mujeres (siempre bajo la sharía), en este último año la represión ha ido ganando terreno a las afganas, que han sido hostigadas y sometidas a “abusos, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas físicas y psicológicas” por salir a las calles a protestar por sus derechos, según ha denunciado Amnistía Internacional y numerosas organizaciones e instituciones de todo el mundo.

Los derechos de las afganas, anulados

Las organizaciones estiman que en la República Islámica de Afganistán unas 270 mujeres ejercían como juezas, de las cuales 180 consiguieron escapar del país junto a sus familias tras la llegada de los talibanes al gobierno, según ha asegurado la Directora regional en Europa, Oriente Medio y Norte de África de la Asociación de Mujeres Juezas, Gloria Poyatos.

Una de ellas era Safia Jan Mohanmmad, que ejercía como magistrada en tribunales de violencia contra las mujeres en Afganistán. Pese a las amenazas, su compromiso con la igualdad se mantuvo intacto durante años, hasta el verano de 2021. Nacida en la capital afgana, esta madre de dos hijos, huyó de su país poco después junto a su marido, también juez, y terminó siendo acogida en Navarra, muy cerca de Pamplona.

“Antes de la llegada de los talibanes al poder ya sufríamos amenazas y temíamos por nuestra vida. En agosto de 2021 entendimos que debíamos huir de un país donde las mujeres que denuncian a sus maridos, novios o hermanos por malos tratos, son asesinadas, donde la violencia es diaria, doctoras son engañadas para acudir a atender a enfermas y son encontradas decapitadas como aviso al resto de mujeres. Esa es la realidad que se vive hoy en Afganistán”, ha apuntado.

Una postura en la que ahonda Frida Quraishi, magistrada conocedora de la represión a la que someten a los y las juezas en Afganistán: cuenta que, cuando condenó al terrorista talibán que asesinó en 2017 a la cooperante española de Cruz Roja en Mazar-e-Sharif, este se levantó y le gritó que era su enemiga y que merecía la muerte. Ahora, Quraishi espera en Madrid, junto a su familia, su reconocimiento como refugiada.

“Queremos levantar la voz ahogada de las mujeres afganas y de todo el pueblo con un sufrimiento que no tiene fin”

“Hablamos con la voz de las chicas que les han cerrado las escuelas, de las mujeres analfabetas atrapadas en sus casas o de las universitarias que mendigan para conseguir un trozo de pan”, incide.

Alzar la voz por las que quedan dentro

Desde la toma de Afganistán por los talibanes, en el país “la mujer siempre es la culpable”. Así lo asegura Gulalai Hotak, ex-directora del Tribunal de Policía Primaria de Kabul y ahora exiliada en el norte de Madrid junto a su familia. Su experiencia profesional de más de tres décadas en la administración pública la autoriza para asegurar que “el progreso obtenido durante los últimos veinte años por las mujeres afganas”, que las llevó “a ser parlamentarias, candidatas a presidenta del gobierno, empresarias o altos cargos del estado” ha desaparecido “en un solo día”, el 15 de agosto de 2021.

“Las limitaciones impuestas por los talibanes impiden a las mujeres trabajar y alimentar a sus familias, han cortado de raíz el futuro de las niñas, han acabado con las ilusiones de toda una generación”.

“El mundo debe volver a unirse contra los talibanes en Afganistán, un país donde ante cualquier acusación, aunque sea falsa, la mujer siempre es la culpable y su condena puede ser la ejecución”, recuerda.

Las mujeres en Afganistán

La situación de las mujeres en Afganistán no ha dejado de empeorar desde la llegada de los talibanes al poder. Amnistía Internacional apunta a que cada vez son más las que ingresan en centros de detención por infracciones discriminatorias como salir de casa sin el acompañamiento de un mahram (varón de la familia) o por ir por la calle con un hombre que no pertenece a su entorno familiar. Además, perciben un aumento en el número de matrimonios precoces y forzados, achacados a la severa crisis humanitaria y económica que azota al país y a la falta de perspectiva para el futuro de las jóvenes.

En el ámbito universitario, “el hostigamiento de los talibanes a las alumnas -así como las restricciones impuestas a la conducta, la vestimenta y las oportunidades de éstas- ha creado un entorno peligroso en el que las estudiantes están sistemáticamente en desventaja”, provocando que muchas abandonen sus estudios, según denuncian en un informe reciente.

Afganistán se encuentra sumido en una profunda crisis económica y humanitaria, agravada por la llegada al poder de los talibanes y la congelación de los fondos internacionales para la reconstrucción del país, donde el 59 % de cerca de sus 39 millones de habitantes necesitan asistencia, según datos de la ONU.

Ante las críticas más o menos rotundas de la comunidad internacional, el Gobierno interino de los talibanes se ha esforzado en repetir que las preocupaciones son “infundadas”.

A finales de mayo, el Ministerio de Exteriores afgano indicó que las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas están “en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad” de mayoría musulmana. “No se ha impuesto al pueblo afgano nada que vaya en contra de las creencias religiosas y culturales de la sociedad islámica”, sostuvieron entonces los nuevos gobernantes de Afganistán.