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AI: La impunidad, aliada de la violencia contra las mujeres en el Kurdistán iraquí

La impunidad es una aliada para los agresores que ejercen violencia contra las mujeres en el Kurdistán iraquí, donde las autoridades no garantizan que los sospechosos rindan cuentas a la justicia, pese a la existencia de estremecedores casos de asesinato, violación, palizas y quemaduras.

Estas son algunas de las conclusiones del informe Daunting and Dire: Impunity, underfunded institutions undermine protection of women and girls from domestic violence in the Kurdistan Region of Iraq, de Amnistía Internacional (AI), en el que se expone cómo, en la práctica, las sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar afrontan "obstáculos considerables para acceder a protección y justicia en dicha región".

El informe concluye que las autoridades carecen de voluntad política para enjuiciar a los perpetradores de este tipo de violencia y para ofrecer un apoyo a las mujeres y las niñas que recurren al Estado para que las proteja.

En el Kurdistán iraquí "se está fallando constantemente a las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar. Desde el momento en el que escapan de una situación de malos tratos, estas mujeres y niñas afrontan una y otra vez enormes obstáculos cuando tratan de buscar protección y justicia, lo que las deja en situación de riesgo y permite a los perpetradores quedar impunes", asegura Aya Majzoub, directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África.

Majzoub agrega que las sobrevivientes que buscan refugio en un albergue sufren condiciones similares a las de una prisión y, en algunos casos, eso lleva a las mujeres y las niñas a regresar a situaciones de abusos terribles.

La impunidad en Kurdistán iraquí

El informe se basa en entrevistas con 57 personas, incluidas 15 mujeres sobrevivientes de violencia de género dentro del hogar, personal directivo y miembros del personal de la Dirección de Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Familia (DCVAW, por sus siglas en inglés) y de albergues para mujeres, trabajadores y trabajadoras de ONG, profesionales de la abogacía y autoridades gubernamentales.

Tras visitas a territorio y entrevistas, el equipo de investigación pudo determinar que pese a que el Gobierno regional del Kurdistán ha promulgado una ley progresista sobre violencia de género en el ámbito familiar esta no parece tener efecto alguno hasta la fecha.

Las mujeres que sufren violencias se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a la justicia. Uno de los principales es que las propias sobrevivientes deben presentar una denuncia contra su abusador para que la fiscalía investigue los incidentes de violencia de género en el ámbito familiar y para acceder a los servicios de protección, incluidos los albergues.

Las represalias tras la denuncia

Muchas mujeres temen sufrir represalias o amenazas si denuncian a sus agresores.

"En nuestra sociedad... [presentar una denuncia penal] borra todos tus hematomas y lesiones y te equipara al agresor", dice una persona que trabaja en el ámbito de la protección.

Una vez iniciado el proceso judicial, las mujeres pasan por largos y engorrosos procedimientos y son revictimizadas por los jueces, quienes muestran parcialidad hacia los abusadores y priorizan la protección de la "unidad familiar" a la de las víctimas. Las humillaciones por las que pasan las desincentivan y lleva a muchas de ellas a retirar los cargos y regresar a situaciones de abuso.

En muchos casos, la única salvaguardia que requieren los tribunales cuando las sobrevivientes retiran los cargos es que el abusador, o familiares de la sobreviviente, que pueden ser quienes la amenazan, firmen un "compromiso de no causar daño", una medida discrecional requerida por los jueces que no es jurídicamente vinculante, detalla el informe.

En el Kurdistán iraquí hay numerosos casos de mujeres que han sido asesinadas después de que sus agresores firmaron ese compromiso.

Deficiencias de la ley sobre violencia de género

Amnistía Internacional ha detectado que la Ley de Violencia Doméstica de 2011 de la Región del Kurdistán de Irak da prioridad a la protección de la "unidad familiar" sobre la justicia y la protección de las sobrevivientes, y establece penas para los infractores que no son proporcionales a la gravedad de los delitos que cometen.

Antes de que el caso llegue a juicio, la ley determina que debe iniciarse un "proceso de reconciliación" entre la sobreviviente y su abusador. Además, los actos de violencia intrafamiliar (incluidas las lesiones corporales y la violación conyugal) se consideran faltas y, por lo tanto, sólo acarrean una pena máxima de tres años de prisión.

Si bien la normativa otorga a los jueces discreción de hacer uso de penas más severas estipuladas en el Código Penal, Amnistía Internacional ha concluido que la falta de directrices claras en un contexto de arraigados estereotipos de género implica que los jueces rara vez imponen penas proporcionales a la gravedad del delito.

"[Recuerdo] el caso de una mujer que había sido golpeada brutalmente por su esposo y que interpuso denuncia en tres ocasiones. En todas ellas, el juez le impuso al esposo la multa mínima. La mujer fue a los tribunales tres veces, siempre con los mismos hematomas", contó al equipo investigador una persona profesional de la abogacía.

La impunidad de los homicidios en nombre del "honor" también sigue existiendo, a pesar de que el "honor", como circunstancia atenuante en casos de asesinato u otros delitos graves contra las mujeres, se eliminó mediante una enmienda de 2002 al Código Penal.