La supuesta venta de mujeres indígenas indigna a Colombia

La supuesta venta de mujeres de la etnia wayúu causó indignación este 25 de mayo en toda Colombia a raíz de una entrevista en la que un locutor de radio y un miembro de esa comunidad se refieren en tono jocoso a esa situación. Las declaraciones llevaron al presidente Iván Duque a pedir castigos.

El caso en cuestión comenzó cuando Fabio Zuleta, hermano del cantante de vallenato “Poncho” Zuleta, invitó al programa radial que dirige a un “palabrero”, como se conoce entre los indígenas del departamento colombiano La Guajira al hombre encargado de mediar en conflictos internos.

Durante la conversación, el locutor le dice: “Tengo una inquietud: toda la vida se ha dicho que en la Alta Guajira venden las chinitas (niñas), ¿todavía venden las chinitas?”, a lo que el “palabrero”, conocido como Roberto “Putchipu”, responde: “Sí, todavía las venden”.

Posteriormente, el indígena agrega que el comercio se realiza en “en toda la región, lo que es Uribia, Maicao, Riohacha, el Cabo de la Vela, Media Luna y la Alta Guajira”.

Zuleta pregunta luego: “¿Cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años para mí”?, y el “palabrero” le contesta: “Cinco millones de pesos (unos 1.200 euros)” y le confirma que la mujer objeto de la compra sería una “señorita”.

“Las mujeres no son mercancía”

“Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes promuevan el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres o niños”, dijo en su cuenta de Twitter el presidente Duque al enterarse del contenido de la entrevista.

“Nada excusa a quienes pretenden vulnerar los derechos humanos de las comunidades indígenas”, añadió.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) también condenó el hecho y manifestó que “las mujeres indígenas no son ‘chinitas’, no son mercancía, no son cosas que se venden o se comercializan al antojo. Son lideresas, son las encargadas de transmitir los saberes propios de los pueblos”.

Las mujeres wayúu se pronuncian

Primeria Barros Pimienta, una indígena wayúu residente en el municipio de Uribia, comentó en otra radio que los comentarios del locutor “atentan claramente contra la dignidad y el valor de la mujer wayúu”.

“No soy ‘chinita’, ni estoy a la venta. La mujer wayúu tiene valor, pero no tiene precio. La mujer wayúu no se vende”, aseguró.

Asimismo, explicó que “de ninguna manera” está permitido que las mujeres de su comunidad “sean compradas o vendidas como simples objetos”, y aclaró que hay diferencia entre lo que es la dote en su cultura ancestral y la compraventa de mujeres.

En la cultura wayúu, cuando una adolescente tiene su primer periodo menstrual es recluida en una habitación varios meses para enseñarle las labores domésticas y prepararla para el matrimonio.

Al terminar el proceso se celebra una fiesta para presentarla en sociedad como mujer y si hay un hombre interesado en la joven, este debe pagar una dote que casi siempre consiste en dar a los padres de la chica chivos o vacas.

Piden investigar a los involucrados

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió a las autoridades una investigación contra el hombre de la comunidad indígena y contra Zuleta toda vez que sus declaraciones podrían configurar los presuntos delitos de explotación sexual comercial y trata de personas.

“Es absolutamente indignante que se utilicen los espacios de un medio de comunicación para hacer apología de delitos que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas, particularmente de las indígenas wayúu, quienes gozan de especial protección constitucional”, sostuvo Ramírez.

“Ponerle precio a un ser humano, y especialmente tratándose de niñas y adolescentes, es uno de los delitos más atroces que existe y como tal debe ser enfrentado”, dijo la vicepresidenta.

Con ese propósito, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, pidió a la Fiscalía General que investigue quiénes están involucrados en esos posibles delitos para que reciban una sanción.

Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que los comentarios del locutor alimentan la intolerancia.

“No tiene justificación alguna jugar con la dignidad y el valor de las mujeres de Colombia. Situaciones como estas no se pueden permitir en una sociedad que como la nuestra necesita día a día fortalecer la igualdad, la justicia y la solidaridad frente a la discriminación y trabajar para promover los derechos fundamentales de nuestras etnias”, añadió.

Violencia sexual generalizada

Este fin de semana la Defensoría del Pueblo informó de que en los primeros cuatro meses de este año atendió 122 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado, incluso durante el confinamiento por la COVID-19.

La entidad advirtió del “riesgo en el que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en zonas rurales, con alta disputa territorial por los actores armados y factores de vulnerabilidad socioeconómica que exacerban los efectos de los hechos victimizantes”.

En 2019 la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género atendió a 595 mujeres víctima de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado, de un total de 1.807 casos conocidos.