De Bolivia a Chile, migrar por violencia machista: "Mamá, vámonos, no quiero ver lo que papá te hace"

Cuando su abuela la alentó a abandonar Bolivia, su país natal, junto a sus tres hijas de 11, 6 y 2 años, Adriana se apresuró a prepararlo todo. "Hijita, tienes que irte", le dijo la anciana que la había criado en ausencia de sus progenitores. "Yo soy un viejo, no puedo hacer más, no te puedo defender", recuerda que le insistió también su abuelo antes de entregarle algo de dinero para ayudarla a migrar por la violencia machista que sufría.

Adriana, de 27 años, ha huido hacia Chile para escapar de la violencia física y psicológica perpetrada durante años por el padre de sus hijas, con quien se juntó cuando tenía 16 años, tras quedar embarazada de su primera hija.

"Él era violento, consumía drogas y se descontrolaba totalmente; me agredía físicamente y mis hijas lo veían. Yo tenía que servirle y atenderle", relata a EFE desde la Fundación Madre Josefa de la Región de Tarapacá, que acoge a las mujeres que cruzan la frontera chileno-boliviana, en la localidad de Colchane, 2.000 kilómetros al norte de la capital, para huir de sus agresores.

Desde agosto hasta diciembre de 2024, la organización ha registrado al menos 35 mujeres –casi todas con menores– que han entrado a Chile por esta razón.

Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), el año pasado 41 mujeres solicitaron una visa humanitaria por violencia intrafamiliar, de las cuales se otorgaron 33. Además de las mujeres que huyen de sus agresores desde sus países de origen, en esta categoría también se incluyen las mujeres migrantes y víctimas en Chile.

En 2025, otras 11 sobrevivientes la han solicitado y 16 han sido concedidas (no siempre coincide el año de solicitud con el año de otorgamiento).

"Mamá, vámonos, no quiero ver lo que papá te hace"

Adriana aguantó por años el maltrato físico y psicológico de su pareja, diez años mayor que ella: "Voy a aguantar para que mis hijas no crezcan sin su papá y su mamá y no se sientan como yo me sentí", pensaba ella.

En 2021, durante el embarazo de su tercera hija, fruto de una relación sin consentimiento, denunció una de las palizas que recibió: "Había desaparecido tres días y a las dos de la mañana llegó y casi me tumba la puerta así a golpes porque quería ver con quién estaba en casa", recuerda.

De los golpes, Adriana se desmayó y al día siguiente acudió a la policía boliviana. La denuncia terminó en nada pero ella sufrió uno de los episodios más duros de violencia que, sumado a muchos otros anteriores, la empujaron a un intento de suicidio a los seis meses de embarazo.

Una vez nacida la pequeña –que logró salvarse– y en plena fase de “luna de miel” de la espiral de violencia, ella y su expareja se mudaron a la región originaria de él, junto al resto de la familia paterna.

Sin embargo, las golpizas volvieron al poco tiempo y esta vez la soledad era mayor: "Me decía cosas hirientes, que yo no quiero ni repetir, pero son palabras que se quedan ahí; y mi hija todo lo escuchaba".

Fue precisamente ella quien la animó a dar el paso: "Mamá, vámonos, ya no quiero vivir aquí, no quiero ver lo que papá te hace", recuerda Adriana que le dijo la mayor de sus niñas, de 11 años.

Con la ayuda vecinas y de la profesora de la niña, esperó el momento oportuno para escapar con sus hijas y regresar a su casa familiar. Desde ahí emigró luego hacia Chile.

Migrar por violencia machista

Como Adriana, cada vez más mujeres se han visto obligadas a migrar por violencia machista, por miedo a sus agresores.

"En el último tiempo ha sido exponencial el aumento de mujeres migrantes que han llegado buscando ayuda como sobrevivientes de violencia de género", dice a EFE Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa, que también orienta en temas migratorios y de prevención de la trata y ofrece asistencia humanitaria.

