Diez barreras obstaculizan el acceso al aborto legal en Ecuador

Acceder a un aborto legal por medio de las causales establecidas en Ecuador es complicado para las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que lo necesitan, pues deben enfrentarse a al menos 10 barreras que van desde la desinformación y el exceso de burocracia hasta las creencias sobre la maternidad y el cuerpo de las mujeres presentes en la sociedad ecuatoriana.

Así lo explica a Efeminista Sara Larrea, una de las autoras de una investigación que pone foco sobre los obstáculos que existen en el país sudamericano para interrumpir voluntariamente el embarazo, si quien lo solicita ha sufrido una violación o su salud y vida corren peligro.

"Lo que se ha visto en otros lugares en los que han cambiado las leyes es que el cambio de ley no siempre implica una mejora en el acceso al aborto o en la garantía del derecho al aborto. Entonces nos interesaba explorar qué está pasando después de este cambio y qué ha significado respecto al acceso al aborto", señala Larrea.

En abril de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para víctimas de violación, sin embargo, los magistrados pidieron al Parlamento que normara el procedimiento por medio de una ley. Después de un año, esa ley entró en vigencia con un veto presidencial que incluyó muchas restricciones, algunas de las cuales (objeción de conciencia y requisitos) la misma Corte suspendió meses después.

"Queríamos mirar cómo se estaba implementando la ley y qué dificultades concretas hay en este momento para implementarla, para poder trabajar por ahí y mejorar las condiciones de la implementación", agrega la investigadora.

Barreras para acceder al aborto legal en Ecuador

La investigación comprende dos informes, uno en el que se detallan las barreras para acceder al procedimiento de manera legal, realizado con el apoyo de la organización Kaleidos, y otro, realizado en colaboración con Planned Parenthood Global, en que el se profundiza en los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud y judicial, quienes son los primeros en interactuar y atender a quienes quieren abortar.

Para obtener estos resultados se realizaron encuestas en línea y también entrevistas a profundidad al personal de la salud, judicial y a representantes de organizaciones sociales, mujeres y activistas.

Las primeras barreras que han identificado son las epistémicas, que tienen que ver con la interpretación que hace el personal de la medicina y judicial sobre, en el caso de la causal salud, qué es lo que representa un verdadero riesgo para la vida de la paciente. También están las educativas y las de información, que están relacionadas al nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva y sobre la normativa que tienen los operadores sanitarios y judiciales.

"Los y las profesionales no conocen la ley y tampoco entienden qué significa la ley en términos de procedimientos, o sea cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer un aborto legal y cuáles son los requisitos", explica Larrea.

"La ley es difícil de comprender, ha pasado por muchos procesos y está en discusión legal, entonces esa falta de conocimiento se transforma en barreras al momento de proveer abortos o de facilitar el acceso al aborto para los operadores de justicia", agrega.

También han podido identificar que algunas de las reticencias que existen entre el personal de salud tienen que ver con el equipamiento en los establecimientos. "La gran mayoría de los y las profesionales de salud no tienen las condiciones, y por condiciones nos referimos a la infraestructura adecuada para hacer abortos, a tener la formación sobre cómo hacerlos de manera segura y a tener los insumos que se necesitan para hacer abortos".

Falta de privacidad, burocracia y creencias

Las demás barreras son la objeción de conciencia, la falta de privacidad en los centros de salud o fiscalías, la burocratización del proceso y la manipulación del tiempo, las creencias religiosas y sobre la maternidad y el cuerpo de las mujeres, el miedo a las represalias en el caso de las víctimas o el personal de salud y la distancia desde las comunidades rurales más alejadas a los centros.

"Muchos profesionales de salud burocratizan el proceso, o sea se inventan pasos que en verdad no están en la ley, pero que los hace sentir más seguros o más seguras a la hora de proveer el servicio. Pasos que también dilatan los tiempos de este trámite, cuando el acceso tiene un límite de edad gestacional que son las 12 semanas", señala la investigadora.

En ambos estudios, afirma Larrea, se puede ver que el estigma hacia el aborto tiene una importante influencia en las decisiones que toman las pacientes y también el personal judicial y de salud. Y que se materializa en la objeción de conciencia o en la criminalización.

Sin embargo, analizando con más detalle las razones del personal de salud o de justicia encuestado, los investigadores se han percatado de que esas creencias son, en su mayoría, alimentadas por la falta de información.

"Solamente el 15,4% de profesionales de salud y el 5,1% de operadores de justicia identificaron adecuadamente las causales de aborto legal. Las personas entrevistadas resaltaron la falta de formación de profesionales de salud en la normativa nacional y al manejo integral del aborto, incluyendo aspectos emocionales y de salud mental", se detalla en uno de los informes.

A favor del aborto

Datos del informe sobre conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud y judicial señalan que el 32,7% de profesionales de salud y el 40,4% de operadores de justicia considera que el aborto debe ser legal en todos los casos. Además, que el 65,4% de profesionales de salud y el 40,4% de operadores de justicia consideran que el aborto debería ser legal para proteger la vida de la embarazada y 55,8% de profesionales de salud y 47,5% de operadores de justicia están de acuerdo con que el aborto sea legal en casos de violación.

Frente a estas estadísticas, Sara Larrea explica que la diferencia entre el pensamiento del personal frente a cómo terminan actuando está relacionada con las condiciones. "Tiene que ver con que sobre todo los profesionales de salud ven que necesitan protegerse de la criminalización".

"No se sienten protegidos ni con este ni con otros procedimientos y prácticas que pueden llevarlos a un juicio y no tienen condiciones para hacerlo. Entonces, aunque crean que es un derecho, aunque crean que es importante, ¿cómo lo van a hacer si no tienen los insumos o cómo lo van a hacer si no han recibido la formación para hacer el procedimiento?", afirma.

Romper las barreras con educación

La académica cree que estas barreras se pueden romper con una educación sexual integral. "Eso cambia el tipo de información que circula, el contexto en el que la gente interpreta la información".

"Si ya tienes como educación sexual básica, luego es mucho más fácil integrar estos cambios legales y los nuevos servicios y nuevas visiones sobre la sexualidad. Y eso va dirigido a la población general, pero una parte de la población general luego se convierte en personas que abordan estos casos como profesionales de salud o como operadores de justicia", menciona.

Pero también cree que es momento de cambiar la manera en la que se están pensando las leyes sobre aborto. "Las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, han visto por décadas al cambio legal como el objetivo para permitir que las personas puedan abortar. Pero desde mi punto de vista habría que mirar cuál es el efecto de las leyes, porque si bien estas normas por causales tienen efecto simbólico de avanzar en términos de derechos, los datos nos muestran que no hay un efecto material tan importante. La gente no está logrando abortar de manera segura en los casos que la ley garantiza y eso para mí cuestiona el papel de la ley".

Sostiene que en países como Ecuador, las leyes se han creado más bien "para restringir el acceso" que para garantizarlo. "Desde mi punto de vista, el aborto debería tratarse como un servicio de salud, como tratamos todos los otros servicios de salud en los que no se nos ocurre pedir leyes para garantizarlos y debería dejar de tratarse como un delito y dejar de tratarse como una excepción porque el aborto no es excepcional".

"Una gran cantidad de mujeres y de personas con capacidad de gestar necesitan abortar en algún momento de sus vidas. Entonces si este Estado tuviera políticas públicas de acceso a la salud que garantizarán las condiciones para que los profesionales  puedan ejercer su trabajo, sería más fácil implementar un servicio de salud como el aborto", concluye.