Organizaciones exigen fiscalizar casos de feminicidios en Ecuador ante el alto nivel de impunidad

Fiscalizar los casos de feminicidios y de abusos sexuales, garantizar la justicia y que no se permita la prescripción de este tipo de delitos han sido las principales demandas de varias organizaciones sociales y feministas de Ecuador, que han expuesto sus reivindicaciones en la Asamblea Nacional (Parlamento), ante el alto índice de impunidad.

Las mujeres que han asistido a la Asamblea han denunciado las irregularidades que suceden en numerosos procesos judiciales de feminicidios y abusos sexuales, y han solicitado la necesidad de garantizar procesos judiciales que eviten la impunidad de los agresores.

David Díaz, hermano de Gabriela Díaz, una joven que sufrió una agresión sexual en 2013 y que meses más tarde acabó con su vida, ha explicado que, a pesar de que la Corte Nacional de Justicia dictó 25 años de prisión por violación con secuela de muerte en contra de sus agresores, uno de ellos recibió la prelibertad (libertad condicional) recientemente sin que existiera una petición formal y aplicando criterios contradictorios.

“Estas situaciones judiciales negligentes y corruptas ponen en peligro los derechos y la vida de las víctimas”, ha denunciado Díaz.

"Los operadores de justicia pasan por encima de las leyes"

La madre de Gabriela, Janeth Cañizares, ha considerado en una entrevista con EFE que ha habido “una total negligencia” en la vía judicial y ha afirmado que en la ciudad andina de Riobamba existen más de una veintena de casos “donde los operadores de justicia pasan por encima de las leyes y aplastan a todas las víctimas”.

El hermano de Gabriela también ha mencionado el caso del presunto feminicidio de Aidita Ati, la subteniente que fue hallada sin vida el 29 de junio en el Fuerte Militar Napo en Orellana, en un caso, según ha indicado, “manchado por el encubrimiento de las autoridades militares y la falta de transparencia dentro del proceso judicial”.

Por otro lado, Rosario Guamán, miembro de organizaciones sociales y feministas de Chimborazo y madre de una joven víctima de feminicidio, ha denunciado que la Fiscalía de esta provincia no le permitió realizar una defensa técnica en el caso de su hija y que el sistema judicial permitió que el posible culpable huyera.

Guamán ha destacado que esta situación refleja la realidad de otras mujeres víctimas de feminicidio en el país y ha exigido que “se fiscalice la acción de fiscales y jueces que han sido ciegos e indolentes en el proceso”.

Irregularidades en los proceso judiciales

Otra de las representantes de estas organizaciones, Miriam Cuenca, ha narrado su propio caso como posible víctima de violación por parte de su jefe y las irregularidades que presenció en su proceso.

Entre ellas tener que ofrecer el testimonio anticipado hasta siete veces, el archivamiento de su caso por la fiscal al aducir que no se resistió a la violación o la posibilidad de que su agresor le pusiese una denuncia con motivo de extorsión.

Tras compartir su vivencia, ha exigido la Asamblea que se fiscalicen los casos de violencia sexual, en los que, ha expresado, “prevalece la corrupción a nivel de la Fiscalía, la corte y otras instancias judiciales”.

De su lado, Camila Orozco, también representante de estas organizaciones, ha recalcado que las víctimas no son cifras ni herramientas de un marketing político y ha reclamado justicia y reparación para ellas.

La impunidad de los agresores

Orozco también ha puesto voz al mensaje de Paquita, la madre de Kerly, una joven de 26 años, cuyo caso de feminicidio ha pasado por cinco fiscales diferentes, y ha apuntado que su agresor camina por las calles tras tres años y siete meses de dilaciones.

También ha mencionado el caso de Evelyn Flores, en que el levantamiento de su cadáver contaminó la escena de su asesinato al tomarlo como un suicidio, para más tarde descubrirse que la causa de su muerte había sido un golpe en la cabeza.

Todos estos casos ejemplifican el estado de impunidad que sigue afectando al sistema y Orozco ha exhortado a la Asamblea a que se creen comisiones especializadas individualizadas para la fiscalización exhaustiva de estos casos, así como que se examine la actuación de las autoridades involucradas y que exista un proceso de rendición de cuentas claro y transparente que presente informes detallados sobre el avance de los mismos.