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Viviendas de acogida para personas LGTBIQ+: Un recurso escaso ante una emergencia desconocida

El 35 % de las personas sin hogar en España son LGTBIQ+. Detrás de esta cifra de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) hay personas rechazadas de sus casas o forzadas a huir de sus países por ser quienes son, que sin red de apoyo ni acceso a una vivienda digna y segura, acaban en la calle o en recursos colapsados.

"Estamos fallando como sociedad, no puede ser que a una persona la echen de su casa por la orientación o por su identidad, y eso es algo que está pasando", lamenta la trabajadora social de Apoyo Positivo, Clara Castillo, mientras recorre una vivienda compartida donde residen seis jóvenes LGTBIQ+ en situación de sinhogarismo. 

Sus palabras retratan una realidad que para muchas personas aún resulta invisible: una crisis habitacional que no tiene nombre en las políticas públicas, carece de estadísticas oficiales sistematizadas y sigue sin los recursos necesarios para afrontarla de forma integral.

En 2024, 979 personas LGTBIQ+ solicitaron alojamiento específico en la Comunidad de Madrid al encontrarse en situación de sinhogarismo o exclusión residencial. Solo 93 pudieron acceder a una plaza. Es decir, 886 personas quedaron fuera del sistema, según el informe de la Mesa Técnica de atención a personas LGTBIAQ+ en riesgo de exclusión residencial de Madrid.

La mayoría eran jóvenes migrantes, hombres cis gays o mujeres trans, con estudios superiores, sin red familiar y muchas veces en situación administrativa irregular. Vinieron de países como Colombia, Venezuela, Perú o Rusia huyendo de amenazas, agresiones o del rechazo familiar. En otros casos, eran jóvenes españoles expulsados del hogar por su orientación sexual o identidad de género. La edad media fue de 32 años.

Para conocer cómo funcionan estos recursos, Efeminista ha hablado con trabajadoras de tres dispositivos habitacionales específicos para personas LGTBIQ+ sin hogar en Madrid: Clara Castillo, trabajadora social de Apoyo Positivo; Paula Avilés, trabajadora social de Fundación Eddy-G; Abraham Mesa, coordinadora de Proyecto Chueco de Fundación San Martín de Porres; y con el Subdirector General de Integración Social de la Comunidad de Madrid, Pedro Romero Nieva-Plata.

Vista del salón de un recurso habitacional para personas LGTBIQ+ gestionado por Apoyo Positivo. EFE/Laura de Grado

Plazas limitadas para personas LGTBIQ+ expulsadas de sus hogares

La Fundación Eddy-G es un recurso pionero que acoge a personas de entre 18 y 30 años que han sufrido algún tipo de LGTBfobia, ya sea en sus países de origen o en sus propios hogares, y que han perdido su acceso a una vivienda segura, y ofrece apoyo emocional, orientación laboral y formación.

Actualmente cuentan con doce plazas: 8 en un piso compartido y 4 en una vivienda cedida por la Empresa Municipal de la Vivienda. En 2024, pudieron atender a 26 personas, pero recibieron más de 300 solicitudes.

"No es solo falta de sitio, es falta de continuidad", explica la trabajadora social de Eddy-G Paula Avilés. "Vivimos año a año, dependiendo de subvenciones públicas que no se renuevan automáticamente. ¿Qué haces con las personas que ya están dentro si en enero no sabes si sigues existiendo?", continúa.

Paula Avilés, trabajadora social de Fundación Eddy-G- EFE/Laura de Grado

Lo que sigue a esa expulsión, denuncia, es una supervivencia "como se pueda" que en muchos casos pone en riesgo la integridad física y emocional de estas personas. "Sabemos de jóvenes que duermen en saunas, intercambian sexo por un techo o soportan situaciones de violencia porque no tienen otra opción", señala.

En el caso de muchas mujeres, la situación es aún más "invisible". Por miedo a la calle, optan por relaciones tóxicas, vínculos de dependencia o traslados constantes entre casas y ciudades, explica.

"El colectivo LGTBIQ+ todavía no tiene todos los derechos, solo quiere una vida justa, sin miedo, como cualquier otra persona”, concluye.

