La activista mexicana Diana Luz Vázquez durante una entrevista con EFE. EFE/ José Méndez
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La activista Diana Luz Vázquez escribe una guía para madres autónomas en México
La activista mexicana Diana Luz Vázquez consiguió que su lucha por el reconocimiento de su hija Sabina por parte de su padre se convirtiera en ley. Ahora esta lucha la ha transformado en un libro, Salvavidas para madres autónomas, una guía dirigida a un tercio de las madres en México, país donde "el principal deudor alimentario es el estado", dice en una entrevista con EFE.
Al tratarse de su primer libro, la escritora destaca el desafío de lograrlo mientras cuida a su hija, al tiempo que abre el debate sobre los deudores alimentarios en México, donde "se habla mucho del Sistema Nacional de Cuidados", sin nombrar a los padres que abandonan.
Asimismo, cuestiona que el Gobierno siga sin atender a las hijas de madres autónomas, que representan un 30 % de las cerca de 38 millones de mamás mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El coste de las pruebas genéticas no debe recaer en las madres
Vázquez apunta que "el gran pendiente del Estado" es asegurar que el costo de la prueba genética no recaiga en las madres, y denunció que estos análisis son "un gran negocio", ya que en los juzgados llegan a cobrar hasta 20.000 pesos (1.000 dólares) por prueba, cuando en laboratorios privados cuesta unos 3.000 (150 dólares), lo que provoca que muchos niños no tengan el apellido paterno.
"El principal deudor alimentario es el Estado porque no está garantizando un principio de la ONU (Naciones Unidas), de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), de organismos internacionales, de garantizar un nombre y un apellido a las infancias(…) porque una vez que tiene el apellido la infancia del padre, adquieres derechos, que es el pago de pensión", expone Vázquez.
En Salvavidas para madres autónomas, Vázquez comparte su historia personal, desde sus raíces familiares hasta los desafíos que enfrentó al lidiar con el padre de Sabina, quien inicialmente se negó a reconocer a su hija, al tiempo que guía a otras madres en el proceso legal para exigir la pensión al "cucaracho", término que utiliza para referirse a los "padres abandónicos".
Más del 90 por ciento de los agresores son deudores alimentarios
La autora comparte además que "este libro no estaba planeado" y surge de una charla con el editor Juan Carlos Ortega, de Penguin Random House, quien también es hijo de una madre autónoma, y le propuso trabajar en un "esqueleto de manual para estas mamás".
"Me dijo: 'Hazte 30 cuestiones sobre qué es lo que se pregunta una mamá cuando se convierte en mamá, mal llamada soltera y(…) al rato me senté en mi computadora, me puse a pensar, salieron como 120 preguntas", rememora.
Así nació la obra compuesta por ocho capítulos, con prólogo de la escritora española Coral Herrera, además de un Diccionario jurídico para mamás no abogadas.
"Son estas preguntas que todas nos hacemos. ¿Qué le voy a decir cuando me pregunte dónde está su papá, si tiene más hermanos, por qué no vive aquí?", señala Vázquez.
A través de su relato, la autora también ofrece consejos para manejar la relación con el progenitor y hablar con las infancias, con énfasis en la importancia de la salud mental, y dedica el último capítulo a la violencia vicaria, una forma de violencia machista que utiliza a los hijos como herramienta para dañar a la madre.
"Lo digo en el libro, más del 90 % de los agresores vicarios son deudores alimentarios porque buscan no pagar la pensión quitándole los hijos e hijas a las mamás como una venganza de: 'a ti no te doy nada, te quito a los hijos", señala.
Urge un Registro Nacional de Deudores
Además, la activista advierte de que pese a que hace un año se creó la Ley Sabina a nivel federal, el Gobierno sigue sin generar un padrón de deudores alimentarios y agresores vicarios, aunque se ha comprobado que al "exhibirlos" asumen sus responsabilidades.
También señala que no es un delito abandonar a los hijos en México, a diferencia de otros países, aunque sí se castiga a las mujeres por abortar.
"Es un Estado patriarcal, por un lado, impidiendo la legislación sobre el aborto en nuestro país, pero por otro lado, también siguen sin generar este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y aunque hay 17 Estados en la República que ya tienen su registro estatal, sigue sin ser público", avisa Vázquez.