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Corte Constitucional de Ecuador tramita demanda de despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Ecuador ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad que el Movimiento Justa Libertad interpuso a mediados de marzo, en la que pedía al alto tribunal que dé paso a la despenalización total del aborto en el país.

Conformado por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, Justa Libertad pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento, ya que considera que la existencia del delito "genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes".

El pedido busca proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida, así como garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, seguros y legalmente reconocidos.

Johanna Romero, abogada e integrante de Bolena y Justa Libertad, explica a Efeminista que la rapidez con la que el tribunal constitucional admitió la demanda es una buena noticia, pues es una señal de que "tomaron en cuenta la priorización" que pidió el movimiento sobre este tema. "No es una práctica tan común que se admita en un mes. Es muy excepcional, sobre todo cuando los derechos involucrados son los de personas de grupos de atención prioritaria, como en este caso las mujeres", señala.

El proceso de despenalización

Con la demanda admitida, Romero indica que la Corte le ha dado 15 días a la Asamblea (Parlamento) y al presidente, como creadora del código penal y como colegislador respectivamente, para que se pronuncien sobre el fondo del tema. Y una vez vencido ese tiempo el juez Jhoel Escudero, ponente de la causa, empezará a elaborar un proyecto de sentencia que posteriormente deberá debatirse en el pleno, que está conformado por otro ocho juezas y jueces más.

Existe la posibilidad también de que, en medio de la elaboración de la sentencia, Escudero convoque a una audiencia pública para escuchar más argumentos, aunque ese paso, a decir de Romero, está en duda, ya que cuando la Corte estudiaba la despenalización del aborto por violación que aprobó en 2021 no se realizaron este tipo de diligencias.

"Nosotras creemos que ese debate es importante, pero más que ese debate en la audiencia, creemos que es más mucho más enriquecedor el debate que se puede dar en la sociedad en sí misma", agrega.

Que se haya admitido de manera rápida también permite al movimiento interpretar que la sentencia final podría salir este mismo año. "Y eso para nosotras es súper importante porque la renovación de la Corte va a ser a principios del año que viene y varios de los jueces van a cambiar, puede ser para nuestro beneficio o no, pero creemos que mejor es que salga ahora, bajo el panorama actual, que lo tenemos más claro", puntualiza.

Otro de los pedidos que esperan que la Corte acoja de la demanda es que no se delegue la reglamentación del acceso al aborto a la Asamblea, ya que creen que ahí pueden crearse mayores obstáculos para las mujeres y personas gestantes, como ya ocurrió con el proyecto de ley de aborto por violación.

"Por eso argumentamos que debe ser una norma técnica de salud la que regule el acceso. Ya en el 2021 vimos que nuestra Asamblea, que no ha cambiado mucho, no estuvo preparada para responder apropiadamente a eso. Y el nivel de la discusión fue bastante débil, por no decir otra cosa", expresa.

El aborto en Ecuador

En Ecuador, el aborto está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la mujer o persona gestante o cuando ha sido producto de una violación. Sin embargo, las organizaciones que conforman Justa Libertad aseguran que las causales nunca fueron suficientes, pues las mujeres se enfrentan a múltiples obstáculos para poder abortar bajo los parámetros legales.

"Hemos constatado durante todos estos años que el acceso a un aborto dentro de estas causales es casi imposible justamente porque la existencia del delito de aborto genera barreras muy fuertes alrededor del acceso, incluso en estos casos donde la vida, la salud y la integridad de las mujeres están en riesgo", señaló en una pasada entrevista Ana Vera, de Surkuna.

"La existencia del delito genera que el sistema de salud sea un espacio hostil para las mujeres, donde hay mucho estigma y juzgamiento, donde existen barreras institucionales en los servicios de salud, barreras personales de los profesionales, maltrato, violencia y criminalización", afirmó Vera.

Según un estudio de Human Rights Watch, el 73 % de los procesos judiciales por aborto inició después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de los profesionales médicos. En los últimos 10 años, en Ecuador se criminalizó a 493 personas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las cuales el 61% eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.