custodia compartida

Concentración de condena y repulsa por el asesinato de un niño de 11 años a manos de su padre en Sueca (Valencia). EFE/Natxo Francés

Un informe pide no otorgar custodia compartida si hay causa abierta por violencia machista

EFE | Barcelona - 3 junio, 2022

Un informe realizado por diez docentes de Derecho de la Universidad Rovira i Virgili (URV) exige aumentar la protección de los menores en situaciones de violencia machista, así como impedir que se otorguen custodia compartida si hay causa abierta.

El estudio «Medidas de protección de los y las menores de la violencia machista», presentado el jueves, 26 de mayo, y financiado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) del Departamento de Justicia de la Generalitat, ha propuesto hasta 15 medidas para proteger a niños y adolescentes.

Custodia compartida

Cuando solo hay indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia, pero no sentencia firme, es frecuente que el juzgado otorgue custodia compartida a los progenitores, algo que jueces y fiscales entrevistados en el estudio han justificado ante la falta de acreditación con la prueba practicada.

Entre las medidas del estudio, presentado en la jornada ‘Violencia Vicaria. Estado de la cuestión’ en el CEJFE, se ha exigido más participación de Fiscalía en los procesos judiciales por violencia machista, o la suspensión o inhabilitación para ejercer la potestad parental ante una orden de protección.

En su discurso de apertura, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha felicitado al Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista -dependiente del CEJFE- por la jornada y ha defendido que «el departamento está comprometido en poder avanzar en aquello que dependa de nosotros en violencia vicaria».

Además, ha lamentado que «con las herramientas que tenemos a disposición no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer«, y ha emplazado a tomar nota de las medidas que propone el estudio para dar solución a un tema que interpela a todos los agentes jurídicos.
Ciuró también ha pedido que se mantenga «abierta esta vía de formación, porque es la mejor garantía de prestar el mejor servicio en beneficio de las personas», y se ha comprometido a que los que «acuden a buscar justicia la encuentren en las mejores condiciones».

Trabajo en red de los profesionales

El estudio ha denunciado que los menores tienen un papel secundario en este tipo de procesos, puesto que, aunque se habla constantemente del principio de interés superior del menor, sus derechos quedan en segundo plano y las medidas previstas por la ley para protegerlos no siempre se aplican.

Este trabajo también ha recogido algunas propuestas de buenas prácticas, como la mejora de la asistencia letrada a la mujer en el momento de hacer la denuncia, puesto que se trata de un punto crucial para tomar decisiones que protejan a la madre y a los hijos, así como establecer medidas de protección civil.

Además, también se ha insistido en la necesidad de que haya un trabajo en red por parte de los profesionales que intervienen en la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las víctimas de violencia machista.

Una de las problemáticas que ha señalado el estudio es que los jueces de violencia contra la mujer no suelen dictar medidas civiles para los menores, e incitan a que las provisionales se tengan que pedir en juzgados de familia.

«Esta práctica de los tribunales tiene como consecuencia que la petición de las medidas provisionales civiles se formule ante el juzgado de familia, lo que (…) dilata considerablemente el tiempo de su resolución y aumenta de rebote el riesgo de los menores», ha recogido el estudio.

Contradicciones entre el ámbito civil y penal

De hecho, las contradicciones entre el ámbito civil y penal son una de las problemáticas que han señalado las investigadoras de la URV, con situaciones como órdenes de alejamiento dictadas en situaciones de violencia contra la mujer a la vez que en el ámbito de familia se otorgan regímenes de visita.

También se dan otras situaciones paradójicas, como cuando los juzgados de violencia contra la mujer acuerdan medidas de protección como la suspensión de la patria potestad de los agresores y estas, posteriormente, no quedan ratificadas o modificadas por los civiles que conocen los casos de divorcio de la pareja.

El estudio es anterior a la modificación del Código Civil de Cataluña que aprobó la Generalitat el pasado noviembre, que prohíbe las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos a los hombres con indicios fundamentados de haber perpetrado violencia machista.

La modificación del Código Civil catalán también prohíbe que uno de los progenitores que atente contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o indemnidad sexual del otro progenitor -o que esté en la cárcel por los mismos delitos- pueda comunicarse o relacionarse con sus hijos.