Tres visiones de mujeres sobre la Constitución

El 6 de diciembre España celebra el 40 Aniversario de su Constitución. Recogemos aquí la firma de tres mujeres (Soledad Becerril, Cristina Almeida y Teresa Ribera) que opinan sobre lo que supuso la Carta Magna y los cambios que motivó en una sociedad que vivió el paso de una dictadura a una democracia.

Soledad Becerril, política de UCD y del Partido Popular.  Ella fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la II República (1981) y la primera mujer en ocupar el cargo de Defensora del Pueblo (2012).

Cristina Almeida, abogada laboralista, defensora de la igualdad y ex militante del Partido Comunista, es la segunda de las firmas sobre el aniversario de la Constitución que publicamos a continuación.

El artículo de la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, que ofrece una visión sobre la sostenibilidad y el medio ambiente, cierra esta serie dedicada al Aniversario de la Constitución española.

Soledad Becerril

Aniversario de la Constitución. Veintiuna diputadas y seis senadoras

La historia de nuestro siglo XIX y XX debería ser muy sabida por todos los españoles. Los mayores para recordar lo que leyeron, escucharon o vivieron, los estudiantes para conocer y luego poder reflexionar, y los adolescentes para conocer las consecuencias de los deseos de venganza de los contrarios, de los que piensan de manera diferente, y cómo se alcanzó en España, al fin, la reconciliación y la paz.

Hace cuarenta años veintiuna diputadas, en un Congreso de trescientos cincuenta escaños, y seis senadoras, en un Senado de doscientos escaños, participamos en la aprobación de la constitución que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Elaborar y modificar las leyes que se derivaron de estos principios llevó un tiempo, pero se consiguió un gran cambio en la situación de la mujer con el pleno reconocimiento de todos sus derechos. Seguramente ese fue el cambio social más importante ocurrido en la sociedad española en estos cuarenta años.

Aquella escasa presencia de mujeres abrió el camino para que hoy en las cámaras, Congreso y Senado, las mujeres sean el cincuenta por ciento de los representantes de la soberanía nacional.

21-11-1977.- Soledad Becerril durante su intervención en la tribuna de oradores políticos, primera de una mujer, en el Club Siglo XXI. EFE

Es posible que los nuevos avances en la ciencia, en las telecomunicaciones, en la bioética, en la sociedad digital y en otros campos de desarrollo muy reciente requieran de nueva legislación, pero los principios rectores de la política social y económica, las garantías de las libertades y derechos fundamentales están recogidos en una constitución que es plenamente válida, también susceptible de reforma siempre que exista un acuerdo tan amplio como el que hubo en 1978.

Nuestra norma fundamental está considerada en medios universitarios, académicos y jurídicos, en España y en el exterior, como una norma avanzada, garantista en materia de derechos y generosa en reconocimiento de libertades, de descentralización absoluta de competencias para las comunidades autónomas y con un sistema electoral que permite pluralismo en los representantes de la soberanía popular. Es un texto elaborado con el afán de lograr la reconciliación entre españoles; un texto pensado para que todos podamos sentirnos incluidos, ninguno apartado, ni de los que la aprobaron ni de los que vinieron detrás.

Pero no debemos ocultar que algunos que quieren reformarla desean otros objetivos; lo que persiguen es un cambio de sistema político, es decir algo bien distinto; un cambio, no una reforma, pues defienden posiciones alejadas de las que se consagran en la constitución: la separación de poderes dejaría de ser una pieza esencial para que el gobierno de turno pudiera ocupar todo el poder que quisiera sin disponer de límites o controles; la unidad de la nación tampoco sería valor fundamental como ya muestran quienes gobiernan en una comunidad autónoma, Cataluña, y proponen alcanzar un estadio superior y mejor mediante la independencia, contraviniendo toda la legalidad e ignorando a más de la mitad de la población. Estas posiciones no son propias de nuestra democracia en la que prima el sometimiento a la ley, la independencia de los jueces, la división de poderes y el concepto de unidad de la nación española.

Existen muchos países que tienen sistemas políticos alejados del nuestro; son lo contrario de lo que hemos vivido y vivimos los españoles en este período, uno de los mejores de nuestra historia por la reconciliación, la paz, el progreso y la suma de derechos y libertades alcanzados.

Todo nuestro sistema político tiene un pilar fundamental que es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado que simboliza la unidad y proporciona estabilidad.

