mujeres prostituidas rural

Cartel del servicio de asesoramiento y apoyo psicológico de víctimas de violencia de género, impulsado por la Diputación de Granada, que ahora también cubre a las víctimas de trata y explotación sexual.

Apoyo psicológico contra el aislamiento de mujeres prostituidas en el medio rural

Belén Ortiz | Granada - 22 abril, 2021

Un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo psicológico trata de combatir el estigma y el aislamiento que sufren mujeres en situación de prostitución en entornos rurales, donde, en ocasiones, la presión social las sume en situaciones de ansiedad.

Se trata de un servicio en línea puesto en marcha por la Diputación de Granada a través de su Delegación de Igualdad con el objetivo de asesorar y prestar apoyo psicológico a víctimas de trata y explotación sexual que se encuentran en municipios de menos de 20.000 habitantes en los que no hay centros de información a las mujeres o una atención pública de este tipo.

Aunque inicialmente surgió como un proyecto piloto para prestar ayuda a las víctimas de la violencia de género en entornos rurales, pronto se extendió a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres prostituidas, con la intención de mejorar su calidad de vida.

Servicio de apoyo telefónico y en línea

Una realidad invisibilizada la de estas mujeres que, por «vergüenza», frena a muchas de ellas a la hora de pedir ayuda, ha explicado a Efe la diputada provincial de Igualdad, Mercedes Garzón.

Este servicio, que no pretende sustituir la atención psicológica presencial, es en línea, aunque también se ofrece de manera telefónica si la mujer no dispone de los medios telemáticos necesarios.

Aunque las especialistas que las atienden no les preguntan por su situación personal, dado que es un servicio confidencial, las víctimas de explotación sexual trasladan, «a rasgos muy generales», que el motivo por el que están ahí es puramente económico, según Garzón.

«Normalmente presentan situaciones de ansiedad, irritabilidad… De alguna manera les sobrepasa la situación», relata María Dolores Rubio, presidenta de la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, cuyas profesionales se encargan de atenderlas.

Les ofrecen «un acompañamiento en el proceso -personal de cada una-, una atención limitada en el tiempo» porque no se trata de un servicio de urgencias ni de un plan terapéutico al uso, según detalla Rubio.

Desde marzo del año pasado, cuando se activó, y hasta el pasado diciembre ha habido cerca de 300 atenciones de ayuda psicológica en los 32 municipios en los que se ofrece el servicio.

El perfil de las mujeres que piden ayuda

En más del 80 % de los casos -el servicio no discrimina-, las demandantes eran víctimas de violencia de género, ya sea por maltrato o agresiones sexuales por parte o no de la pareja.

El perfil de quienes deciden pedir ayuda suele ser el de mujeres de entre 40 y 50 años -aunque también hay menores e incluso mayores de 70 años-, con hijos a su cargo, en situación de desempleo o con trabajos temporales o a tiempo parcial y que por lo general han sufrido más de un tipo de violencia, ya sea física o psicológica.

En el caso de las víctimas de explotación sexual, suelen dar el paso de pedir ayuda cuando han salido o están tomando la decisión de salir de esa situación, «porque tienen miedo a ser juzgadas o a perder a sus hijos», detalla Rubio.

Aislamiento y sin servicios sociales en el rural

Al servicio de apoyo psicológico suelen acudir derivadas de los servicios sociales municipales.

«Normalmente necesitan una atención de escucha, un acogimiento, no solo que se las escuche, sino también sentirse de alguna manera apoyadas y acompañadas» por alguien que además les asesore sobre los recursos que tienen a su disposición, explica la experta.

En el mundo rural, las mujeres ponen de manifiesto una situación de aislamiento y de dificultad para acceder a los servicios sociales, a lo que se une el «estigma» del que son objeto y que condiciona su vida porque sienten que hay «una gran presión social sobre ellas», una realidad social que, en opinión de Garzón, las instituciones tienen la obligación de atender.