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Las agresiones contra las defensoras de derechos en Honduras aumentan un 58%

En la última década, 27 defensoras han sido asesinadas en Honduras y desde 2012 las agresiones a las activistas han aumentado un 58 %, según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Estas agresiones se han documentado durante más de 10 años en el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras. El documento presentado con estos datos, que ha contado para su elaboración con el apoyo de diversas organizaciones y ONG, expone las reflexiones que la organización ha construido colectivamente, según declara a EFE Yessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

“Estas agresiones se viven de maneras muy diferentes en función de la diversidad de luchas, territorios, identidades y contextos [...], también las manifestaciones específicas de violencia sobre nuestros cuerpos, comunidades y proyectos políticos”, explica Trinidad.

La mayoría de las agresiones son por defender la tierra 

De todas las agresiones documentadas en Honduras, el 46 % son por defender la tierra, el territorio y bienes naturales; el 11 ,7 % por defender los derechos; el 11,3 % por defender el derecho a la verdad, la justicia y la reparación; el 7,2 % por defender el derecho a una vida libre de violencia; y el 5,7 % por el derecho a la educación.

Algunas de estas agresiones son físicas, psicológicas y verbales, según argumenta Trinidad: “Nos agreden en movilizaciones, plantones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, desalojos, y se dan de múltiples formas", explica.

IM-Defensoras destaca su preocupación en los desplazamientos forzados de defensoras hondureñas. Según el análisis histórico, los desplazamientos se dieron principalmente dentro del país de forma colectiva por desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, según Trinidad.

Cuerpos policiales, los principales agresores

Los principales agresores están vinculados al Estado, es decir, los cuerpos policiales (27 %), militares (15,5 %) y autoridades públicas (12 %). A las agresiones se suman empresas y negocios (11,6 %), desconocidos (10,6 %) y personas de la comunidad donde se realiza el trabajo de defensa de derechos humanos (4,5 %).

Hostigamientos, desprestigio, amenazas o criminalización, son algunas de las agresiones más documentadas.

"Las amenazas son de forma directa, por llamadas telefónicas o rumores de otras personas, y casi en su totalidad son amenazas de muerte y en algunos casos amenazan con dañar a los hijos e hijas", asegura Trinidad.

Agreden con expresiones de odio, ataques al patrimonio personal y de la organización. Practican la detención ilegal y arresto arbitrario, restricciones a la libertad de movimiento y libertad de expresión y el uso excesivo de la fuerza.

Las peticiones al Estado hondureño 

La organización exige, entre otras cosas, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del pueblo garífuna y que cese la persecución y judicialización de las defensoras de tierra y territorio.

Solicitan también que el Estado hondureño se comprometa a revisar las licencias ambientales y planes de manejo forestal generadores de conflictos y altos riesgos para defensoras y que resuelva a favor de las comunidades como el 'caso de Guapinol', y del pueblo Lenca de La Paz.

"Requerimos el respeto del derecho a la tierra para campesinas como la estrategia central para su derecho a la soberanía y que cumplan con la derogación del Código Penal que criminaliza a las defensoras", concluye Trinidad.