La directora de la 'Fundación Madre Josefa', Karina Fauste, hablando en una entrevista con EFE en Iquique (Chile). EFE/ Javier Martín

La psicóloga del equipo de violencia de género de la entidad, Victoria Espinosa, explica a EFE que las mujeres sobrevivientes llegan "con mucho miedo, incertidumbre y desesperación", sobre todo aquellas que proceden de países vecinos como Perú o Bolivia "porque (al agresor) no le cuesta nada pasar hacia este lado (de la frontera)".

Son mujeres, comenta, que "dejan muchas cosas estables atrás: trabajo, casa, bienes, amistades y familia por un riesgo inminente". Según Espinosa, además de "sobrevivir" a la violencia machista, también se enfrentan a “un sistema que las juzga, que las apunta con el dedo porque la población está muy reactiva con los migrantes".

Un permiso de residencia por violencia de género con "obstáculos"

La nueva Ley de Migración y Extranjería chilena, promulgada en 2021, considera la violencia de género como uno de los factores para otorgar permisos de residencia temporal por razones humanitarias.

Sin embargo, las organizaciones que trabajan con mujeres migrantes sobrevivientes de violencia machista critican "las barreras y complejidades" para acceder a este permiso al deber acreditar la calidad de víctima por la Fiscalía o un tribunal de familia.

"Muchas no denunciaron en su país y no tienen evidencia que demuestre lo que sufrieron allá, y acá tampoco quieren denunciar por miedo a ser deportadas o vulneradas por instituciones que no conocen", explica la psicóloga.

La directora de la Organización Migrantas, Catalina Bosch, añade que hay "desconocimiento" de la ley y los procedimientos, y también miedo a acercarse a la policía o a la Fiscalía, en un contexto –recalca– de “persecución de la migración en situación irregular”.

Según el Sernamig y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la migración irregular en Chile en los últimos años se ha multiplicado exponencialmente: de 10.300 personas en 2018 ha pasado a casi 338.000 en 2023. Los migrantes en esta situación representan el 17,6 % de los 1,9 millones que hay en el país suramericano.

“Muchas de estas mujeres cumplen los requisitos para pasar como turista, pero por la propia emergencia de huir ni tienen el dinero o los documentos que solicitan las autoridades, por lo que les toca pasar por un paso no habilitado", explica Espinosa.

Para Bosch, la irregularidad que cargan la mayoría de ellas es "un factor de riesgo para revivir situaciones de violencia" porque al "no tener autonomía económica" por las dificultades de acceso al trabajo "es fácil caer en redes de tráfico de personas o de trata".

La ley ofrece a las mujeres migrantes víctimas de violencia machista atención psicosocial, acompañamiento jurídico o acceso a una casa de acogida (en caso de riesgo vital), pero para las organizaciones que las acompañan, una de las prioridades es acreditar la calidad de víctima a través de los programas especializados en violencia de género del Ministerio de la Mujer, para proteger más a las sobrevivientes.

Recuperarse de lo vivido

Adriana y sus tres hijas cruzaron la frontera de Chile con Bolivia el 22 de diciembre, en plena vigilia de la Navidad.

"Apenas el juez me dio el permiso para llevarme a las niñas, me vine: viajamos durante una semana, de ciudad en ciudad, hasta Colchane".

En el Complejo Fronterizo de Colchane, en medio del desierto altiplánico, se acumulan largas colas para cruzar hacia territorio chileno a cualquier hora del día o de la noche: "La pasamos fea ahí, es un lugar muy frío, la fila avanzaba lenta y tenía miedo".

Delante de ella, otras dos mujeres intentaron atravesar el confín con sus pequeñas, pero las autoridades se lo prohibieron. Cuando llegó su turno, Adriana entregó los papeles “firmados, sellados y todo” y pasó. Ahí respiró.

Desde la localidad fronteriza, se trasladó hasta la capital regional, Iquique, y tras vivir en la calle por un tiempo, finalmente, dio con la fundación. Ahora, mientras se recupera de lo vivido y espera la respuesta para su permiso de residencia temporal como víctima de violencia de género, proyecta su futuro, que empezó el día que cruzó el confín entre Bolivia y el vecino Chile.