Los huérfanos del feminicidio, invisibles para el Estado boliviano

Al menos 89 niñas y niños han quedado huérfanos como consecuencia de casos de feminicidio ocurridos en Bolivia desde enero hasta la primera quincena de julio, según datos de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos aseguran que son invisibles para el Estado.

Los datos son parte de un comunicado de prensa de la Defensoría al informar sobre su participación en una campaña contra la violencia hacia las mujeres que emprende junto a un canal privado de televisión de Bolivia y organizaciones como ONU Mujeres y la Coordinadora de la Mujer.

La nota detalla que entre enero y el 19 de julio en el país se han registrado 50 muertes violentas de mujeres, 23 infanticidios “y existen 89 huérfanos víctimas de feminicidio”.

Huérfanos invisibles para Bolivia

La Fundación Voces Libres, dedicada a la defensa de víctimas de violencia, ha lamentado en un comunicado de prensa que estos menores “ya eran invisibles cuando sus padres o sus padrastros ignoraban sus lágrimas y las súplicas con las que intentaban frenar tantos golpes sobre los rostros y los cuerpos de sus madres”.

“Ahora que ya no tienen a mamá, porque la asesinaron, ni a papá, porque está en la cárcel o porque se quitó la vida. Los huérfanos del feminicidio siguen siendo invisibles para un Estado que nunca se hizo cargo de ellos desde que la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, fue promulgada en 2013″, ha denunciado la fundación.

Voces Libres ha recordado además que si ningún familiar puede hacerse cargo de ellos por falta de recursos o porque incumplen los requisitos, a los menores los envían a orfanatos u hogares de acogida, “pero el Estado no se ocupa de ellos, no les asigna una pensión ni vela por su estudios”.

Las sanciones por feminicidio

El feminicidio está sancionado en Bolivia con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima de la legislación boliviana, mediante la ley 348.

Las organizaciones feministas han reclamado desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

El Gobierno boliviano promulgó a principios de mes una ley que, entre otros, retira el beneficio de la detención domiciliaria a los investigados por estos sucesos y endurece las sanciones contra operadores judiciales que demoren estos procesos o favorezcan de alguna forma a los acusados.

Además, el Ejecutivo presentó hace unos días un proyecto de ley para reformar y “fortalecer” la norma contra la violencia machista.