Derribar la monarquía parlamentaria como parece ser un objetivo para algunos, expresado unas veces con absoluta claridad y otras con acciones de reprobación o de censura, es golpear ese pilar situado en lo más alto de todas las demás instituciones; es acometer la demolición de la pieza que ha sido fundamental, primero en nuestra reconciliación y después en la construcción de toda la arquitectura del estado social y democrático de derecho, levantado tras más de siglo y medio de profundas divisiones, dependencia de potencias exteriores, cambios de régimen, aprobación y derogación de constituciones, golpes militares, mucha sangre y, desde luego, carencia o supresión de derechos y de libertades. Más de siglo y medio para no olvidar; para no repetir.

Cristina Almeida

Getafe, 8-5-1977.- Intervención de Cristina Almeida en el mitin del PCE. EFE

40 aniversario de la Constitución. Las mujeres en la construcción de la democracia

El próximo 6 de diciembre celebraremos el 40 Aniversario de la Constitución española, que fue aprobada por una gran mayoría de los ciudadanos y supuso el paso de una dictadura a una democracia.

En la redacción del texto no participo ninguna mujer, los llamados “Padres de la Patria” fueron hombres, un indicativo de la falta de representación de las mujeres en la vida político-social de la España de entonces.

Pero la construcción de la Democracia no empieza y termina con la Constitución. Fue un largo proceso de lucha, casi tantos años como duró la dictadura, de miles de hombres y mujeres que perdieron durante los también 40 años de dictadura su vida, su libertad, su patria; personas que tuvieron que salir al exilio, soportar torturas y cárceles, pero mantuvieron siempre la lucha por la libertad y donde la participación, sufrimiento y solidaridad de las mujeres fue muy importante, aunque en los momentos decisivos de reconocer esta participación, no las integraron en la decisión política.

El golpe de Estado que llevó al establecimiento de la dictadura en España supuso una falta absoluta de libertades para todos los españoles y españolas, pero por la propia composición del régimen, que construye un estado confesionalmente católico, significó un retroceso mucho mayor para las mujeres, que tuvieron durante la República el reconocimiento de derechos y oportunidades, que les aventuraba un futuro de igualdad y que se vio roto por la imposición de un modelo de mujer por la Iglesia, que delegó su educación a la Sección Femenina, considerándolas menores, sometiéndolas al padre y al marido, negándolas la capacidad de obrar.

No voy a hacer un pormenorizado relato de las múltiples discriminaciones, voy a señalar los parámetros que la dictadura establece para las mujeres y que explica su doble lucha en pro de la democracia.

Junto con los movimientos de mujeres de Europa y Latinoamérica, las españolas incorporan a las luchas por la libertad y la democracia, sus reivindicaciones específicas: igualdad legal; igualdad en el trabajo, igualdad en el matrimonio, derecho a los anticonceptivos, aborto legal, divorcio, corresponsabilidad familiar, etc.

Estas reivindicaciones estaban en la calle, pero no en los políticos ni en las organizaciones entonces clandestinas. A partir de la muerte del dictador, en l975, que coincide con el primer Año Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas, y con la I Conferencia internacional de la Mujer en México, donde nos representó Pilar Primo de Rivera, bajo la defensa del modelo de mujer de la Sección Femenina, tuvieron que realizar algunas mejoras legales respecto a la mujer. Una de ellas, fundamental para todas nosotras, sobre todo para las casadas, fue suprimir el permiso del marido para casi todo lo que deberíamos hacer por nosotras mismas, lo que significó que en un país que no existía el divorcio y había muchas separaciones de hecho, las mujeres recuperamos nuestra capacidad de obrar.

En aquella Conferencia Internacional se acordó que se entra en el decenio de la igualdad, la educación y el trabajo de las mujeres; y coincidió con la obtención de la democracia en España. Esa explosión democrática supuso para nosotras la posibilidad de luchar por esas pretensiones del decenio (igualdad, educación y trabajo); y nos planteamos, más allá de la Constitución, alcanzar una democracia real, más igualitaria, que avanzara en derechos de igualdad para las mujeres.

“Cuando se votó el artículo 57 de la Constitución, sobre la sucesión a la Corona – que daba preferencia al varón y constituía la única discriminación por razón de sexo-, todas las mujeres elegidas abandonaron el Congreso en desacuerdo”

Y aunque ninguna mujer participó en la redacción del texto constitucional, si hubo, pocas, pero hubo, mujeres elegidas en las primeras elecciones democráticas de 1977. Esas 27 mujeres que obtuvieron escaños en el Congreso y Senado fueron testigos, incluso antes de la aprobación de la Constitución, en octubre de l978, de cómo se legalizaban los anticonceptivos o se despenalizaba el adulterio y el amancebamiento que tantos años de cárcel habían costado a las mujeres adulteras y pocos a los hombres “amancebados”.

