Fotografía de Archivo. EFE/José Jacome
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Ecuador registra 772 embarazos de niñas por violencia sexual entre enero y abril de 2024
La violencia sexual contra las niñas es una realidad que urge afrontar en Ecuador, donde entre enero y abril de 2024 se han registrado 772 embarazos por violación en menores de 15 años, según ha denunciado la alianza latinoamericana de organizaciones ‘Niñas, no madres' durante un encuentro con periodistas en Quito.
"Esta es una problemática multifactorial pero sobre todo está ligada a un contexto de naturalización de la violencia sexual contra las niñas y a un sistema estatal que no es eficiente en brindar información y en recibir denuncias por parte de éstas", ha aseverado en una entrevista con Efeminista Paulina Ponce, de 'Niñas, no madres' Ecuador.
Ponce ha explicado que ésta es una realidad de gran complejidad y que por mucho tiempo "los estados latinoamericanos han abordado el tema de embarazos adolescentes, pero no de niñas", porque, según ha agregado, "los estados no querían ver que había una problemática específica vinculada a las más pequeñas, que tiene que ver con este imaginario social".
Entre otros factores, también ha señalado los "matrimonios infantiles" que conducen a las menores de 15 años a vivir abusos sexuales diarios.
"A una niña que enfrenta violencia sexual se le está robando la posibilidad de vivir su niñez y de asentar las bases para su desarrollo físico, mental y social", ha asegurado Ponce, quien ha añadido que esta realidad no impacta sólo en sus vidas, sino que "en el futuro de los propios países, porque éstas están expuestas a círculos de violencia, discriminación y pobreza, que es justamente lo que debería cambiar".
Denuncia ante la ONU a estados latinoamericanos
El movimiento regional 'Niñas, no madres' ha querido señalar la persistente vulneración de los derechos que sufren las menores en Ecuador, cuando se cumplen cinco años desde que presentaran ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuatro casos de niñas latinoamericanas víctimas de violencia sexual, forzadas a continuar con sus embarazos tras ser violadas.
El 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna Ecuador se unieron en esta coalición para presentar ante la ONU los casos en los que los Estados de Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú prohibieron abortar a las menores de 14 años, pese a que éstas expresaron su deseo de no querer ser madres.
Cinco años después, el organismo internacional aún no se ha pronunciado, han reprochado las integrantes del colectivo, quienes demandan "justicia, reparación y medidas de no repetición" al Gobierno ecuatoriano y a los demás implicados.
Según la denuncia al Estado de Ecuador, Norma (nombre protegido) fue forzada a una maternidad no deseada en 2013, tras violaciones reiteradas por parte de su padre desde los 12 años.
En el momento, la ley ecuatoriana establecía que las niñas y las mujeres podían acceder al aborto legal cuando su vida y salud estuvieran en riesgo, pero esta posibilidad le fue negada y su agresor murió sin ser juzgado.
El 65 % de las violaciones a niñas se dan en el entorno familiar
La maternidad forzada infantil es un grave problema en el país andino, han recordado. De 2019 a 2023, se registraron 4.937 niñas menores de 14 años embarazadas, según han expuesto de acuerdo a datos del Mapeo de Embarazo Adolescente (MEA).
Y sólo el pasado año, se registraron 177 embarazos diarios de niñas y adolescentes. Al menos, el 80 % de ellos fueron resultado de abusos sexuales, han apuntado.
También han denunciado que el 65 % de las violaciones a niñas se dan en el entorno familiar, por lo que han subrayado la necesidad de romper con la normalización de la violencia sexual al interior de los hogares y han realizado un llamado para el que sistema judicial escuche a las niñas que denuncian.
Aunque Ponce ha reconocido que el hecho de que muchas de estas violencias se produzcan dentro de las propias familias "hace que las denuncias no lleguen hasta los juzgados", de ahí la responsabilidad del sistema educativo y de salud de estar alerta de estos casos para poder dar la voz de alarma.
Garantizar el acceso al aborto a las niñas
En 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ya despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional (Parlamento) elaborar una regulación, que el entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) modificó, lo que limitó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
"El sistema de salud tiene todavía mucha dificultad para implementar esta causal, que justamente fue hecha con la intención de que las sobrevivientes de violencia sexual pudieran acceder al aborto. Pero hay muchas limitaciones", ha apuntado Ponce.
En efecto, el MEA apenas contabilizó 192 interrupciones del embarazo en niñas en 2022 y 247 en 2023, cifras que quedan muy lejos de la cantidad de ellas que quedan embarazadas al año.
Asimismo, han señalado que en 2023 se recogieron 1.898 casos de violencia sexual contra niñas, lo que refleja "la alarmante magnitud de esta crisis" porque "la violencia sexual no solo es coital", han recordado.
Mientras aguardan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie favorablemente, el movimiento ‘Niñas, no madres’ de Ecuador exige al Gobierno modificar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo para que todas las niñas puedan acceder a este derecho sin que se les oculte información o se les sobredimensionen los riesgos asociados al aborto.
Otras de las urgentes demandas que exigieron fueron adoptar medidas para que las niñas puedan ser escuchadas cuando denuncien y garantizar la educación sexual integral desde la infancia.
"Para nosotras este fallo representaría una voz fuerte levantándose en la región para exigir justicia, también como una forma de reparación para las sobrevivientes de violencia sexual y un llamado de atención a todas las sociedades en América Latina sobre la necesidad de que no quede impune", ha concluido Ponce.