Ecuador ratifica que cumplirá la sentencia por violencia sexual en colegios

Ecuador ha ratificado su compromiso con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Paola Guzmán, una adolescente que se suicidó hace 18 años tras ser víctima de violencia sexual cometida por un docente.

La Corte IDH condenó el pasado 14 de agosto al Estado ecuatoriano por la violación de la que fue víctima Paola del Rosario Guzmán Albarracín en un centro educativo estatal de Guayaquil, situación que la llevó a suicidarse en 2002, a los 16 años de edad.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, ha indicado en un comunicado que han tenido que pasar más de cuatro Gobiernos y 18 años para que la familia de la menor "realmente sienta que existe descanso".

"Ninguna vida tiene precio, ningún criterio de reparación mejora o revive el proyecto de vida de la familia de Paola, por lo tanto, la justicia está en deuda social con el Estado, que somos todos", ha manifestado Chacón y ha recalcado que "si un juez piensa desde la perspectiva del machismo no va a hacer justicia".

La postura de Ecuador

La secretaria dijo que la Corte IDH ha reconocido los avances en Ecuador para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero admitió que "falta mucho por hacer para cambiar patrones culturales, fortalecer el sistema de justicia y lograr una mejora en la calidad de las sentencias".

El fallo sobre el caso de Paola Guzmán, sin precedentes en la Corte interamericana, determinó que la agresión ejercida contra la menor afectó su derecho a una vida libre de violencia, le provocó graves sufrimientos y "tuvo relación con su decisión de quitarse la vida".

El dictamen señala que Ecuador es "responsable por la violencia sexual ejercida en contra de Paola" y  lo obliga a adoptar medidas de protección y sancionar a los agresores dentro de los colegios. El presidente Lenín Moreno ya manifestó que "Ecuador ejecutará la sentencia".

La historia de Paola

Paola fue acosada y abusada sexualmente desde que tenía 14 años por el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Tras cumplir los 16 y ser víctima de repetida violencia sexual por parte del vicerrector, la adolescente quedó embarazada.

El agresor intentó entonces que Paola se practicara un aborto con la asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales. Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco poco antes de arribar al colegio el 12 de diciembre de 2002.

La adolescente llegó a la enfermería del centro en situación crítica, pero no recibió la atención médica requerida. La llevaron a un hospital pero falleció.

El proceso penal que buscó esclarecer los hechos se suspendió tras la fuga del vicerrector y el 18 de septiembre de 2008 la Justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal, razón por la cual su familia recurrió a la Corte IDH.

"Al fin se hizo justicia"

Dieciocho años después del suicidio de su hija, la condena sin precedentes de la Corte IDH contra Ecuador sobre el caso supone para Petita Albarracín el cierre de un capítulo que ensombreció durante años a la sociedad ecuatoriana.

"Yo con esto cierro esta gran lucha que he seguido por mi hija. Gracias a Dios se hizo justicia", dice en una entrevista con Efe la progenitora, que asegura sentirse "muy contenta y agradecida" por haber seguido adelante pese a las dificultades.

Albarracín cuenta que vivió momentos muy complicados después de la muerte de Paola porque la familia no tenía recursos para pagar la defensa legal hasta las últimas consecuencias.

"No le deseo a ninguna madre que pase por esto, ni a ninguna niña lo que vivió Paola. A ella le mancharon su nombre", afirma.

Deambuló de juzgado en juzgado durante un par de años sin ningún apoyo más que el de sus hermanos, hasta que en 2005 estuvo a punto de tirar la toalla. "Me enfermaba cuando me sonaba el teléfono porque yo no tenía ese dinero que me pedía el abogado. Yo ya iba a dejar esto botado, sinceramente", aclara la madre, que lamenta no haber contado con ningún tipo de apoyo del Estado.

Sin embargo, el caso de su hija ya se había hecho mediático y logró contactarse con las abogadas que llevaron su caso hasta la justicia internacional.