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El "devastador" impacto de la penalización del aborto en adolescentes con discapacidad dominicanas

Luz es una adolescente de 14 años con discapacidad cognitiva que quedó embarazada como consecuencia de una violación, sin embargo, está obligada a tener una maternidad forzada debido a la penalización total del aborto en República Dominicana.

Su caso es sólo uno de los que ejemplifican el impacto "devastador" de esta medida en el país, en el que una de cada cinco adolescentes y mujeres de 15 a 19 años (20 %) ya ha tenido un hijo o está embarazada por primera vez, según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Al embarazo no deseado de Luz se suma que el Estado dominicano decidió que la menor debía permanecer en un centro de acogida para niños, niñas y adolescentes y restringió el número de visitas que podía hacerle su madre Flor.

"El Estado dice que ella (la madre) no estaba en condiciones de cuidarla y eso es lo que pasa en los círculos de violencia, que se traslada la responsabilidad de un acto de violencia sexual a las víctimas, en este caso a Luz y a su madre, porque finalmente ella es la cuidadora, cuando quien tiene la responsabilidad es el violador o el abusador y el Estado debe investigar, pero eso no ha avanzado mucho", explica a Efeminista Estefanny Molina, directora legal para América Latina y el Caribe de Women's Link, quien lleva la representación legal de Flor y Luz.

Flor es una mujer que vive en condiciones de extrema pobreza. Por la situación que han vivido junto a su hija, el deseo de estar junto a ella y la presión por parte de diferentes autoridades no tuvo otra opción que aceptar este régimen de visitas.

El impacto de la penalización del aborto en República Dominicana

El caso se remonta a julio de 2024, cuando Flor notó una protuberancia en el abdomen de su hija y la llevó al hospital. Luego de realizarle algunos exámenes, el personal médico le confirmó que estaba embarazada. Ella denunció la violación y la Fiscalía emitió una orden de captura en contra del presunto violador. Sin embargo, hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

"Este caso tiene que ver mucho con el contexto en el cual se da, en un país donde está penalizado absolutamente el aborto y donde no hay otra alternativa, porque debieron habérsela dado por ser un embarazo de alto riesgo, para salvar la vida de esta adolescente, pero no hay otra opción que la maternidad forzada", señala Molina.

La abogada señala que este caso da cuenta del "impacto desproporcionado y tan devastador" que tiene la penalización absoluta del aborto "en un país donde los índices de violencia sexual son altísimos, sobre todo de menores de edad y donde las muertes maternas todavía tienen gran incidencia cuando se refiere a personas con discapacidad, y sobre todo niñas con discapacidad".

Según las cifras que maneja, las mujeres con discapacidad tienen más del doble del riesgo de sufrir preeclampsia grave, trastorno de hipertensión en el embarazo y 25% más de riesgo de sufrir diabetes gestacional que las mujeres sin discapacidad.

Además, corren un 16 % más de riesgo de sufrir rotura prematura de membranas, cuatro veces más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como infartos, trastornos al corazón, a los vasos sanguíneos y casi tres veces más riesgo de infección.

"Es un embarazo de alto riesgo y esto quiere decir que este embarazo pone en riesgo la vida de esta adolescente. Es tan claro como eso", agrega.

La lucha por la despenalización en tres causales

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) registra que en República Dominicana fallecen 123 niñas y adolescentes al ser madres por cada 100 mil nacimientos. Pese a esas cifras, es uno de los seis países americanos que mantienen una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

"¿Cuál es el futuro que tienen las niñas y adolescentes en República Dominicana?", se cuestiona la abogada. "Están condenadas, además de ser sobrevivientes de violencia sexual, a embarazos no deseados, no planificados, forzados y a ser madres. Ese es el futuro que les espera", lamenta.

Molina dice que los Estados tienen la obligación de asegurar que las niñas y adolescentes vivan libres de violencias basadas en el género, incluida la violencia sexual, que puedan soñar con una vida donde puedan estudiar, donde puedan reírse, donde puedan ir de fiesta, donde puedan vivir sus niñeces y adolescencias libres, seguras, en paz. Sin embargo, agrega, esa es una deuda que han tenido los gobiernos de República Dominicana con las mujeres y niñas.

"El caso de luz no es aislado, pero sí es un ejemplo que demuestra la importancia de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en al menos tres causales", señala.

Y es que durante años las organizaciones de derechos humanos y feministas han luchado para que en el país caribeño se apruebe la despenalización por tres causales: vida y salud de la mujer, violación o inviabilidad del feto. Pero pese a promesas políticas o pronunciamientos a favor como los que ha hecho el presidente Luis Abinader esto no ha sucedido.

De hecho, ha habido intentos de retrocesos, con la reciente discusión de un nuevo código penal que no incluía estas causales, pero que no llegó a aprobarse.

"No bajaremos la guardia, no perderemos la esperanza y seguiremos trabajando para que ojalá en un futuro muy muy cercano se hable ya de cómo se consiguió la despenalización del aborto en República Dominicana al menos en las tres causales", concluye.