Las venezolanas se enfrentan a la xenofobia si quieren abortar en Colombia

El camino para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva se ha vuelto tortuoso para las migrantes venezolanas que residen o transitan por Colombia, quienes deben enfrentar barreras exacerbadas por la xenofobia y la discriminación para poder abortar o conseguir anticonceptivos.

Así lo señala la reciente investigación denominada “Uno pasa por muchas cosas” realizada por La Mesa por la Vida y la Salud de la Mujeres -un colectivo que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos en el país sudamericano-, con el apoyo de la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo – Francia, y a la que ha tenido acceso Efeminista.

En su informe, la Mesa ha identificado tres categorías de barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: el desconocimiento del marco legal, su interpretación restrictiva y las fallas en la prestación del servicio de salud.

“A eso se le añade la xenofobia y discriminación. Hay un énfasis en solicitarle a las mujeres migrantes dar cuenta de un estatus migratorio regular. Entonces, bajo el argumento de mostrar un estatus regular se produce la negación de los servicios o el tipo de orientación que las mujeres reciben”, explica a Efeminista Juliana Martínez, PhD en Ciencias Humanas y Sociales, exsecretaria de Mujeres en Medellín y la autora de la investigación.

“(Las migrantes) tienen demasiados indicios de que no van a recibir atención (así) que no se quieren exponer a ese tipo de vulneraciones. Entonces en esos casos las mujeres deben costear por sus propios medios los traslados a sitios donde sí les van a realizar la atención”, agrega la especialista.

Durante el período de investigación, entre 2018 y 2021, estos servicios que “debía prestar el Estado, pasaron a ser asumidos con mayor fuerza por la cooperación internacional y por las organizaciones de la sociedad civil”, afirma.

Servicios de salud sexual en Colombia

Entre 2018 y 2021, La Mesa asesoró y acompañó a 154 mujeres migrantes venezolanas, un 30% del total de sus atenciones. Desde el 2018 estas atenciones han venido aumentando: en el 2021 fueron más del 40% del total.

Por su parte, la Fundación Oriéntame, entre enero del 2018 y diciembre del 2021, atendió a 3.051 mujeres nacidas en Venezuela: 379 en el 2018, 610 en el 2019, 878 en el 2020 y 1.184 en 2021, lo que da cuenta de un aumento constante en las atenciones. Mientras que en el 2018 esta población representaba el 3.2% del total atendido, en el 2021 ya era un poco más de tres veces este porcentaje, pasando a ser el 10.5%.

Según la investigación, la falta de condiciones para la salud materna en Venezuela ha conducido a muchas mujeres embarazadas a un éxodo en búsqueda de atención sanitaria y partos seguros en Colombia. Esto, sin desconocer que el embarazo puede tener lugar en cualquier momento del proceso migratorio, haciendo inminente la necesidad de atención en salud.

Sin embargo, las migrantes que no están regularizadas en el país solo pueden acceder a ellos en calidad de servicio de urgencias, aunque esto tampoco se cumple, aclara Martínez.

“Algunos médicos entrevistados en Bogotá decían que el concepto de urgencia era la puerta de entrada con la que justifican la atención de la población migrante, pero nos encontramos en contextos como el de Cúcuta, que es zona de frontera con Venezuela, donde hay otros médicos que dicen es que si no ven a las mujeres sangrando no las van a atender”, explica la autora del informe.

El acceso a métodos anticonceptivos tampoco está disponible ni siquiera a través de urgencias, así que las migrantes en situación de movilidad solo pueden acceder a estos en la atención post parto o post aborto sin lograr controlar su fecundidad.

Aunque, tras la histórica sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 2022 que puso a Colombia a la vanguardia de la protección de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto libre se despenalizó hasta la semana 24, lo que muestra un balance de los primeros 100 días de la implementación del fallo, dice Martínez, es que algunas de estas barreras se siguen presentando.

“La solicitud de requisitos adicionales está muy presente. Y yo creo que el tinte que subyace en todo esto es la xenofobia, que está presente en muchas maneras. Por ejemplo, con discursos de prestadores de servicios que dicen: “es que igual tienen más hijos que las colombianas”, “es que son menos formadas en estos temas”. Y sí hay unos indicadores preocupantes con relación a cómo ha entendido el Estado del país vecino la educación sexual, pero las cifras tampoco muestran que sea diferente a lo que sucede con las mujeres rurales en Colombia”, enfatiza.

La investigadora explica que sin poder acceder a anticonceptivos “por supuesto va a haber más partos no deseados y más solicitudes de aborto. Se vuelve un círculo vicioso”.

La falta de información también les afecta de manera desproporcionada. Especialmente porque, aunque llegan al país sin saber que el aborto es legal y pensando que es un delito como en su país, tampoco se les informa de esto en los servicios de salud, ni siquiera a las que están regularizadas.

“En Colombia hay una mayor predisposición a apoyar la continuación del embarazo que no necesariamente significa apoyar lo que implica después la crianza y el cuidado de esa persona que nace y hay unos prejuicios y unos sesgos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Estigmas y estereotipos”, menciona.

Por eso, pese a que según la legislación nacional una mujer que manifiesta que está en embarazo o recibe una prueba donde se confirman que está embarazada debe conocer todas sus alternativas, en muchos sitios no mencionan el aborto, denuncia. Y ellas no se atreven a preguntar por miedo a ser criminalizadas.

Obligadas a abortar en el sector privado

Todas estas barreras empujan a las migrantes a interrumpir sus embarazos en sitios privados, con ayuda de organizaciones como La Mesa o la Fundación Oriéntame, o a acudir a sitios clandestinos.

El 81.7 % de las migrantes que ha acompañado Oriéntame, por ejemplo, no estaban afiliadas. Solo el 18.3 % lo estaban. Pero para acceder al servicio, el 40.8 % lo hicieron a través de subsidios de Oriéntame, el 34 % pagaron de manera particular el procedimiento y las EPS (Entidad Promotora de Salud) cubrieron un porcentaje menor, el 3.5%.

“¿Por qué si el 18 % estaban afiliadas solo el 3.5 % accedieron a través de la EPS?”, cuestiona Martínez.

A muchas de las que están regularizadas les piden que se afilien cuando van a solicitar un aborto. “Hacen el proceso para afiliación y les dicen “tiene que esperar un mes”. ¿Cómo van a esperar un mes, por ejemplo, en estos territorios que no tienen servicios después de ciertas semanas? En Cúcuta encontramos que algunas EPS solo realizaban el procedimiento hasta la semana 15″, afirma.

Las organizaciones aseguran que deberían buscarse soluciones regionales para atender estos problemas. “Aquí deberíamos unirnos estados, cooperación y sociedad civil para plantear una solución más integral porque es innegable que esto tiene una presión en las finanzas de los países”.

“Tenemos por un lado la cooperación, por ejemplo, prestando servicios de salud sexual y reproductivas, especialmente la anticoncepción, pero no tiene la cobertura ni el alcance que tiene el Estado. Y en el caso del Estado colombiano, hay unos servicios que están cubiertos aún cuando algunos pongan el pago de los servicios como una limitante para dar atención, pero al mismo tiempo hay unos costos que están en aumento, relacionados con la atención en salud de la población migrante y el Estado debe cubrirlos”, añade.

Y agregan que se debe capacitar y generar capacidad institucional para atender a esta población. “No puede ser que después de 10 años de migración venezolana, una realidad permanente sea la xenofobia y la discriminación. Pero también debe haber capacitación con relación al servicio puntual, que es la interrupción voluntaria del embarazo”, concluye.