La perspectiva de género irrumpe en la lucha contra el cambio climático

El cambio climático aparece ya en todos los manuales de negociación internacional como el principal desafío al que se enfrenta la comunidad internacional en el siglo XXI. No sólo por sus implicaciones medioambientales, sino económicas, políticas y, sobre todo, sociales.

La cumbre del clima de Katowice en Polonia ha sentado las bases, las "reglas de juego", para que el Acuerdo de París entre en vigor y esté plenamente operativo en 2020. Pero durante las dos semanas que ha durado la 24 Conferencia de Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), dos ideas han sobrevolado todas las negociaciones: la de "transición justa" y la de afrontar esa lucha con perspectiva de género.

"Transición justa" porque la transformación radical del modelo de producción y de consumo que va a exigir la descarbonización de la economía no debe penalizar ni a los territorios ni a los trabajadores más vulnerables. Lo que hará necesario activar planes de reactivación económica y de empleo en esos lugares.

Con esa argumentación se ha situado el concepto de "transición justa" en el epicentro de la negociación climática mundial. Todos los países, delegaciones, organismos internacionales y organizaciones sociales coinciden en que nadie se debe quedar atrás en ese proceso de cambio. También están de acuerdo en la necesidad de prestar especial atención a los sectores y colectivos más frágiles.

Y entre esos colectivos especialmente vulnerables frente al cambio climático los informes sitúan a las mujeres. En las cumbres mundiales, colofón de una negociación climática ininterrumpida, se habla de la necesidad de afrontar el problema con "perspectiva de género".

El 80% de los refugiados climáticos son mujeres

Porque el cambio climático impacta de forma desigual sobre hombres y mujeres y porque la huella de carbono es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Y, sin embargo, las mujeres son el 80% de los "refugiados o emigrantes" climáticos. También son ellas las más perjudicadas por los fenómenos meteorológicos extremos o por los desastres naturales asociados al cambio climático.

En España, el Gobierno está ultimando un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con transcendentales medidas a medio y largo plazo orientadas a conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 de hasta el 90% - respecto a los niveles de 1990-.

Pero la ley incluye, además de un paquete de medidas muy mediáticas (entre las que destacan las restricciones a la venta y el uso de vehículos que emiten de forma directa dióxido de carbono a partir del año 2040), numerosas medidas para tratar de asegurar que la transición sea "justa".

Y en ese sentido, la ley que prepara el Ejecutivo prevé la elaboración de una Estrategia Nacional de Transición Justa. Esta línea identificará a los colectivos y territorios potencialmente más vulnerables al proceso de transición a una economía baja en carbono y analizará las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a ese proceso de cambio.

El texto del Gobierno incide en la importancia de que esa Estrategia, y todos los instrumentos y herramientas que se incluyan en ella, se elaboren teniendo en cuenta los criterios de "perspectiva de género".