Y como anécdota, cuando se votó el artículo 57 de la Constitución, sobre la sucesión a la Corona – que daba preferencia al varón y constituía la única discriminación por razón de sexo-, todas las mujeres elegidas abandonaron el Congreso en desacuerdo.

La Constitución acuerda en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles/as ante la Ley sin discriminación alguna. Pero una cosa es establecerlo y otra hacerlo realidad. Y eran tan evidente las dificultades que nos íbamos a encontrar, que la propia Constitución, en su articulo 9.2 establecía:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Es en este articulo, y no en el mero programático reseñado, en el que las mujeres entendemos nuestra lucha de pasado, presente y futuro, y desde ese momento nuestras reivindicaciones se centran en la eliminación de obstáculos que, en primer lugar, lo eran las leyes desiguales.

Logramos cambiar leyes que ignoraban la naturaleza de las agresiones a las mujeres: en 1989 la violación, que era considerado como un delito contra la “honestidad”, se transformó en delito contra la “libertad sexual” y los malos tratos familiares, inexistentes como delito, se transforman, en delitos de violencia de género, que sucesivamente se van ampliando, no sin dificultades ni deficiencias, pero indudablemente se va cambiando la situación progresivamente. Las luchas, cada vez más masivas, van determinando una nueva conciencia sobre las mujeres y el movimiento feminista que se transforma y crece con jóvenes que no se resignan en una sociedad patriarcal que les niega oportunidades.

Y la participación de las mujeres en política, insignificante en las primeras elecciones democráticas, de apenas el 6%, hoy llega al alrededor del 39%. La tendencia ha sido considerar a las mujeres como imprescindibles para mejorar la sociedad y eso lo logramos luchando con las primitivas “cuotas” y las sucesivas leyes de paridad, que – a mi parecer – han puesto al movimiento feminista español como referente para muchos países europeos.

Esa movilización ha ido conquistando derechos, desde el divorcio al aborto, que logró que no solo que se despenalizara la homosexualidad sino que se legalizara el matrimonio homosexual -muy impulsado por el movimiento feminista-, ha ido permeando a la sociedad y haciéndola más consciente de la imposibilidad de aceptar la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

“Hay que romper ese techo de cristal que -yo creo- es de hormigón armado o al menos cristal blindado”

¿Y qué nos queda en el futuro? Son tantas las cosas que muchas piensan que no ha cambiado nada. Pero no es así, hemos obtenido muchos derechos que no teníamos, pero si la desigualdad fue creada por la sociedad patriarcal que daba preeminencia al varón, nos queda cambiar el modelo de sociedad para que esa concepción no siga propiciando la desigualdad. Educar en igualdad es esencial para cambiar los comportamientos de hombres y mujeres, y se de la corresponsabilidad familiar frente a los hijos, y que no se condene a las mujeres a trabajos no remunerados, mal pagados y que predeterminan su futuro desigual.

Tenemos por delante la lucha contra la brecha salarial, por la igualdad en los puestos directivos de las empresas, de la política, de la universidad; porque cuando se trata de méritos, ganamos las mujeres, pero cuando son designaciones a dedo ganan los hombres. Hay que romper ese techo de cristal que -yo creo- es de hormigón armado o al menos cristal blindado.
Y, sobre todo, hay que asumir un debate vital referido a una educación en igualdad, que no permita a los hombres comprar el cuerpo de una mujer para su deseo sexual o alquilarlo para engendrar un hijo mediante un contrato a la pobreza. Esos modelos reducen a la mujer a un mero objeto adquirible, mientras que los hombres hacen de España el primer país consumidor de prostitución en Europa, lo que nos demuestra la falta de educación sexual y de igualdad.

Quiero expresar mi decidida voluntad de abolir ese comportamiento, reclamo la penalización a los usuarios de esos servicios que contribuyen a la trata del 80% de las mujeres que son prostituidas, pues mientras esto subsista ni habrá igualdad ni habrá una sociedad mas justa.

Teresa Ribera

La ministra para la Transición Ecológica, María Teresa Ribera. EFE

La Constitución, la mejor garantía para la transición ecológica

Hace 40 años los padres de la Constitución decidieron que en la propuesta del marco de convivencia fundamental sobre el que los españoles deberíamos cimentar nuestro modelo de desarrollo, la protección del medio ambiente debía tener un espacio relevante.

