Las barreras que impiden a víctimas de violación acceder a la justicia en Ecuador

Son múltiples las barreras con las que se encuentran las víctimas y sobrevivientes de violación en Ecuador cuando quieren realizar una denuncia en la Fiscalía por el delito cometido en su contra, según un estudio realizado por la organización Surkuna y difundido esta semana.

Estas barreras van desde la ausencia de rutas claras para denunciar la violencia sexual, la escasez de información o la falta de personal técnico para realizar peritajes o patrullajes ante el posible regreso del agresor. Obstáculos que incrementan si las mujeres viven en zonas rurales o más alejadas de las ciudades principales, como es el caso de la Amazonía o las islas Galápagos.

"Las mujeres no saben qué hacer, dónde denunciar, no saben a dónde ir y generalmente cuando van a la Fiscalía o la Policía les tienen en una ruta permanente, yendo de institución en institución, sin saber qué hacer. Esto se agudiza dependiendo de los contextos", explica Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna.

Vera señala que el estudio se realizó en el marco del debate actual del proyecto de ley del aborto por violación que está en la Asamblea. "La intención era pensar cómo se puede construir una ley para las sobrevivientes. Una ley que permita que sus vidas se pongan en el centro y que este proceso pueda ser realmente reparador", agrega.

Los delitos sexuales en Ecuador

Las cifras por violencia sexual en Ecuador "son escalofriantes", dice Vera. Según datos del servicio de emergencia nacional, entre 2016 y 2020 existieron 152.327 pedidos de auxilio por violencia intrafamiliar. De esa estadística, 1.236 casos se reportaron como violencia sexual; 2.514, como delitos sexuales; 2.630, como abuso sexual y 2.340 como delitos de violación.

"Ni siquiera la misma institución que se supone que ayuda a las víctimas tiene claro cuál es la diferencia entre violencia sexual, delito sexual y violación porque tienen muchas categorías similares que podrían servir para hablar de lo mismo", revela la abogada defensora de los derechos de las mujeres.

La Fiscalía maneja cifras distintas. En el mismo período hubo 27.080 denuncias por el delito de violación y 14 por violación incestuosa. "En la encuesta de relaciones familiares del Instituto Nacional de Estadística y Censos se detecta que la violación es el delito que menos se denuncia y que solo un 2,7 % de las mujeres que han vivido violencia sexual han denunciado en los últimos 12 meses", agrega la directora de Surkuna.

Sin embargo, dentro de ese universo, la mayoría de las denuncias, un 89,2%, siguen en investigación previa, que es la primera fase del proceso judicial. "Esto quiere decir que los agresores ni siquiera han sido perseguidos o investigados de manera adecuada. Esto nos muestra la falta de acceso a la justicia”, reitera.

Las barreras para las víctimas de violación

Para las investigadoras, que solo el 2,7 % de las víctimas de violación denuncie se debe, principalmente, a las barreras que encuentran en el sistema judicial y de salud de Ecuador cuando intentan reportar la agresión.

Según el informe, la "primera gran barrera" con la que se enfrentan las víctimas es que las rutas para denunciar no se adaptan a los territorios y realidades en los que viven las mujeres. "Hay lugares en donde no hay Fiscalías ni Juntas de Protección de Derechos ni hay juzgados. En Galápagos, por ejemplo, solo hay tenencia política", se señala en el documento.

Otro obstáculo es la ausencia de medidas especiales de protección como las boletas de auxilio o botones de pánico que resultan "ser poco efectivas para las mujeres incluso en la ciudad. Mucho más para las que están en territorio rural", dice Vera. O hay lugares en donde los protocolos de atención no funcionan porque no todas las instituciones involucradas están presentes en el territorio.

"En el ámbito de la salud, los espacios de atención ni tienen la infraestructura adecuada ni se manejan los casos con la suficiente confidencialidad. Las víctimas se encuentran con que no hay personal capacitado en género y que les pueda apoyar", relata Amparo Peñaherrera, de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, una provincia amazónica.

Déficit de peritos e investigadores

Ya en el ámbito judicial, las investigadoras han detectado que "de forma sistemática"  los jueces y juezas consideran que para que exista violación tiene que haber fuerza física y lesiones corporales. "Y esto tiene que ver con un tipo penal inadecuado porque no considera al consentimiento como fundamental para las víctimas".

Los operadores de justicia tampoco están capacitados, tienen prejuicios y no tienen comprensión integral de lo que implica la violencia sexual.

Además, no hay difusión apropiada sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual y sus familias. "Si bien logran poner la denuncia, no saben qué hacer, a dónde tienen que ir, cómo pueden ejercer sus derechos", explica Ana Vera.

El déficit de entidades especializadas para la atención a víctimas de violencia y de peritos dificulta también el avance de las investigaciones. Según datos del Ministerio Público recogidos por Surkuna, solo hay 86 fiscalías especializadas en violencia de género para procesar las miles de denuncias que se registran.

A nivel nacional, hay 77 médicos legales, 73 psicólogos, 59 trabajadores sociales y 18 técnicos para cámara de gesell. Esto provoca que, según la investigación, los peritajes se suspendan durante años. O, por el contrario, que la recepción de la denuncie se condicione a que sea la víctima la que lleve su propio peritaje.

"No existe acceso a la justicia para las víctimas de violación y mientras no se transformen esos problemas estructurales no podemos hablar de que haya protección a las víctimas", insiste Vera.