Indígenas Guatemala violaciones

Antonia Velay, una mujer achí sobreviviente de violencia sexual en un cuartel militar durante el conflicto armado guatemalteco, participa en un conversatorio con periodistas y otras mujeres sobrevivientes en un restaurante de Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Indígenas de Guatemala piden justicia por violaciones durante la guerra civil

EFE | Ciudad de Guatemala - 14 enero, 2022

Varias mujeres indígenas achí de Guatemala han pedido justicia por las violaciones sexuales sufridas sistemáticamente durante el conflicto armado interno en un cuartel militar en el norte del país centroamericano, específicamente entre 1981 y 1985.

Las sobrevivientes han recordado ante un reducido número de periodistas los crímenes en su contra por los cuales se encuentran acusados cinco paramilitares, en un proceso judicial que actualmente está en marcha en un tribunal de alto riesgo.

Una de las mujeres indígenas achí, Antonia Velay, ha detallado cómo, durante las vejaciones, los exparamilitares y soldados del Ejército de Guatemala asesinaron a su hijo de 7 meses. «Él tendría ahora 39 años. Mi hijo tendría 39 años. No esperamos otra cosa más que justicia», enfatizó.

Las indígenas de Guatemala piden justicia

En total son 36 las mujeres que sufrieron los abusos sexuales por los cuales están acusados cinco exparamilitares, quienes formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en la guerra civil en Guatemala.

Las violaciones tuvieron lugar de manera sistemática entre 1981 y 1985, durante la época más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala, una guerra civil que se extendió desde 1960 hasta 1996 y que dejó más de 245.000 fallecidos o desaparecidos, la mayoría a manos del Estado, según informes de la Organización de Naciones Unidas.

Los abusos sexuales contra las mujeres indígenas achí se registraron en el cuartel militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Otra de las mujeres que ha relatado su historia fue Máxima García: (tuve) «vergüenza de mi dolor, vergüenza de decirle a mi esposo del dolor de mi matriz».

Estrategia militar

La socióloga Brisna Caxaj, integrante de la organización no gubernamental Impunity Watch Guatemala, que da acompañamiento a las mujeres achí en el proceso judicial, ha indicado que la violencia sexual era una estrategia militar contra la población civil, y que el caso de las 36 mujeres achí lo demuestra.

Caxaj también ha dicho que el 18 % de los crímenes contra los derechos humanos en la guerra los realizaron ex patrulleros civiles bajo el resguardo del Estado.

“La violencia sexual fue un arma (militar). Este caso sacará a la luz como cómo se implementó la violencia sexual”, ha sentenciado Caxaj.

El debate oral y público en contra de los cinco expatrulleros acusados de las violaciones ha comenzado el pasado 5 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside Jazmín Barrios.

Los sindicados son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.

Los detenidos están acusados de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil.

Las violaciones sexuales a las indígenas

Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando las violentaron sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, según el Ministerio Público.

Las víctimas han recordado que la violencia sexual fue continuada y que el Ejército guatemalteco asesinó a civiles en comunidades y destruyó todo a su alrededor, como plantaciones, casas y animales.

«Necesitamos un psicólogo para cada una, y para nuestra comunidad, por todo lo que vivimos», ha añadido García.

Después de casi 40 años de haber sufrido los vejámenes, las indígenas aún padecen las secuelas de esos días. «Yo no aguanto mi corazón», manifestó entre lágrimas Teresa Cacaj, otra de las víctimas de las violaciones, quien ha dicho que pese a sentirse enferma y decaída aún puede «luchar un poco» en busca de justicia.

Los Acuerdos de Paz entre la guerrilla guatemalteca y el Estado fueron firmados en 1996 después de varios años de negociaciones.