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Más de 2.700 defensoras hondureñas fueron víctimas de agresiones en 2024

Un total de 2.735 defensoras hondureñas de derechos humanos fueron víctimas de agresiones durante 2024, según un informe presentado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que identifica a actores estatales como los principales responsables de estas agresiones.

“En 2024 registramos un total de 2.735 agresiones contra defensoras, sus organizaciones y comunidades, lo que representa un incremento del 1,8 % respecto a 2023, cuando se reportaron 2.687 casos”, detalla el informe.

El documento también advierte sobre "una tendencia de crecimiento progresivo" en este tipo de ataques, especialmente contra mujeres que defienden la tierra y el territorio, quienes representan el 67 % de los casos documentados.

Defensoras hondureñas, bajo ataque del Estado

El 32 % de las defensoras realiza trabajo de base y movilización permanente, mientras que el 12 % son campesinas o agricultoras, lo que, según el informe, "complejiza" aún más su labor, ya que deben combinar la defensa de causas colectivas con la protección y el bienestar de sus familias.

Según el informe, el 46 % de las agresiones fueron cometidas por policías, militares y autoridades públicas; un 15 % por personas no identificadas y el 9 % por agentes de seguridad privada. Del total de agresiones, el 82 % fueron colectivas, incluyendo desalojos forzados, ataques durante movilizaciones, plantones y campañas de desprestigio, señala el documento.

“El Estado es el principal agresor de nuestras compañeras”, ha expresado a EFE Katherine Cruz, feminista integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Cruz ha lamentado que, bajo el gobierno de Xiomara Castro, las defensoras sigan “enfrentando la misma violencia que antes”, y denuncia que el sistema de justicia “persigue" a quienes defienden los derechos humanos, no a quienes los agreden.

Persecuciones y asesinatos por defender el territorio

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) figuran entre las más atacadas en 2024, debido a su confrontación con megaproyectos extractivos y su lucha por la defensa de los territorios y bienes comunes.

La ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las constantes amenazas que recibía, fue cofundadora en 1993 del Copinh. La Ofraneh es dirigida por Miriam Miranda, quien ha denunciado de forma reiterada amenazas de muerte tanto contra ella como contra otros miembros de la comunidad garífuna.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa estuvo liderado por el ambientalista Juan López, quien fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, a pesar de ser beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras y contar con medidas cautelares de la CIDH desde 2013.

Víctimas de múltiples formas de violencia

En cuanto a la distribución geográfica, el 27 % de las agresiones (729 casos) ocurrieron en el departamento de Atlántida, le siguen Francisco Morazán (donde se ubica Tegucigalpa) con 432 casos, y Colón, con 343.

El informe también destaca que el derecho a la integridad personal fue el más vulnerado, con 1.158 agresiones en 2024, y el 46 % de los ataques incluyeron hostigamiento, violencia física o psicológica y uso excesivo de la fuerza.

El informe subraya que las defensoras son víctimas de múltiples formas de violencia, no solo por su activismo, sino también por su condición de mujeres y por formar parte de disidencias sexuales, precisa el informe.