Nueva demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para despenalizar el aborto

Organizaciones feministas de Ecuador han presentado ante la Corte Constitucional una segunda demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Penal de Ecuador para la despenalización total del aborto y el cese de la criminalización contra esta práctica.

Esta petición, impulsada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío, Red Fe y el Observatorio de Género y Diversidad, se ha sumado este 9 de julio a la ya interpuesta el pasado marzo por el movimiento Justa Libertad y admitida a trámite en mayo.

"Lo más probable es que se junten las dos (peticiones), eso es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional", afirma a Efeminista la abogada y especialista en derechos humanos Angélica Porras, una de las redactoras de la demanda, quien asegura que puede haber más peticiones similares y se logre así una mayor presión.

En la actualidad, el aborto está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la persona gestante o cuando es producto de una violación.

Porras recuerda que, en 2021, Fundación Desafío logró que se despenalizara el aborto en casos de violación.

No obstante, la Corte ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) introdujo cambios, que, a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Acabar con la criminalización del aborto

La experta en derechos humanos explica que esta conquista fue insuficiente por distintas razones: "La primera, porque se limita la causal del aborto, es decir, todavía siguen siendo criminalizadas las mujeres y las personas con capacidad para concebir que no han sido objeto de violación. Siguen yendo a la cárcel y siendo judicializadas".

En efecto, el artículo 149 del código penal ecuatoriano sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento.

Según la demanda interpuesta, esta criminalización del aborto contradice el artículo 66 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas "tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener".

La presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Miriam Ernst, sostiene la demanda de despenalización total del aborto. EFE/José Jácome

Alto índice de muertes maternas

Torres señala que el tiempo fijado para el aborto en caso de violación es de doce semanas: "Eso significa que muchas mujeres, sobre todo adolescentes y niñas, no han podido acceder al aborto porque el tiempo es muy restringido", ha afirmado.

E indica que en 2023, de las más de 2.000 niñas que fueron violadas y quedaron embarazadas, apenas 700 lograron acceder a este derecho.

Además, subraya que el acceso al aborto seguro acabaría con el alto índice de muertes maternas porque las mujeres han seguido abortando "con o sin ley que criminalice esa decisión. Y eso significa riesgos para la vida y para la salud".

En 2022, el Ministerio de Salud Pública informó de que hubo 101 muertes maternas, entre ellas una niña menor de 14 años, 13 adolescentes de 15 a 19 años y 28 jóvenes de 20 a 24 años. De ellas, el 18,81 % fueron mujeres indígenas y el 8,91 % afroecuatorianas. Y 13 de estas muertes tuvieron relación con aborto en condiciones inseguras.

Derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva

En la rueda de prensa convocada minutos antes de que las organizaciones depositaran la demanda ante la Corte, Johanna Zambrano, vocera del colectivo Mujeres Tejedora Manabita, denunció la falta de acceso a la información sobre los derechos de salud sexual y reproductiva: "Las mujeres en la ruralidad no conocen y no tienen información cercana, segura y veraz", expresó.

Según los datos aportados por las organizaciones feministas, el 88,5 % de mujeres en zonas rurales tienen menos acceso a información sobre métodos anticonceptivos modernos.

Por ello, Zambrano demanda más atención para las mujeres y personas gestantes rurales y de la provincia costera de Manabí, "históricamente abandonada".

Aborto para personas transexuales

José Bohorques, de la organización Transamblea, reivindica que el derecho al aborto también se tiene que garantizar para las personas transexuales.

"Es importante nombrar el aborto en clave trans porque refleja la deuda histórica que tiene el Estado con las personas de la diversidad sexual y genérica", apunta, al matizar que para asegurar los derechos de las personas trans se requieren "procesos y protocolos especializados".

Por su parte, Pablo Villarroel, en representación de la Red Ecuatoriana de Fe, asevera que "ningún dogma" puede interponerse en la "decisión sagrada" de una persona que quiera interrumpir su gestación.

Las organizaciones feministas unidas para este fin consideran que la despenalización total del aborto no será suficiente mientras persista la penalización social.