Casi una de cada cuatro personas LGTBIQ+ ha tenido problemas con la vivienda a lo largo de su vida debido a su identidad. Entre 69.000 y 80.500 personas LGTBIQ+ han tenido que dormir en la calle y, en el caso de la población trans, el dato es especialmente grave, el 50 % ha atravesado alguna situación de sinhogarismo, según el informe Estado Socioeconómico LGTBI+, Estado LGTBI+ 2024, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Vista del salón de un recurso habitacional para personas LGTBIQ+ gestionado por la Fundación Eddy-G. EFE/Laura de Grado

"Estamos fallando como sociedad"

En otra parte de la ciudad, Apoyo Positivo gestiona 6 plazas habitacionales en un piso de apenas 80 metros cuadrados. "Desde los años 90 llevamos trabajando con personas LGTBIQ+ o con VIH. Lo que empezó como un centro de día ahora es un programa integral de intervención", explica la trabajadora social del recurso, Clara Castillo.

Clara Castillo, trabajadora social de Apoyo Positivo. EFE/Laura de Grado

La mayoría de las personas que acceden a las viviendas es por derivación de servicios sociales, del SAMUR, desde otras entidades o llamando directamente a la asociación. Cada ingreso se acompaña de un plan personalizado que incluye atención psicológica, orientación laboral, redes comunitarias, ocio, e incluso un plan de ahorro para la salida, aclara Castillo.

En 2024, pudieron atender a 15 personas, de las casi 200 solicitudes que recibieron. "Y eso sin contar todas las personas que ni siquiera nos encuentran. Porque muchas veces, quienes más lo necesitan, ni saben que existimos", lamenta.

"Estamos fallando como sociedad, no puede ser que a una persona la echen de su casa por la orientación o por su identidad, y eso es algo que está pasando", critica Castillo.

"Me sentí muy protegide, muy segure y muy acompañade"

Samu, de 28 años, no binarie, es una de las personas que accedió al recurso habitacional gestionado por Apoyo Positivo, después de atravesar una situación límite.

Derivade por COGAM, logró entrar en el piso tras vivir una experiencia muy grave que hizo urgente su salida del entorno en el que se encontraba. "Me sentí muy protegide, muy segure y muy acompañade", recuerda.

Durante su estancia, recibió apoyo integral para buscar trabajo , elaborar un currículum o encontrar un piso. "Desde el primer día te marcas objetivos", explica.

Samu valora profundamente su paso por esta vivienda, pero también subraya lo difícil que es acceder a estos recursos: "A mí me ayudaron muchísimo, pero ojalá más gente pudiera acceder. Es un recurso muy beneficioso, deberían haber más asociaciones que ofrecieran algo así".

Las cifras de MAPER muestran que el 90 % de las personas solicitantes de alojamiento LGTBIQ+ no accedieron a una plaza específica en 2024. Cuando no hay sitio, se deriva a recursos generalistas. Y ahí empiezan los problemas.

"La persona viene con una necesidad de emergencia de tener que salir de donde está porque está sufriendo violencia, y la respuesta que le tienes que dar a esa persona es que en este momento no tienes una plaza", critica Castillo, que explica que en esa situación tienen que derivar a otros recursos especializados o generalistas.

Vista del salón de un recurso habitacional para personas LGTBIQ+ gestionado por Apoyo Positivo. EFE/Laura de Grado

Volver al armario en los recursos generales

Ambas trabajadoras coinciden en que derivar a una persona LGTBIQ+ a un albergue general no ayuda porque muchas veces tienen que esconder quien son o se exponen a revictimización, miedo o LGTBIfobia. Y recuerdan que el año pasado se presentaron en España 1.955 denuncias por delitos de odio -un 10 % menos que en 2023-, que incluye los perpetrados por orientación sexual y por identidad de género.

"Imagina que has estado sufriendo violencia en tu país de origen y vas a un recurso generalista donde te vas a encontrar con personas de tu propio país. Eso lo que hace es que la persona tenga que volver nuevamente al armario para no sentir esa discriminación de la cual ha estado huyendo", explica Castillo.

Desde servicios sociales, el Subdirector General de Integración Social de la Comunidad de Madrid, Pedro Romero Nieva, reconoce "que se pueden dar estas situaciones".

"Por eso promovemos tanto recursos específicos como formación para que los generalistas sean seguros", explica a Efeminista. Asegura que desde 2019 se han organizado cursos de formación en diversidad para empleados públicos y que en 2025 se realizará la segunda edición de una formación específica sobre intervención con personas LGTBI desde servicios sociales.

Romero Nieva afirma que hay plazas generales que pueden atender a población LGTBI. "El sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, tiene capacidad probada para dar respuesta a la diversidad de situaciones de urgencia y emergencia social que puedan producirse en materia habitacional", dice. Y enumera sesenta plazas de emergencia abiertas todo el año, cincuenta para campaña de frío y veinte para ola de calor.