Probablemente la presencia de sólo un artículo en un texto tan amplio pudiera parecer insuficiente, pero su inclusión en la Carta Magna ofreció la posibilidad de construir una arquitectura de sostenibilidad que hoy es vital para abordar los retos a los que se enfrenta nuestro país, Europa y el planeta.

Acertaron. Y lo hicieron en un contexto social, político y económico complicado, plagado de incertidumbres pero con la visión suficiente para anticiparse a los acontecimientos que estaban por llegar, y sobre todo con una vocación de servicio público que debe ser reconocida.

En el año 1978 España tenía una población de 37 millones de personas, sufría una inflación del 20 %, el adulterio dejó de ser delito y una mujer, Carmen Conde, entró a formar parte de una institución tan relevante como la Real Academia Española de la Lengua.

El número de vehículos que se matricularon durante el año superó los 800.000 para un total de 9 millones que circulaban por las calles y carreteras españolas. Sólo tres fuentes de energía nos proporcionaban electricidad; el carbón, el agua y en menor medida la nuclear conformando un mix energético de alrededor de 30.000 megavatios de potencia instalados.

Hoy somos 46 millones de españoles, con una tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre del 2,2 %, y un poder ejecutivo con 11 de los 17 Ministerios dirigidos por mujeres.

El parque de vehículos ha superado los 32 millones y hay más de 100.000 megavatios instalados para dar cobertura a la demanda de electricidad con una diversificación de fuentes en las que las energías renovables han ido ocupando cada vez un mayor espacio.

Estos mínimos apuntes de una sociedad que durante una interminable dictadura estuvo sumida en el blanco y negro son suficientes para disponer de una imagen, evidentemente incompleta, que refleja los profundos cambios que se han producido hasta convertir a España en la cuarta economía de la Unión Europea. Todo ello bajo el paraguas de la Constitución.

Una Constitución que en su artículo 45 dice lo siguiente: “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y de mejorar la calidad de la vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Dos breves párrafos que señalan con claridad los derechos y obligaciones de los españoles en relación a la protección del capital natural, el patrimonio colectivo más valioso que poseemos como sociedad.

Esta interpelación ha ido evolucionando a través de una profusa legislación que ha sufrido demasiadas modificaciones, condicionada a veces por la coyuntura económica y otras por una carga ideológica cercana a intereses partidarios.

La política ambiental no sólo conserva los espacios naturales sino que interviene activamente para mejorar las condiciones ambientales existentes.

La Constitución exige el uso responsable de los factores de los que depende nuestro progreso. El agua, el suelo, la energía, el aire y las materias primas son elementos claves de nuestro estado del bienestar, al igual que lo son la sanidad, la educación o la seguridad.

“Es imprescindible dotarnos de un marco regulatorio adecuado que asegure nuestro futuro como país y como sociedad, con una economía que ya está inmersa en el proceso de transición ecológica”

El presente ya reclama la urgente necesidad de poner en marcha las medidas necesarias que orienten nuestro modelo de desarrollo hacia unos patrones de vida diferentes fundamentados en el conocimiento, la innovación y la responsabilidad social.

Para ello es imprescindible dotarnos de un marco regulatorio adecuado que asegure nuestro futuro como país y como sociedad, con una economía que ya está inmersa en el proceso de transición ecológica.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobará el Gobierno antes de final de año será el marco de oportunidades para la transformación que hay que llevar a cabo.

Paralelamente y como herramienta de planificación estratégica que integre la política nacional de energía y clima, en el mes de diciembre remitiremos a Bruselas el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que reflejará la contribución de España a la consecución de los objetivos a los que nos hemos comprometido.

Todo este movimiento transformador que supone la transición ecológica de la economía va a estar acompañado por una Estrategia de Transición Justa que avale su recorrido hacia un desarrollo más justo, solidario y duradero.

La solidaridad intergeneracional es la clave del futuro de nuestra Constitución. Los recursos naturales deben quedar a salvo de procesos de privatización, destrucción o degradación, así como el derecho al disfrute de los mismos tanto de las generaciones presentes como de las venideras.

Para exigir esta solidaridad, es ineludible que los poderes públicos logren establecer unos cauces adecuados de formación, información y participación ciudadana. Y también reconocer que la transición ecológica tiene que ir de la mano de la justicia y de la cohesión social y territorial. Para garantizarlo está nuestra Constitución.

NOTA: Estos artículos forman parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.