El debate sobre la ley del aborto vuelve a teñir Argentina de verde y azul

El debate iniciado ayer en la Cámara de Diputados de Argentina del nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, así como otro para la atención de la futura madre durante el embarazo si la persona gestante decide ir adelante con la gravidez han marcado un antes y un después en la historia de este país latinoamericano.

A las puertas del edificio, en la Plaza del Congreso, un grupo de manifestantes a favor del aborto ataviadas con pañuelos verdes curtidos por los años de lucha colocan una pancarta que reza “Justicia social es poder decidir”. En el lado opuesto se coloca un grupo que está en contra de la interrupción voluntaria de la gestación: todas vuelven a sus esquinas, a sus posiciones conocidas y enfrentadas.

La marea verde ve cerca la ley

En el estand de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), su coordinadora, Silvia Ferreyra, miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, cuenta a Efe que está feliz.

“La felicidad es porque sabemos lo que significa avanzar con el aborto legal en nuestro país, avanzar con este derecho Latinoamérica es muy importante”, afirma Ferreyra.

Para ella, lo que se vivió hace dos años sentó las bases para que se pudiera “llegar a este momento, con la posibilidad muy cercana de que sea ley”.

Al final de las votaciones del fallido proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018 festejó la parte vestida de azul, color contrario al aborto legal; ahora, la media plaza teñida de verde espera que esta sea la intentona definitiva.

La polémica objeción de conciencia

En la jornada del miércoles, la comisión encargada de estudiar el proyecto de ley certificó unas últimas modificaciones en un intento de atraer a más legisladores que a priori estaban en contra, y el cambio principal fue la introducción de un artículo que permite la objeción de conciencia.

Según Ferreyra, es un “tema polémico” porque la objeción de conciencia es ya un problema en la actualidad para aplicar los abortos legales, según la ley de 1921 que los permite en casos de violación y malformación del feto.

La referente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Juntas y a la Izquierda, Celeste Fierro, va un paso más allá, ya que cree que, si sale esta ley del aborto, será con “sabor amargo” y que habrá que “seguir luchando”.

“Se han incluido modificaciones al proyecto donde hay muchísimas modificaciones al proyecto de la campaña (nacional) y del Gobierno, permite la objeción de conciencia sin ningún tipo de explicación“, asevera, al tiempo que reconoce que la ley será un “triunfo” del movimiento de las mujeres.

Sea como sea, las dos esquinas vuelven a meter presión a los diputados que están en el Congreso, cada zona de la calle intenta empujar hacia adelante para sonar más.

Jornada festiva y de vigilia

Y, aun así, los manifestantes son menos que en aquellas noches infinitas de 2018: si bien miles de personas a favor del aborto consiguen llenar de cánticos, ruido de tambores y energía su sector, con la distancia social por la pandemia de coronavirus es muy complicada de cumplir, apenas unos centenares de autodenominados provida están en la plaza.

Antes de entrar en su zona, se leen carteles que rezan “Acá nacemos todos”.

Algunas de las personas que esperan la votación lo hacen mientras rezan frente a un altar con una Virgen María y varios muñecos que representan fetos, otra de ellas porta un muñeco crucificado hacia el Congreso de rodillas.

La dirigente de la Fundación Más Vida e integrante del Partido Celeste, Cecilia Serrano, considera que, aunque la afluencia es menor que en otras citas, esperan que llegará “más gente” y cree que en Argentina hay ahora “más personas a favor de la vida” que en 2018.

A ella no le convence el proyecto de acompañamiento a la embarazada porque valida el aborto.

“Y lo que hace el aborto es discriminar: si sos deseado te doy mil días, si no sos deseado te mato. La vida no se debate, quien quiera poner un proyecto intentando convencernos, la verdad que no sirve para nada”.

Una manifestante azul es Priscila Da Silva: tiene 19 años y fue madre a los 17, se le planteó el debate abortar de manera clandestina pero quería dar a luz.

“El error lo cometí, él ya tiene vida”, dice, y argumenta que “hay muchos métodos anticonceptivos”.

Una nueva cita

Los manifestantes ya conocen las farolas, los adoquines, las estatuas de la plaza; si acaso lo único que ha cambiado es que ahora, además de los pañuelos, cada manifestante porta su mascarilla de color azul o verde.

La pandemia precisamente fue uno de los argumentos para aplazar todavía más el debate de la ley en el Congreso, debido a un primera opinión gubernamental de que la atención de la salud debía estar puesta en la respuesta a la covid-19.

Pero, superada esa instancia de incertidumbre, tal y como sucedió en 2018, en la calle domina el verde, un ejército más numeroso que el de enfrente, pero que sabe que en la anterior ocasión los de azul tuvieron la última mayoría dentro del edificio en el que están quienes pueden votar.

Son ambos, el verde y el azul, ejércitos pacíficos, al menos durante las primeras horas de un debate que se espera se alargue durante cerca de 20 horas y que termine en la mañana del viernes.

Si los diputados dicen sí, decidirá el senado otra vez

Y ni siquiera terminará todo este viernes porque, si gana el “sí” en la Cámara de Diputados, será como una semifinal superada, igual que en la anterior ocasión, por los proaborto: los verdes esperan pasar a la que sería la final, la votación en el Senado, la cámara decisiva que se reunirá más tarde para dar sanción definitiva, o no, al proyecto.

La diferencia principal entre este proyecto de ley y el que dio la vuelta al mundo y marcó al feminismo latinoamericano con la “marea verde” es que en esta ocasión es el propio Gobierno, comandado por Alberto Fernández, el que lo ha propuesto.

Fernández, además, ha planteado una ley paralela a la del aborto legal: “la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, conocido como “plan de los 1.000 días”, que pretende atender uno de los reclamos del autodenominado sector provida.