"Sin duda los retos pasan por combinar la necesidad de recursos específicos para la atención a personas LGTBI sin hogar en situación de especial vulnerabilidad, con la creación de espacios seguros e inclusivos en el marco de los recursos generales para personas sin hogar", añade Romero.

En la calle por los obstáculos de la ley de extranjería

Uno de los grandes retos es entender que las personas LGTBIQ+ no viven una sola vulnerabilidad, recuerda Paula Avilés. "Hay personas con discapacidad, con problemas de salud mental, víctimas de violencia intragénero… Y no hay recursos preparados para esa interseccionalidad", insiste.

O personas en situación administrativa irregular porque han tenido que huir de sus países de origen por motivos de persecución vinculados a su orientación sexual o identidad de género y están a la espera de que se les conceda el asilo. Según los datos recogidos en el informe MAPER 2024, el 85,5 % de las personas que solicitaron vivienda en Madrid eran de origen extracomunitario.

El proceso para acceder a la protección internacional, sin embargo, está lleno de obstáculos. "Conseguir una cita para solicitar asilo se ha vuelto casi imposible", denuncia Clara Castillo, de Apoyo Positivo. "Tienes que llamar a un número que no responde, durante semanas, con una tarjeta de prepago que muchas veces ni puedes recargar. Mientras, vives en la calle".

En 2024, el 11,4 % de las personas a las que se concedieron el estatus de refugiado lo fue por motivo de persecución por orientación sexual, según los datos facilitados por Interior a Efeminista.

La crisis de vivienda en España

Para la coordinadora de Proyecto Chueco de Fundación San Martín de Porres, Abraham Mesa, esta situación está estrechamente vinculada con "la crisis de vivienda" que hay en Madrid y en toda España. Y explica que cuando las personas LGTBIQ+ que atienden en la fundación logran salir de ahí y consiguen un trabajo, suele ser super precario y no es suficiente para pagar los precios de los alquileres.

"Es un ciclo sin fin de sinhogarismo", señala.

La Fundación San Martín de Porres trabaja con con personas sin hogar desde los años 60 y en la actualidad tienen 57 plazas para personas LGTBIQ+ entre albergues, pisos de autonomía y una residencia.

Avanzar hacia un modelo menos institucionalizado

Además, explica que tienen el Proyecto Chueco, "un recurso comunitario de acompañamiento a personas del colectivo" en Chueca, que pretende ser un espacio de ocio, encuentro y socialización que no esté mediado por el consumo ni económico ni de sustancias. 

"Estas actividades ayudan a tener esa red de apoyo que puede permanecer más en el tiempo", afirma Mesa, que apuesta por avanzar hacia un modelo más comunitario y menos institucionalizado.

"Es importante que las personas sean las protagonistas de sus propios procesos y puedan tener una red de gente a la que acudir si las cosas se vuelven a poner mal en un futuro", insiste.

Y critica que muchas veces "la institucionalización de estos procesos" tiene como consecuencia que las personas nunca salen de esos círculos de pobreza y siempre que dependen de los servicios sociales.

Vista del salón de un recurso habitacional para personas LGTBIQ+ gestionado por la Fundación Eddy-G. EFE/Laura de Grado

Más financiación y formación LGTBIQ+

Las entidades que gestionan los pocos recursos habitacionales para personas LGTBIQ+ sin hogar lo tienen claro: hacen falta más plazas, pero también más financiación para contratar personal y poder garantizar la estabilidad de los recursos en el tiempo.

Además, insisten en la necesidad de reforzar la respuesta institucional fuera de Madrid y de que las políticas tengan en cuenta la diversidad interna del colectivo.

"Hay gente que nos escribe desde toda España porque en sus comunidades no hay absolutamente nada", advierte Avilés, de Fundación Eddy-G.

En Barcelona, en el barrio de Roquetes, se ubica La Morada, una cooperativa feminista y LGTBIQ+ de vivienda; en Arcos de la Frontera (Cádiz) está El Hogar Manolita Chen que atendió a 80 personas en 2024; y en Madrid, además de los recursos anteriores, está la primera residencia de mayores LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid y del estado español, la Residencia Josete Massa.

Además, las asociaciones piden planes de mejora de la empleabilidad para personas LGTBIQ+ sin hogar, mejorar el sistema de asilo, crear un directorio específico de recursos específicos LGTBIQ+ a nivel nacional y promover la formación y sensibilización de las profesionales que trabajan en recursos residenciales.