Mujeres a favor de la eliminación del delito de aborto se concentraron afuera de la Corte Constitucional de Ecuador, en marzo de 2024, para pedir la despenalización total. EFE/ José Jácome
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Expertas se reúnen en Ecuador para reflexionar sobre la eliminación del delito de aborto
Expertas de varios países de América Latina, Canadá, Estados Unidos y España llegarán a Quito, Ecuador, para participar este 26 y 27 de septiembre de un seminario que organiza el Movimiento Justa Libertad, en el que se reflexionará sobre la importancia de la eliminación del delito de aborto de la legislación ecuatoriana.
"Vamos a hablar de salud, de igualdad, de violencia basada en género, de la existencia del delito de aborto, pero también vamos a hablar de lo positivo, de cómo se debería regular el aborto para que sea un derecho, de las experiencias que ha habido en la región con relación a la eliminación del delito y de los impactos que estas decisiones han tenido en la garantía de los derechos de las mujeres y de las niñas", explica a Efeminista la portavoz de Justa Libertad, Ana Vera.
El evento, que se realiza en el marco del 28 de septiembre, Día de acción global por el derecho al aborto, se realizará en Universidad Central del Ecuador y contará con la participación de expertas como Ana Cristina González, pionera del movimiento colombiano Causa Justa; Ximena Casas, investigadora con experiencia en Human Rights Watch o Planned Parenthood Global; o Ruth Zubriggen, activista, académica y acompañante de abortos.
Justa Libertad es un movimiento que agrupa a ocho organizaciones defensoras de los derechos humanos en Ecuador y que nació en marzo de 2024 con el objetivo de impulsar la lucha por la eliminación del delito de aborto. En ese mismo mes, sus representantes le pidieron a la Corte Constitucional que despenalice esta práctica.
Con esta solicitud, Justa Libertad busca que la alta Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento, pues consideran que la existencia de este delito genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes del país.
Eliminar el delito de aborto del Código Penal
Vera asegura que eliminar el delito de aborto en Ecuador es "urgente" y "fundamental" para "garantizar los derechos humanos de la mitad de la población".
"Pero, además, estamos seguras de que su existencia pone en riesgo de forma grave e inminente los derechos de un montón de niñas, mujeres y personas gestantes que todos los días en este país son obligadas a una maternidad forzada o a un aborto en condiciones de inseguridad", agrega.
Sólo en 2022, 2.001 niñas en Ecuador tuvieron hijos de sus violadores, según datos del Ministerio de Salud. Mientras que quienes deciden abortar de forma insegura se arriesgan a pasar por procesos de criminalización, incluso si llegan a los centros médicos en busca de ayuda tras someterse a procedimientos que les pueden costar la vida.
Según un estudio de Human Rights Watch, el 73 % de los procesos judiciales por aborto inició después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de los profesionales médicos. En los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las cuales el 61% eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
Por otro lado, quienes sí intentan garantizar el servicio de salud bajo las causales legales también se exponen coacciones de la Fiscalía, que, dice Vera, "les abre procesos penales sin ningún asidero, aunque no vayan a prosperar". "Solamente que les llamen a declarar les genera tanto miedo que les inhibe de garantizar una atención integral", relata.
"Mientras haya el delito va a ser bien complicado que se garantice un acceso completo justamente porque no existe una claridad de cuándo se puede o no practicar y porque queda a la arbitrariedad de cada servicio de salud, de cada jefe de servicio de salud y también de cada fiscal, de cada juez y de cada persona que conoce una causa y ese es un problema estructural grave", señala Vera.
La despenalización social del aborto en Ecuador
Desde marzo, Justa Libertad también está recorriendo el país para realizar "pedagogía social" y transmitir a cada vez más personas "la necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal".
"Hemos hecho talleres para pensar nuestros valores alrededor de este tema, pero también para compartir las experiencias de aborto, de criminalización, y para generar insumos más artísticos que nos permitan llegar a más personas", recuerda la portavoz.
Vera señala que estos eventos les permitieron tener contacto con "mucha gente nueva que comienza a empoderarse alrededor de la temática y a entender por qué el aborto tiene que ser un servicio de salud y no un delito penal".
Para el movimiento es "muy importante" trabajar alrededor del estigma y la desinformación que existe alrededor del aborto.
"Muchas mujeres que abortan voluntariamente o que incluso viven abortos espontáneos sufren violencia obstétrica, violencia desde la familia, discriminación, y eso es justo lo que queremos cambiar, porque creemos que no basta únicamente con el cambio legal, sino que es importante que se modifiquen patrones socioculturales y que la gente entienda porqué las mujeres y las personas gestantes somos quienes tenemos derecho a decidir sobre nuestra reproducción", detalla.
"La Organización Mundial de la Salud ya nos ha dicho que el aborto es una de las intervenciones médicas más seguras si se hace en lugares adecuados, con personal de salud adecuado y con información adecuada y eso es lo que hay que irle aclarando a la gente. Hay que ir desmitificando las creencias erróneas alrededor del aborto y permitiendo que la gente entienda realmente de qué se trata el proceso", añade.
Uno de los temas de los que más se suele poner sobre la mesa cuando la discusión sobre aborto se masifica en el país es el de la salud mental. "Existen muchos prejuicios y estereotipos que dicen que abortar afecta la salud mental de las mujeres, pero los estudios científicos muestran que en realidad lo que genera ansiedad, depresión e impactos en la salud mental es la restricción en la posibilidad de las mujeres de tomar decisiones frente a su vida reproductiva", aclara la también abogada.
Los movimientos detrás de la demanda de eliminación del delito de aborto del Código Penal esperan que la Corte Constitucional decida sobre este tema en este año.